Los disputados votos de Pemex
Elogiada por los expertos, la reforma energética en México carece del apoyo de la ciudadanía
Para los inversores internacionales, los think tanks de Washington y las sedes de empresas trasnacionales en Monterrey o Madrid, la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto es un paso histórico hacia la modernización liberal de la economía mexicana. Exactamente lo que enseñan en las clases del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), laboratorio de tecnócratas como José Antonio Meade, el candidato gubernamental a la presidencia en las elecciones de julio.
El fin del monopolio de la empresa estatal Pemex aprobada en el 2013 tanto en explotación como en distribución ha obtenido compromisos espectaculares de inversión de empresas como Royal Dutch Shell, Chevron, Exxon Mobil, Repsol y BHP Billiton por al menos 200.000 millones de dólares en el sector petrolero y 10.000 millones de dólares más en electricidad y gas. Tras años de desinversión y producción en descenso –sostienen los expertos–, la reforma permitiría finalmente que México rentabilice sus recursos petrolíferos offshore en el golfo de México.
“La reforma es un éxito rotundo. Este Gobierno no ha podido aprovecharla, pero en el próximo sexenio, si no hay cambios de política, van a disparar los ingresos del Estado por derechos de explotación”, dijo David Goldwyn, un consultor del sector energético que realiza análisis sobre México para el influyente Atlantic Council en Washington. Más dinero entrará, según el plan, con la privatización probable de Pemex siempre que no haya disgustos en las elecciones.
Goldwyn advierte contra los planes del candidato de la izquierda antiestablishment, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder en las encuestas, que pretende revisar y hasta parar algunas de las reformas. Si AMLO pone trabas, “la inversión en México se desplomará y las empresas irán a Brasil (donde la destitución de la expresidenta de izquierdas Dilma Rousseff ha dado paso a una liberalización acelerada del sector petrolero y la privatización parcial de Petrobras)”, declaró en una entrevista. “Esperamos que el pueblo mexicano elija sabiamente”, añade en un informe dirigido a sus clientes en EE.UU. Jaime Reusche, de la agencia de calificación de deuda Moody’s, coincide en ello. “Revertir las reformas sería muy negativo; crearía riesgos macrofiscales”, dijo en una entrevista.
Pero la elogiada reforma energética no cuenta con el mismo apoyo en las calles de México. En primer lugar, porque muchos mexicanos creen que ha sido el desencadenante de la subida disparada del precio de la gasolina a principios del año pasado, conocida como “el gasolinazo”. Justo cuando los logotipos internacionales empezaron a colgarse en las gasolineras tras quitar el de Pemex, los precios aumentaron el 20% desatando protestas y disturbios desde Tijuana hasta estado de México. Los expertos defienden la liberalización. “Volver a subsidiar la gasolina tendría un coste fiscal”, insiste Reusche. Pero los ciudadanos de a pie han visto mermado su ya precario poder adquisitivo . “El gasolinazo sintetiza los problemas de un sexenio desastroso, ya que la reforma energética fue vendida como una medida necesaria para que no hubiera más gasolinazos, comenta Luis Miguel González, el director del diario mexicano El Economista.
El segundo motivo es histórico. Pemex no deja de ser, desde su creación en 1938, una seña de identidad de la soberanía mexicana, “algo fundacional para el país”, según resumió Vidal Lleren, un candidato a alcalde de Morena, un barrio de Ciudad de México, por el partido de AMLO. En los think tanks y escuelas de negocios el simbolismo no se enseña mucho. Pero López Obrador lo entiende muy bien. Cita con frecuencia el ejemplo del presidente histórico Lázaro Cárdenas, quien plantó cara a las grandes petroleras estadounidenses en 1938. Con la reforma energética, “los gobernantes del neoliberalismo y el neoporfirismo (en referencia al corrupto dictador prerrevolucionario Porfirio Díaz) echaron abajo casi 100 años de política petrolera y eléctrica independiente y soberana”, sentencia López Obrador en su libro La salida. El título es un éxito de ventas.
Luego está el asunto de las refinerías. López Obrador ha arremetido contra un modelo energético en el que México sólo cuenta con seis refinerías que operan al 40% de capacidad y exporta todo su crudo a Texas para ser refinado. Para Goldwyn el plan del candidato rebelde de emprender un programa de construcción de nuevas refinerías en México no tiene sentido. “La refinería es un negocio muy malo, los márgenes son estrechos. Y Estados Unidos fabrica la gasolina con menores costes”.
Pero exportar crudo a Texas para luego reimportar la gasolina y venderla a precios más altos que en Estados Unidos no es una buena estrategia para ganar elecciones. Mucho menos, en tiempos de Donald Trump y un nuevo proteccionismo estadounidense. Tampoco lo es la eliminación de las ayudas contracíclicas que compensaban el golpe de las caídas del precios del petróleo en estados de producción como Veracruz , antes un feudo del PRI y ahora una victoria descontada de Morena.
Sin embargo, quizás el factor más importante para explicar la discrepancia entre los expertos y la calle mexicana respecto a la reforma energética es la corrupción. La liberalización ha coincidido con diversos escándalos, el más importante de ellos, el descubrimiento de que el ex consejero delegado de Pemex Javier Lozoya, estrecho amigo de Peña Nieto, pactó 10 millones de dólares en sobornos con la constructora brasileña Odebrecht. Es más, el secretario de Lozoya en Pemex confesó que su jefe cobraba 50.000 dólares por la cita. Mientras en Brasil y otros países, los acusados en el escándalo Odebrecht han sido juzgados y sentenciados, en México Peña Nieto intervino para frenar la investigación del fiscal a Lozoya. “Lozoya estaba jugando a posición en la maquinaria”, dice González, de El Economista. “El rol histórico de Pemex es enriquecer al grupo próximo al gobierno”. Esto no parece haber cambiado con la elogiada reforma energética. Si AMLO llega al palacio presidencial de los Pinos, su gobierno inspeccionará los últimos de los nueve contratos de concesión petrolera, aunque dice que los respetará si no hay indicios de corrupción.
La liberalización del sector energético ha coincidido con una subida de los precios de los carburantes
López Obrador, que parte como favorito en las elecciones, plantea revertir la liberalización