El ‘juicio del pueblo’
Siguiente capítulo: Puigdemont vuelve a poner a ERC en la tesitura de desobedecer al TC. Posible ‘spoiler’: se nombra a un presidente provisional que en octubre, cuando llegue el juicio, convoque elecciones. Y a esperar el veredicto de las urnas.
Seis meses después del convulso octubre del 2017, ERC ha escrito, negro sobre blanco, que “es perfectamente constatable” que aquellos acontecimientos “no se han traducido en el nacimiento de la República catalana”. Una comprobación que, no por obvia, ha provocado menos sarpullidos en los sectores más enardecidos del independentismo, con las consiguientes acusaciones de cobardía y sumisión. Lo que para unos representa una claudicación, probablemente para otros no es más que una admisión palmaria y evidente de la realidad. En todo caso, la frase es el punto de partida para reconocer los errores cometidos y, por tanto, para una tímida rectificación, sin que ello signifique una renuncia a los postulados independentistas que constituyen buena parte de la razón de ser de Esquerra.
En efecto, la ponencia política que los republicanos discutirán en unas semanas pretende prepararse para el “próximo embate con el Estado”. No concreta la forma ni la fecha de esa futura embestida, pero deja bien a las claras que no desea repetir la experiencia reciente. El diagnóstico de los errores es nítido: nada de nuevas “hojas de ruta” ni calendarios que aten a los dirigentes políticos. Lo más relevante de toda la reflexión es que alerta de que no se debe volver a confundir la mayoría parlamentaria con la social y que ni siquiera un 50% de independentismo es suficiente para conseguir la secesión de manera pacífica. “Con la voluntad no hay suficiente”, avisa. Y, a continuación, recoge el plan para el futuro: primero, recuperar el poder para “fortalecer los espacios de soberanía”, entre los que cita la televisión pública, la escuela y la acción exterior. Es decir, utilizar el Govern para “hacer república”, para extender un relato, como en su día hizo Jordi Pujol, que amplió de facto el autogobierno “fent país”. Por último, el documento concluye que la independencia sólo llegará mediante un referéndum legal –aunque no lo diga con estas palabras– y éste sólo será posible si se cuenta con “fuerzas democráticas del resto del Estado español críticas con el régimen del 78 y sectores europeos sensibles a la democracia y los derechos humanos”. ERC busca acuerdos con los comunes y con Podemos.
Es la primera reflexión del independentismo que incluye una cierta autocrítica. Esquerra ya quiso ponerla en circulación después de las elecciones del 21-D, pero la estrategia seguida por Carles Puigdemont se lo ha puesto muy difícil. De hecho, los republicanos arriesgan al dar a conocer el texto sin saber aún si habrá elecciones, ya que podría desilusionar a un sector de sus votantes en favor de la opción épica del expresident. Pero la ponencia de ERC es también el reflejo de la diferente situación en que se encuentran los dos líderes en disputa por el espacio del independentismo:
en la cárcel, sin apenas altavoz para dejarse oír más allá de algunas cartas, y Puigdemont en el extranjero, con capacidad para ocupar espacios mediáticos de manera constante. Junqueras y su partido necesitan abrir una nueva etapa que sitúe la reivindicación independentista en una vía pragmática que, a medio plazo, permita el diálogo con los poderes del Estado. En cambio, Puigdemont se mantiene aún en el esquema del choque y en explotar el “legitimismo”, argumento que le favoreció en las elecciones del 21-D y por el cual pretende seguir ejerciendo de presidente de la Generalitat a distancia.
Una parte del PDECat desearía emprender una senda similar a la de ERC. La ponencia de los republicanos también reivindica su izquierdismo y las alianzas con otras fuerzas de ese espectro. Los herederos de Convergència querían recuperar también su perfil ideológico. Pero el PDECat es ahora un partido dividido por una lucha interna de poder que se ha desatado con virulencia desde que Artur Mas dejó la presidencia de la formación. Según los estatutos, entre este julio y el verano del 2019, deberá celebrarse una asamblea general de carácter ideológico, pero un sector del partido quiere aprovechar también para asaltar el liderazgo, alineándose con el expresident, sobre todo mientras una buena parte de la militancia comulgue con el anacrónico axioma “Puigdemont o lo que diga Puigdemont”.
Consciente de su ascendencia sobre el independentismo, sobre todo mientras persistan los encarcelamientos y sea rentable la denuncia de “la represión”, Puigdemont seguirá copando el combate contra el Estado. ¿Cómo? Puede colocar a un presidente títere antes del 22 de mayo con la intención de que ocupe el puesto unos meses –en cuyo caso no hará falta quemar a Elsa Artadi–, ya que a partir de finales de octubre ya es posible legalmente adelantar la convocatoria electoral. Es justo por esas fechas cuando se prevé que llegue el juicio a los miembros del Govern, incluido él, aunque sea en rebeldía, es decir, pese a que Alemania no le haya extraditado. La tentación de convertir unas nuevas elecciones en el “juicio del pueblo”, contrapuesto al de un poder del Estado como es el Tribunal Supremo es casi irresistible para Puigdemont.
Pero eso es avanzar acontecimientos. El próximo capítulo consiste en volver a poner a ERC y al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la tesitura de desobedecer o no al Tribunal Constitucional intentando investirle antes del día 14. Y esta serie, para desgracia de los que están en prisión, parece inacabable.