Kirstejen Nielsen
Trump acaba la protección de 1999 pese a la violencia rampante en su país
SECRETARIA DE SEGURIDAD DE EE.UU.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado a los 90.000 hondureños acogidos desde 1998 que deben abandonar el territorio norteamericano en 18 meses. Llegaron como consecuencia del huracán Mitch.
Más de 200 integrantes de la caravana de centroamericanos han logrado acceder a Estados Unidos durante esta semana. Las autoridades han iniciado la revisión de sus peticiones de asilo.
Su odisea, que arrancó a finales de marzo, ha captado la atención mediática y despertado la ira del presidente estadounidense. Donald Trump no ha perdido la ocasión para reclamar leyes antiinmigración más duras y reivindicar su famoso muro.
La mayoría de los componentes de esa procesión humana procede de Honduras. Dicen huir de la violencia rampante, de la criminalidad de las bandas que les impide vivir en paz. Quieren escapar de una volatilidad política que ni garantiza la seguridad ni ofrece alternativas a la profunda pobreza.
Su denuncia sobre las peligrosas y miserables condiciones en su hogar tiene un efecto cero en la percepción de una Casa Blanca en la que predominan los nacionalista a ultranza.
El lema “América primero” del trumpismo se olvidó del sentido de solidaridad. Así, la Administración Trump anunció este viernes que pondrá fin a la protección por la que unos 90.000 hondureños han residido en EE.UU. desde 1999. Ese estatus (TPS) se les concedió tras el devastador impacto del huracán Mitch en 1998.
Disponen de 18 meses, hasta el 5 de enero del 2020, para preparar su marcha del que ya era su domicilio.
Kirstejen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, emitió un comunicado en que el afirmó que “la ruptura de las condiciones de vida en Honduras por el huracán Mitch que sirvió para la designación del TPS se ha aminorado hasta el punto de que ya no se puede ver como algo sustancial”.
En su justificación, Nielsen insistió en que, desde entonces, “las condiciones en el país han mejorado de forma notable”.
Está claro que no han escuchado a los de la caravana. Para los afectados y los expertos, en Honduras pasa cualquier cosa menos una mejora.
“La cancelación del TPS para los inmigrantes hondureños es una sentencia de muerte para muchos de los que deban regresar a un territorio marcado por la represión política y la violencia”, replicó en otro comunicado Jess Morales Rocketto, director político de National Domestic Workers Alliance.
Trump prometió combatir la inmigración ilegal, pero su afán no se limita a los indocumentados, sino que también combate con celo la estancia de personas que disponían de autorización.
El caso de los hondureños no es más que uno más en la lista. Medidas similares afectaron a 250.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 60.000 haitianos o 15.000 nepalíes.
Como a esos otros, los hondureños no hacen más que plantearse qué han hecho mal. Llegaron a Estados Unidos, trabajaron con dureza, crearon familias, tuvieron hijos, compraron casas y afrontaron hipotecas. Pero, pese a hacerlo todo correcto en su mayoría, Trump les señala la puerta de salida. Sin piedad.