EL RASTRO DEL TERRORISMO
El Estado se niega a considerar víctimas del terrorismo a una pareja que perdió a sus hijos pequeños en el atentado de Hipercor
El Est do e nie ar conoce como v c imas una pareja que perdió a s os en el atentado de ETA en Hipercor en 1987.
ETA anunció la semana pasada su fin como banda armada, pero quedan heridas abiertas y muchos cabos sueltos.
Nuria Manzanares y Enrique Vicente perdieron a sus hijos, de 13 y 9 años, en el atentado de Hipercor, en 1987. La hermana de Nuria también murió allí. Han pasado treinta años, pero la fractura emocional sigue ahí, agravada en su caso por el más absoluto abandono por parte de las administraciones. Para el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior, no son víctimas del terrorismo porque no estaban en el lugar del atentado. No lo son, a pesar de que tienen reconocida la incapacidad absoluta laboral por estrés postraumático. Tenían dos sentencias ganadas, pero el Estado las recurrió y perdieron. Se les discute que su trauma provenga de haber perdido a sus hijos en el atentado más cruel de ETA. Lo único que les ayudó a salir adelante tras aquello, aseguran, fue su tercer hijo –Enric– que, sin saberlo ellos, ya venía de camino.
“Los políticos se llenan la boca hablando de las víctimas, pero en estos años nadie me ha hecho una llamada para ver si me hacía falta algo”, señala Nuria Manzanares. Recuerda que en el 2009 coincidió en un acto en Barcelona con Sonia Ramos, directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, organismo del Ministerio del Interior: “Me presenté y al conocer nuestro caso dijo que no podía ser que no tuviéramos el reconocimiento de víctimas. Me dijo que tenía prisa por irse porque perdía el avión, pero que nos llamarían. Me engañó. Nunca nos llamó nadie”, asegura.
Manzanares, de 67 años, está sentada junto a su marido, de 68, en la consulta de la psicóloga Sara Bosch, que ha tratado sus secuelas. Asisten también a la reunión, para mano a mano los detalles de este caso, la abogada laboralista Montse Fortuny, que ha batallado la causa ante los tribunales –y que en momentos difíciles de la conversación coge la mano a Nuria en un gesto de apoyo emocional–, y Robert Manrique, herido grave en Hipercor que lleva tres décadas entregado, con tesón, a que otras víctimas del terrorismo en Catalunya ejerciten sus derechos.
Manrique fue la persona que, con la sentencia de Hipercor en la mano se dedicó a buscar por el listín tele- fónico a las víctimas que no estaban localizadas para visitarlas y pres- tarles ayuda. “No tuvimos ningún asesoramiento por parte del Estado –denuncia Enrique–. Ni jurídico, ni médico, ni nada. Solo cuando nos encontró Robert empezamos a removerlo todo y fuimos a sesiones con el psicólogo; gracias a ellos estamos enteros pero el Estado tenía que ofrecernos ayuda, teníamos ese derecho”.
Hasta 1989, año de la primera sentencia contra los autores del atentado de Hipercor, ningún organismo público atendió a las víctimas. Ni siquiera les informaron del juicio, por si querían personarse. Un informe de 2016 del Defensor del Pueblo señala que muchas familias víctimas del terrorismo se han quedado “sin acceso a la justicia” porque “han permanecido desinformadas a lo largo del tiempo”.
De hecho, de los 21 muertos y 46 heridos del atentado de Hipercor, sólo trece víctimas (o familias) cobraron indemnización por responmas sabilidad civil subsidiaria del Esta- do por conducta omisible porque la policía no desalojó el estableci- miento. Treinta y tres víctimas quedaron sin derecho a indemnización porque cuando reclamaron unos años después –cuando Manrique pudo localizarles– se les denegó la petición por estar fuera de plazo. En este grupo están también Enrique Vicente y Nuria Manzanares. Sí, es otro agravio.
“Después del atentado, seguí trabajando, pero me encontraba mal –relata Nuria–, además estaba embarazada. Y suerte de este hijo porque es lo que nos ha hecho aguantar bien. Pero nos lo pasábamos en casa...”. Ella tuvo que bajar la persiana de su negocio, una peluquería, cuando la somatización de la tragedia acabó aflorando. Enrique también tuvo que olvidarse del taller de lampistería. Y le detectaron un tumor cerebral en 1992, por el que ha tenido que ser intervenido en tres ocasiones.
“El discurso de la Administración de que está al lado de las víctiexplicar es sangrante y supone una victimización secundaria”, apunta Sara Bosch, que subraya que ambos tienen reconocidas las lesiones psíquicas y son incapacitantes. “Está documentado por los profesionales que las han valorado, que dicen que se derivan de las consecuencias de este atentado en su vida. Pero la ley solo considera las lesiones psicológicas de los que estaban en el lugar del atentado y en riesgo de muerte. Es negligente, incomprensible y no reparador”, constata la psicóloga.
La letrada Montse Fortuny también apunta que no les han dejado llevar su dolor con discreción. “Han tenido que visibilizarse para reclamar sus derechos y han tenido que revivir su experiencia”, subraya.
La ley de protección a las víctimas del terrorismo, de 2011, ha sido reformada en diversas ocasiones. En 2013 se incorporó a los amenazados por ETA y en cinco años el Estado ha reconocido como víctimas a 106 personas en esta categoría. En julio de 2017, Interior informó que 10.181 personas tienen el reconocimiento de víctimas en todas sus variantes.
No están incluidos en esa cifra del terror Nuria Manzanares y Enrique Vicente, a pesar de que tienen dos sentencias ganadas. La abogada Montse Fortuny expone las contradicciones de su caso: dos sentencias de sendos juzgados de lo Social de Barcelona los reconocieron como víctimas. Ambas fueron recurridas por el Estado. En el caso de Enrique, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dio la razón al recurrente, la Seguridad Social, y le retiró el reconocimiento de víctima, además de reclamarle las pagas que había cobrado, mientras que otro juez del mismo Alto Tribunal consideró que su mujer sí que era víctima. La abogada acudió al Supremo, que retiró también la condición de víctima a Manzanares. Con un mes de diferencia se le denegó también a Pilar Manjón, que perdió a su hijo en el atentado del 11-M.
“La valoración sobre quién es víctima o no debería ser neutral y contar con el criterio de expertos, no de cargos de la Administración”, constata Fortuny, que apunta también el factor económico: “El Estado piensa que si tiene manga ancha puede ser una piedra en un lago”.
Manrique lo constata. Hace años, en un despacho de Interior, en Madrid, alguien se sinceró sobre las repercusiones que tendría el reconocimiento de las secuelas psicológicas de familiares de víctimas como derivadas de atentado terrorista. “El razonamiento de la Administración fue: ‘Ostras Robert, si aceptamos esto saldrán víctimas de debajo de las piedras’”, señala.
SARA BOSCH, PSICÓLOGA
“El discurso de la Administración de que está al lado de las víctimas es sangrante”
MONTSE FORTUNY, ABOGADA “Tenían dos sentencias a favor, pero el Estado las recurrió y ganó”