Torra promete revertir el 155, retirar la demanda del 9-N y reabrir ‘embajadas’
El candidato asume el programa de gobierno de Turull
Revertir los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en toda su extensión es la primera gran medida que se propone poner en práctica Quim Torra si supera el debate de investidura al que se está sometiendo en el Parlament. Una reversión que figura de forma transversal en los cuatro principios que, según expuso el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) en su intervención de ayer, tienen que inspirar la legislatura y convertirse en los ejes que estructurarán el plan de actuación del futuro Govern centrado en la construcción de la república y la apertura de un proceso constituyente: democracia, cohesión social, prosperidad económica e internacionalización del caso catalán.
En el capítulo sobre la “restauración democrática de las instituciones catalanas”, que entiende que debe ir “acompañada de un frente común contra la represión”, el aspirante a 131.º presidente de la Generalitat consideró “urgente y legalmente necesario que el Estado acepte el mandato del 21-D” para poder “rectificar, reparar y restituir todo aquello que ha destituido sin el permiso de los catalanes” y lamentó la “tendencia recentralizadora” y el “ahogo de la economía catalana” que está aplicando el Gobierno español. Una situación que propuso combatir con el anuncio de que el Govern nombrará un comisionado, adscrito al Departament de Presidència, “que se encargará de elaborar un plan de choque para evaluar y reparar los efectos de la aplicación del artículo 155, no sólo a la administración, sino también al conjunto del país”. Y también avanzó que el Govern retirará, “de manera inmediata”, la “ignominiosa demanda” de cinco millones de euros presentada por la Generalitat, “obligada por el 155”, ante el Tribunal de Cuentas contra los impulsores del 9-N –Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs–, a los que aprovechó para agradecer su actuación.
En materia de políticas de progreso y cohesión social que “nos permitan contrarrestar el intento de fracturar la sociedad”, Torra apostó por recuperar el contenido de todas las leyes del Parlament recurridas por el Gobierno español y suspendidas por el Tribunal Constitucional y situó entre las prioridades la protección de la escuela y la lengua catalanas y el apoyo a los medios de comu- nicación públicos. Con relación a las políticas de prosperidad económica cuestionó, sobre todo, el déficit fiscal de 16.000 millones de euros anuales que “nos ahoga e impide prestar los servicios públicos que nos merecemos o construir las infraestructuras que nuestra economía requiere” y advirtió que sin resolverlo “cualquier demanda de mejora de políticas o de inversiones en un verdadero brindis al sol”. Y respecto a la internacionalización del caso catalán anunció que el Govern no sólo reabrirá las embajadas de la Generalitat cerradas por el Gobierno español, sino que “consolidará y ampliará la red de delegaciones en el exterior”, y avisó que “apelaremos a la comunidad internacional, cada vez que haga falta, para denunciar la vulneración de derechos que los ciudadanos de Catalunya padecen por actuaciones ilegales por parte del Estado español”.
Más allá de estas pinceladas generales, sin embargo, el candidato de JxCat no entró en el detalle del plan de Govern propiamente dicho. Suscribió, en este sentido, las medidas que detalló Jordi Turull –el “listín telefónico”, como él mismo reconoció– en su discurso de la investidura fallida del 22 de marzo y únicamente especificó algunas actuaciones que, al igual que el contenido global de una intervención marcadamente política, podía interpretarse que tenían como destinatario principal a la CUP. Entre ellas, por ejemplo, la lucha contra la violencia machista para “construir una república justa, igualitaria y feminista”, el impulso de la renta garantizada de ciudadanía o la voluntad de que el año 2050 toda la energía generada en Catalunya provenga de fuentes renovables.