El 22 de mayo y las finanzas de Catalunya
Mayo azaroso, no el del 68, sino el actual, el del 2018. Una encrucijada para la política española y la catalana. Como resultado tanto de la causalidad como de la casualidad, en este mes se ha trenzado un encadenado de momentos que debería acabar despejando la incógnita sobre si Carles Puigdemont dará su propio paso al lado, como antes su predecesor Artur Mas; si la justicia alemana, y por extensión la opinión pública internacional, remata la faena de abril y deja al Tribunal Supremo sin argumentos comprensibles para seguir su causa penal por rebelión y malversación contra él y los demás dirigentes independentistas catalanes; y si Mariano Rajoy puede cumplir con la palabra dada a Susana Díaz, la presidenta andaluza, de reunir este mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) para abordar la definición del nuevo sistema de financiación autonómica.
Cuando el presidente del Gobierno se comprometió con la líder andaluza a tal convocatoria, en una reunión que mantuvieron el 18 de abril pasado, debía dar por hecho que Puigdemont ya habría hecho mutis por el foro y un nuevo president estaría instalado en la Generalitat.
Pero, de momento, el calendario no está tan despejado como parece que anticipaba Rajoy. Como es conocido, la fecha límite para la investidura de una o un nuevo president y evitar así nuevas elecciones en Catalunya es el 22.
Hasta aquí, todo claro, y ciertamente con margen desahogado para convocar el CPPF en los últimos días de mayo. Precisamente hasta esas mismas fechas han desplazado la fiscalía y el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein el anuncio de su decisión sobre la posible extradición de Puigdemont. ¿Fatal coincidencia? La tentación del presidente cesado vía 155 de apurar hasta el último momento a fin de esperar a conocer su suerte judicial antes de decidir el sentido de su desplazamiento es, probablemente, muy intensa.
Una tenue línea conduce pues desde Kiel, capital del land alemán, hasta los posibles planes de Susana Díaz de adelantar elecciones al próximo otoño, con nuevo sistema de financiación en el bolsillo como lema estrella de campaña.
La líder socialista, díscola con la dirección de su partido encabezada por Pedro Sánchez, reclama 4.000 millones adicionales para Andalucía y ansía que la negociación arranque cuanto antes y por eso proclama a los cuatro vientos que el cambio no se puede condicionar a la ausencia del gobierno catalán.
Pero, claro, Rajoy no lo ve de la misma manera. Precisamente, el presidente utiliza la participación en la reforma como una de las palancas para que los sectores moderados del independentismo apoyen la formación ya de un Govern en Barcelona. Por otra parte, es inverosímil un nuevo modelo de financiación autonómica sin la participación de la Generalitat. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, ya se ha manifestado públicamente en estos términos en varias ocasiones. Aunque los dos han evitado polemizar en público con Susana Díaz, llevar el planteamiento de ésta a la práctica mientras el Govern de la Generalitat es el del Estado vía artículo 155, implicaría que Montoro se sentara, al estilo Groucho Marx y su parte contratante, en los dos lados de la mesa. Como ministro, en primer lugar, y como vicepresidente del Govern y conseller de Economia y Hacienda por sustitución, tras los poderes especiales asumidos con el 155.
Es lo que, de manera sutil, vino a decir el secretario de Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando se le preguntó sobre su posible asistencia al hipotético CPFF de mayo. No habría que tomarse demasiado en serio las amenazas de Roberto Bermúdez de Castro, el secretario de Estado para las Administraciones Públicas y virrey del 155, cuando aseguraba que Aragonès asistiría porque así se le ordenaría.
Mientras tanto, los días pasan y el margen de acción se reduce para el Gobierno central. A un año de las elecciones en la mayoría de las comunidades autónomas, con los Presupuestos generales del Estado aún tramitándose y sin una propuesta desarrollada de nuevo sistema de financiación, no faltarán voces que pidan paciencia para dejar que acabe un año en el que la aprobación de los presupuestos ya ha provocado algunas tensiones con Bruselas que no acaba de ver claro que se cumpla el objetivo de déficit.
Rajoy, y con él Montoro, ya han demostrado su capacidad para ganar tiempo mediante pactos parciales con unos y otros pese a la mala prensa de pactar con un Gobierno deslavazado. El último ejemplo, con el PNV y la prensa, la hasta hace pocos días siempre negada actualización de las pensiones según el IPC.
Si Puigdemont mantiene su apuesta más allá de la fecha límite y esto desemboca en nuevas elecciones en Catalunya, Rajoy no podrá poner en marcha una reforma creíble de la financiación de las comunidades autónomas sin la primera economía regional del Estado. Pero tampoco estará a su alcance negar el pan y la sal a sus barones , y a los socialistas, que piden más dinero pese a que sus ingresos han mejorado con la recuperación, pero que están ya a las puertas de sus respectivas elecciones. En primer lugar, las de Madrid en plena crisis de credibilidad tras la caída de Cristina Cifuentes. Qué estimulante la situación en esta comunidad tan relevante para los fabricantes de propuestas con tirón electoral. ¿Cuál es el margen de supervivencia temporal y de retoque de un modelo que caducó en el 2014 y que sigue vigente cuatro años después pese a que todos los implicados en las diferentes administraciones reconocen que está agotado?
La crisis de Madrid es un incentivo para fabricar propuestas de financiación con tirón electoral