Enrique Peña Nieto
La delincuencia, muy fragmentada y caótica, ensombrece las elecciones presidenciales en México
PRESIDENTE DE MÉXICO
La presidencia de Peña Nieto (51) va a concluir con una gravísima inseguridad ciudadana. En el 2017 se batió el récord de asesinatos y en los seis años de mandato el número de secuestros ha aumentado hasta un
22%.
Mientras los cinco candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio celebraban el primer debate en televisión, llegó la última noticia de los tres estudiantes de cine secuestrados en Guadalajara dos meses antes. Según las autoridades, tras torturar y asesinar a los tres jóvenes, raptados mientras rodaban un cortometraje como trabajo de fin de curso, los secuestradores habían disuelto sus cadáveres en ácido.
“El porqué es impensable; el cómo es aterrador”, tuiteó Guillermo del Toro, el director premiado en la última edición de los Oscars, cuyo padre fue secuestrado en la misma ciudad en 1997. Pero no eran muertes excepcionales.
Hay 5.000 personas registradas como desaparecidas en Guadalajara y el resto del estado de Jalisco, una de cada tres de ellas es menor de 28 años. En todo el país, el número de secuestros ha subido el 22% durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), hasta 6.500, una media de tres diarios. Y esta es sólo la punta del iceberg porque en México el 93% de los delitos no se denuncian.
El dato que suele usarse para ilustrar la pesadilla de la violencia en América Latina son los asesinatos violentos: 25.000 en el 2017 en México, un récord histórico. Pero los secuestros (una llamada telefónica inesperada que pide 10.000 dólares a cambio de la vida de tu hija o tu padre) son muy relevantes para explicar la desesperación y el hartazgo que se palpa en la calle mexicana en esta campaña.
“Para los que no estamos involucrados en la delincuencia organizada, la probabilidad de ser víctima de un homicidio es de milésimas; pero los delitos de extorsión y secuestro son muy comunes, es el crimen desorganizado”, asegura Carlos Vilalta, director del centro consultor Geocrimen en Ciudad de México.
El debate presidencial, protagonizado por los tres principales candidatos y dos independientes, atrajo a más de once millones de espectadores en televisión. Pero parecía algo desconectado de la realidad terrorífica del crimen desorganizado que traumatiza al electorado. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierdas que lidera los sondeos, repitió su propuesta de iniciar un proceso de diálogo con la sociedad civil –al que invitaría al papa Francisco– e incluso una amnistía para algunos integrantes del negocio delincuente. Rechazó otro despliegue del ejército, una estrategia que desató una auténtica guerra entre militares y narcotraficantes durante la presidencia de Felipe Calderón (20062012) sin resolver en absoluto el problema. “No se puede apagar el fuego con más fuego”, sentenció López Obrador, y denunció la verdadera raíz del problema: “La violencia se desató porque no ha habido crecimiento económico en México en treinta años; no hay empleo (…) hay 55 millones de pobres”.
Sus contrincantes –más unidos que nunca por la gigantesca ventaja que López Obrador lleva en las encuestas, 18 puntos según el último sondeo del periódico La Reforma– lanzaron un ataque coordinado acusando al candidato líder de estar “al servicio de los narcotraficantes” y de “criminalizar la pobreza”.
Los partidarios de López Obrador responden que más que criminalizar a la pobreza quieren descriminalizar a los pobres. La amnistía sería para “los jóvenes, que por un consumo o venta de droga, por menos de 200 pesos, están en la cárcel”, explica Tatiana Clouthier, una de las portavoces de la campaña. Otros posibles beneficiarios de una amnistía, según Clouthier, serían las mulas (mujeres que transportan droga a EE.UU.) y los campesinos que, privados de otros mercados por la avalancha de alimentos importados desde EE.UU., siembran amapola para satisfacer la demanda de heroína al otro lado de la frontera. Vincular la pobreza y la violencia es electoralmente arriesgado, pero resulta una obviedad en la vida cotidiana. Después de veinte años en los que el salario medio real en México sólo ha subido un 4%, dejando el salario mínimo en 88 pesos (3,8 euros) al día, “la única movilidad social viene con el crimen”, explica el premiado reportero de investigación Humberto Padgett .
“Un sueldo de 600 pesos mensuales durante los próximos 30 años de su vida ¿es la expectativa para estos chavos? Pues claro que no”, asegura en una entrevista en una cafetería de Ciudad de México mientras sus cuatro guardaespaldas vigilan fuera. Ser alguien para esos jóvenes “es tener un Toyota Tacoma color amarillo, con una rubia al lado, y tus amigos detrás, un montón de botellas Buchanan, tres onzas de coca, camino de Acapulco”.
Ahora bien, la extrema desigualdad no es exclusiva de la economía legal. Un halcón –vigía– que otea la frontera durante el paso de la droga cobra 4.000 pesos al mes, unos 170 euros.
Aunque nadie, ni López Obrador, lo puede decir públicamente, todos saben también que tiene bastante lógica intentar negociar una reducción de la violencia con los cárteles. Varios presidentes lo han intentado, entre ellos Peña Nieto cuando llegó al poder en el 2012. Pero en tiempos de crimen desorganizado será más difícil que nunca. “¿Con quién vas a negociar? –dice Padgett–. Antes podrías tener en la mesa siete grandes estructuras de la delincuencia, ahora es un desmadre”.
La fragmentación fue precisamente el resultado de la guerra total librada por Calderón. De los cañonazos militares contra los grandes cárteles en el norte de México se desprendieron miles de esquirlas asesinas; grupos delincuentes en cada estado del país. Estos se dedican ya no principalmente al tráfico de drogas y la defensa de su territorio, sino a delitos más corrientes como el robo, la extorsión y, por supuesto, el secuestro.
El miedo y la neurosis se extienden de los epicentros de la violencia a los lugares aparentemente más seguros. “No dejo a mi hija tener un teléfono móvil porque querrá salir más sin sus amigos, no quiero que esté sola”, dice Myriam, madre de una quinceañera y directora de marketing, oriunda de Guadalajara. Ahora residen en la Condesa, un barrio tranquilo de Ciudad de México. “Ningún candidato está a la altura de la crisis”, añade.
La experiencia de otras elecciones tampoco es alentadora. Padgett cuenta en su nuevo libro, La monarquía de la barbarie (Planeta, 2018), la historia de Guillermina, la madre de una niña de 14 años desaparecida en el 2010. Guilermina logra acercarse al candidato Enrique Peña Nieto, durante un mitin en la campaña presidencial del 2011. Le entrega al futuro presidente la carpeta en la que guarda la documentación sobre el probable secuestro de su hija y Peña Nieto la acepta. Horas después, a Guillermina la encuentran en un cubo de basura.
RÉCORD HISTÓRICO Los 25.000 asesinatos del 2017 no pesan tanto en la población como los continuos secuestros
DIVISIÓN DELICTIVA La guerra del ejército a los cárteles dejó miles de grupos violentos por todo el país