Una demanda de justicia
CON motivo del acto de disolución definitiva de ETA, comentamos en este mismo espacio el pasado día 4 que se trataba sin duda de una buena noticia, pero que ello no significaba que se pudiera clausurar definitivamente este trágico periodo de la historia de España, puesto que quedan todavía capítulos importantes por cerrar, consecuencia de la actividad terrorista.
Y uno de ellos, sin duda, es la situación de abandono en que se encuentran aquellas personas que se vieron afectadas por el atentado etarra en Hipercor, en 1987, y que el Gobierno y la justicia españoles no reconocen como víctimas del terrorismo básicamente porque no estaban en el lugar de los hechos. Son los familiares de las víctimas –muertos y heridos– del atentado, cuyas vidas se han visto marcadas desde ese día trágico por graves consecuencias físicas y psicológicas, al punto de tener reconocida incluso la incapacidad laboral absoluta por estrés postraumático.
Estas personas se han visto –pese a todas las promesas oficiales– abandonadas por los sucesivos gobiernos a lo largo de todos estos años, han tenido que batallar en los tribunales para reivindicar sus derechos y someterse a terapias para intentar paliar las consecuencias de la tragedia que sufrieron en primera persona. Se han visto obligadas a abandonar su trabajo, y algunas han somatizado la tragedia en forma de enfermedades.
Todos los afectados coinciden en denunciar el abandono en que se hallan por parte de una Administración que –según ellos– se llena la boca de buenas palabras diciendo que está al lado de las víctimas. En lugar de poder llevar su dolor en silencio, se han visto obligadas a pleitear para hacer oír su voz. Y hay sentencias judiciales que reconocen a algunas de estas personas como víctimas del terrorismo, tienen diagnosticadas por profesionales médicos lesiones psíquicas que incapacitan para el trabajo, pero, pese a todo ello, el Estado considera que no pueden ser reconocidas como tales víctimas. A algunas se les reconocieron sus derechos, pero, luego, bien la Seguridad Social bien un tribunal superior revocaron esa decisión.
Resulta incomprensible, injusto e incluso inhumano que personas que han perdido a un familiar directo en un atentado no sean reconocidas como víctimas del terrorismo. Las consecuencias de una acción terrorista les han causado secuelas para el resto de su vida, y el Estado debería reconocerlo y darles el tratamiento y la consideración que merecen. La sociedad se lo debe, y la Administración tendría que asumirlo. Creemos que es una demanda de justicia.