Déjenos decidir
Ricard Valls Zohar Consultoría & Márketing Social
Vincular directamente nuestros impuestos a determinados servicios públicos no es una novedad: es sólo un intento de mostrar transparencia en su uso por las administraciones. Una transparencia que se queda a medias: por ejemplo, ¿qué parte de nuestros impuestos de este año irá destinado al aumento del gasto de defensa?
En los 80 el Ministerio de Hacienda del PSOE ya creó el 0,7% del IRPF como una opción para que los ciudadanos lo destinaran a fines sociales, un modelo copiado de países como Italia o Austria. La innovación española consistió en que en los países europeos cada ciudadano decide a qué organización dedica su 0,7% del IRPF. Aquí esta decisión quedó en manos del gobierno central, que lo asignaba después a través de convocatoria pública. Fue una muestra de la escasa confianza del Gobierno hacia unos ciudadanos que no eran lo suficiente inteligentes para elegir a quién destinar su 0,7% del IRPF, pero sí para pagarlo.
En el 2017 este 0,7% fue de 240 millones de euros, destinados en un 78% a proyectos sociales, un 19% a oenegés de cooperación internacional y un 3% a medio ambiente. Todos a elección y criterio de las administraciones. El ministro Montoro repite la operación en los presupuestos del 2018, pero ahora lo traslada al impuesto de sociedades (IS): va a permitir que las empresas destinen el 0,7% de ese tributo a fines sociales; nuevamente el destino del 0,7% corresponderá al Gobierno, sin dejar que las empresas decidan a qué causa destinarlo. La empresa pierde con este modelo la capacidad de crear valor y capital social en su entorno de proximidad.
¿Quién cree que las decisiones del Gobierno en el reparto del 0,7% del IS serán más racionales que las de las empresas? La propuesta no refleja sólo una elección política entre un modelo intervencionista o liberal. Refleja una vez más el solipsismo de unas élites en las administraciones públicas y de los partidos que no comprenden los procesos de cambio acelerado en la sociedad, en una ciudadanía educada que quiere ser dueña de su futuro, como refleja muy el libro El nuevo poder al que se refieren J. Heimans y H. Timms.
Frente a al viejo poder, basado en un modelo de gobierno institucionalizado, emerge una sociedad civil y una nueva gobernanza conectada que exige cambios y que toma sus decisiones de forma descentralizada. Sólo hay que mirar la movilización de las mujeres el 8 de Marzo, de los pensionistas en abril y ahora la respuesta social a la sentencia de La Manada. Por favor, ¡déjenos tomar nuestras decisiones, aunque sólo afecten al 0,7% de nuestros impuestos!
Permiten que el 0,7% del impuesto de sociedades vaya a fines sociales, pero no dejan a las empresas decidir a cuáles