Justicia pide a una comisión de 20 hombres que redefinan la violación y luego rectifica

Ante las críticas, el ministerio incorpora a seis mujeres como asesoras

Delitos en los que la víctima es una mujer analizados exclusivamente por hombres. Esa fue la respuesta que dio ayer el Ministerio de Justicia a la masiva protesta femenina (y también de los hombres) generada tras la sentencia de La Manada. Pero el rechazo frontal de los colectivos feministas durante todo el día ante el hecho de dejar en manos de veinte varones decisiones tales como qué es una violación obligó a Justicia a incorporar a última hora a seis mujeres juristas, aunque sólo para esta ocasión.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha encargado a la sección sobre derecho penal de la Comisión General de Codificación la revisión de los delitos sexuales del Código Penal. El problema está en que esa sección está integrada exclusivamente por veinte profesionales varones. Ni una mujer. Aunque la realidad es que no es fácil encontrar alguna jurista en la Comisión General de Codificación, que engloba a 120 expertos en derecho penal, civil, mercantil, derecho público y procesal. Sólo hay 17. Un significativo 13,3%.

Las críticas no se hicieron esperar y la respuesta tampoco. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Justicia informó que la comisión incorporará –sólo para esta ponencia– a seis mujeres juristas de prestigio y que serán escuchadas las representantes de las asociaciones de mujeres juristas más asentadas y reconocidas. Los trabajos comenzarán el 10 de mayo y terminarán el 25 de junio.

Así respondió Justicia a las críticas que se produjeron durante todo el día. La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, calificó la composición permanente de representación femenina como “escandalosa e intolerable y revela la necesidad de revisar las estructuras judiciales anticuadas y sexistas que no cumplen con la ley de Igualdad”. El PSOE va a presentar una proposición en el Congreso para cambiar los estatutos de esta entidad para que cumpla dicha ley. En la misma línea se manifestaron las asociaciones feministas, entre ellas la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, quien insistió en que si se quiere aplicar la justicia con “enfoque de género” es preciso que haya “presencia de mujeres” en la toma de decisiones.

Soleto hizo estas declaraciones en la presentación del segundo informe sobre la situación de los huérfanos de la violencia de género del Fondo de Becas Soledad Cazorla. En cinco años, 194 niños han quedado huérfanos tras ser asesinadas sus madres a manos de sus parejas o exparejas. Tanto Soleto como Joaquín Tagar, promotor de las becas Soledad Cazorla, indicaron que la situación en la que estos menores se encuentran es de abandono por parte de la Administración. Apenas reciben asistencia psicológica (un año) y los recursos económicos son mínimos. De hecho, los 27 menores que en el 2017 se quedaron huérfanos “no están recibiendo una pensión adecuada. El que más recibe percibe 190 euros”, dijo Tagar.

La reparación del daño a las víctimas está ampliamente recogida en el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero a día de hoy, como reconoce Soleto, las medidas no se han puesto en marcha. El pacto contempla el seguimiento y apoyo al menor, unas pensiones dignas, que no se les niegue a los niños cuyas madres asesinadas no cotizaron lo suficiente..., pero seis meses después los decretos, órdenes y leyes no se han desarrollado.

Los 194 huérfanos por la violencia machista desde el 2013, desamparados por el incumplimiento del pacto