Las sanciones por incivismo caen en Barcelona un 20%
En el 2017 el importe total fue el más bajo de los últimos años y el 68% de las multas no se cobraron
Despedidas de soltero que toman impunemente los principales ejes de Barcelona a cualquier hora del día, venta ambulante que convierte el litoral en un gran mercadillo complicando incluso el paso para el transeúnte. El alcohol y su consumo en la vía pública, las rutas de borrachera, la venta al margen de cualquier circuito legal o de garantía de salubridad… La sensación es que el incivismo va en aumento y la realidad es que las multas por estas prácticas que amenazan la convivencia van a la baja. En el 2017 con respecto al 2016, el número de sanciones por infracciones de incivismo cayeron en torno al 20%. Y de las que se ponen, siete de cada diez no se cobran.
Son datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del 2017, un año en el que se impusieron 107.453 sancioejecución nes por incivismo, mientras que el número total en el 2016 fue de 133.978. Es decir, ese 20% menos.
Si la comparación se hace en función del importe liquidado, la caída es aún mayor. Alcanza el 25%. Con respecto a los importes, el total de las sanciones impuestas por incivismo en el 2017 apenas superaron los 18,2 millones de euros. Se trata de la cifra más baja de todo el mandato de la alcaldesa Ada Colau, y también de los últimos siete años. En el 2016 se alcanzaron los 24,1 millones, y en el 2013, en la etapa de Xavier Trias, los 31.
Aunque el gobierno de Colau cobró en el 2017 cinco millones de euros, y esta cifra supone un porcentaje más alto que sus predecesores, todavía el 68% del total del dinero impuesto por incumplir la ordenanza de civismo durante el año pasado siguió igualmente sin cobrarse. En el 2016 este porcentaje fue del 85%.
Cifras, todas ellas, muy significativas dada la actual situación en la que la oposición y muchas entidades ciudadanas no paran de denunles ciar desde hace meses una supuesta política de brazos caídos del Ayuntamiento a la hora de aplicar la ordenanza de civismo.
Ante los datos, fuentes municipaque, no tienen problemas en reconocer que los expedientes sancionadores tramitados por el incumplimiento de la ordenanza de Convivencia que han acabado en la imposición de una multa tienen un porcentaje de cobro situado entre el 30% y el 39%. No es nuevo. El hecho de que haya más multas que no se abonan que las que se pagan es lo habitual desde hace años.
La baja tasa de pago, explican estas mismas fuentes, la atribuyen al hecho de que parte de los infractores son personas en riesgo de exclusión: no tienen con qué pagar, muchas veces ni tienen domicilio. Otro hecho según fuentes municipales, también influye –“aunque en menor medida”, matizan– es la existencia de turistas para los que el marco legal y europeo no permite la forzosa de sanciones en los países de origen: la ley sólo permite el “cobro forzoso” de las sanciones con un importe superior a los 1.500 euros y que tengan naturaleza penal.
A fin de incrementar el pago de las sanciones, el gobierno de Colau quería que la nueva ordenanza, la misma que está enterrada por la falta de diálogo con la oposición, redujera la cuantía de la mayor parte de las multas. Argumentaba que eran tan altas que desincentivaban su pago. De modo que, según su frustrada propuesta de reforma, las más graves no pasarían de los 2.000 euros, en lugar de los 3.000 vigentes. El gobierno de los comunes también insistía en que había que dejar de multar a las personas más vulnerables por infracciones como dormir en la calle. De todas formas, la repercusión real de estas multas sobre las impagadas es muy escasa. Hace años que no se tramitan.
Fuentes municipales también explican que la nueva norma no pretendía rebajar todas las multas. Por ejemplo quería que la sanción por beber en la calle pasara de 50 a 100 euros, y que, dadas las dificultades para cobrar las sanciones de los turistas, presionar con mayor severidad a aquellas actividades económicas que hacen negocio del incivismo, como por ejemplo las rutas de borrachera.
Siguen habiendo rutas y gente bebiendo en la calle.
Sobre el hecho de la caída de importes y sanciones, el gobierno municipal también lo justifica por el hecho de que, desde finales del 2016 –y los efectos se ven a lo largo del año pasado–, infracciones como la
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El número de personas sin hogar se dispara en Barcelona. Así lo señalan la mayoría de indicadores, de este modo lo ilustra un paseo por el paseo Picasso, por la estación del Nord, por los jardines de Sant Pau del Camp... Y es que los servicios sociales de muchas poblaciones pagan un billete de bus a las personas que encuentran en sus calles para que se acerquen a Barcelona. “Allí te atenderán”, les dicen.
Según explicó ayer la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Laia Ortiz, en el último trimestre del 2017, el 40% de las personas atendidas en los centros de primera acogida de la ciudad llevaba menos de tres meses en Barcelona, una proporción que creció hasta el 47% durante el primer trimestre del 2018. Todo apunta a que el gran recuento de personas sintecho de mañana por la noche arrojará una cifra récord. En el 2008 se contaron 658, y el año pasado 1.026. Además, los servicios municipales de inserción social, que entre los años 2009 y 2016 acostumbraba a contactar con unas 1.600 personas sintecho, alcanzó el año pasado los 2.278.
Ortiz también explicó que el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo para encarar el problema, que el presupuesto de este mandato se incrementó más de un 30%, que el gasto será de 35 millones de euros. Pero que este empeño municipal no encuentra eco en el resto de administraciones. “Necesitamos un plan de país”, destacó la teniente de alcalde. Porque, agregó, los graves y crecientes problemas de acceso a la vivienda no sólo incrementan el porcentaje de población vulnerable, también dificultan las políticas destinadas a normalizar sus vidas.
A pesar de todas estas circunstancias, las críticas no dejan de arreciar. La oposición presentará hoy en la comisión municipal de Derechos Sociales dos proposiciones destinadas a reorientar las políticas municipales. La concejal del PDECat Maité Fandós exigirá al gobierno de la alcaldesa Colau un nuevo plan de choque que aumente el número de plazas residenciales en viviendas, que incremente también las plazas de acogida concertadas con entidades sociales, que se entreguen más abono transportes, que se facilite el acceso a duchas... Y, además, los concejales de Ciudadanos pedirán que el Ayuntamiento garantice que ofrece las mismas soluciones a todos los miembros de una misma familia, que sea más tolerante con las mascotas de los indigentes, que se ponga fin a las citas previas para poder ducharse... “Barcelona se está convirtiendo en una triste acampada de personas sin hogar por culpa de la inacción del gobierno de Colau –dice la edil de Ciudadanos Marilén Barceló–. Se suponía que los derechos sociales eran una de sus banderas”.
Además, las protestas continúan. Este colectivo nunca fue muy dado a las movilizaciones. El campamento que montaron muchos de los sintecho desalojados de la plaza Catalunya no cesa de crecer en la avenida Vilanova, junto al Arc de Triomf. A las tiendas de campaña se suman ahora algunas precarias chabolas. Un juez dictó una orden desalojo hace pocos días, pero los activistas que exigen una reorientación de los servicios sociales del Ayuntamiento pidieron un aplazamiento. Y encima unos cuantos de ellos decidieron montar otra protesta permanente frente a la sede de la Síndica de Greuges, en la ronda de Sant Pau. Otros de los participantes de la acampada de la plaza Catalunya tienen allí mismo un tenderete dedicado a la recogida de firmas a favor de la remunicipalización de los servicios sociales. Hace más de 25 días que uno de estos activistas, dijo, se declaró en huelga de hambre.
Todo apunta a que el gran recuento de personas sin hogar de mañana por la noche arroje una cifra récord