Ensenyament desmiente el “adoctrinamiento” en sus informes
UGT insta a la Generalitat a publicar sus investigaciones en favor de los profesores
La Generalitat afirmó ayer que ha remitido al Ministerio de Educación todos los informes solicitados sobre los centros acusados de “adoctrinamiento político”, desmintiendo el comportamiento de falta de neutralidad que se atribuye a los docentes a los que no ha abierto ningún expediente. “Ensenyament reitera la confianza en todos los docentes del sistema educativo catalán –señala un comunicado– y reafirma todo su apoyo”, añade.
Frente a la difusión de la lista de centros implicados en supuestos casos de prácticas irregulares con los alumnos, que fue distribuida el jueves por el ministerio, el departamento recuerda que todos los incidentes descritos como posibles “acosos” o “adoctrinamientos políticos” se acotan en un periodo corto de tiempo, entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, y que a partir de entonces y hasta el momento, no se ha recibido, en los servicios de inspección o en la propia conselleria, ni una queja por parte de las familias por falta de neutralidad de los docentes.
De la cincuentena de escuelas supuestamente denunciadas esos días, según la lista en posesión del Gobierno, Ensenyament subraya que “sólo hay dos denuncias que están judicializadas, ya conocidas, y en las que no se ha abierto ningún expediente”. Se trata de ocho profesores de La Seu d’Urgell y nueve del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. En el momento en que un conflicto escolar entra en la justicia, se paralizan las investigaciones de las administraciones.
La comunidad educativa exige una defensa cerrada sobre la escuela catalana al considerar que está siendo objeto de un ataque político que busca desestabilizar e intimidar la libertad de los profesores. En este sentido, UGT pidió a la conselleria la publicación inmediata del informe interno sobre los nueve docentes de El Palau y que se estudie la posibilidad de emprender medidas legales para de- fender su integridad por la publicación de sus nombres y fotografías en El Mundo por un delito de vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Este artículo fue difundido “de manera irresponsable” en las redes sociales por parte de cargos políticos del Congreso, señala el comunicado de la UGT.
Por su parte, la plataforma Somescola, que reúne a más de 50 entidades del mundo educativo, reprochó los “ataques infundados” a los docentes catalanes, que están siendo, a su juicio, objeto de una campaña contra la escuela catalana. Las mencionadas denuncias judiciales “minan irresponsablemente los fundamentos de la democracia y apuntan a las prácticas de regímenes autoritarios que deciden de qué se puede hablar en público y de qué no”, apunta el comunicado.
La plataforma anima a la sociedad a “luchar contra el relato falso que quieren generar estos ataques” y defendió la necesidad de tratar en las aulas “todos aquellos acontecimientos que forman parte de la realidad y que impactan en la sociedad”, como puede ser el 1-O, los atentados terroristas o la sentencia de La Manada. En este sentido, consideró que son actividades que promueven el pluralismo crítico y el criterio propio de los niños y jóvenes, sin necesidad de conculcar las creencias y valores familiares.
Las acusaciones de falta de neutralidad se acotan al 1-O y desde entonces no se han producido más quejas