España rechaza que la Unión Europea envíe guardas a sus fronteras
España no quiere que le manden guardas europeos a controlar sus fronteras. Desea apoyo financiero para reforzar su perímetro, que actúa como una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, pero no quiere agentes de otras nacionalidades allí patrullando.
“No se trata de que nos envíen gente de otros países que no tiene los conocimientos y la experiencia suficiente”, afirmó tajante el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, en el primer debate que mantuvieron los países de la Unión Europea sobre los presupuestos del próximo septenio, 2021-2027.
En esa propuesta, la Comisión Europea plantea aumentar espectacularmente la capacidad operativa de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) que pasaría de los 1.500 guardas actuales a 10.000. Forma parte de las nuevas prioridades que se ha marcado la UE, asegurar las fronteras exteriores, pero en este punto concreto el secretario de Estado español discrepa abiertamente: “En cuanto al esfuerzo de protección de fronteras quiero ser muy claro, no nos gusta y no creemos que sea bueno ni que sea efectivo crear un enorme ejército de 10.000 guardas europeos de fronteras que enviamos a los países que guardamos la frontera exterior”. Jorge de Toledo pide apoyo, especialmente financiero, pero advirtiendo que no acepta que guardas de otra nacionalidad vengan a controlar las fronteras españolas.
Por supuesto que España destacó la importancia del control de fronteras como una de las nuevas prioridades e insistió en la importancia de la frontera sur. Lo hizo recordando que la diferencia de renta per cápita entre España y Marruecos es la segunda más alta del mundo, sólo por detrás de la existente entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ello demostraría la responsabilidad y el riesgo al que se enfrenta España.
Los nuevos presupuestos prevén prácticamente triplicar los fondos destinados a fronteras, inmigración y asilo, que pasarían de 12.400 en el septenio actual a 33.000 en el futuro. Un esfuerzo económico que conlleva recortes del 7% en los fondos de cohesión y del 5% en la agricultura. Aquí hubo una queja de la mayoría de países, España incluida. Era previsible que en estos primeros compases de negociación los estados que se benefician de los fondos agrícolas luchen por retenerlos; imaginable que España acepte introducir criterios como el paro para repartir la cohesión; y predecible que los contribuidores netos, como Holanda, Austria, Finlandia y otros, se nieguen a aumentar su cuota. La discusión acaba de empezar.