Aterrizajes y despegues
El deterioro de la imagen internacional de la justicia española; y el potencial de crecimiento de las rutas internacionales del aeropuerto de El Prat.
LA justicia belga rechazó ayer la entrega a España de los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret por un defecto de forma. El juez belga, después de que la Fiscalía apreciara errores de bulto y defectos de forma en las comunicaciones mantenidas con el juez Pablo Llarena, decidió no dar curso a la euroorden enviada por el magistrado del Tribunal Supremo el pasado marzo.
La petición de la justicia española es denegada, como decíamos, al no cumplirse uno de los requisitos formales de la euroorden por no existir al mismo tiempo correspondencia con una orden de detención nacional. Las euroórdenes cursadas por Llarena se basaban en las órdenes nacionales dictadas por la juez Carmen Lamela, que no se corresponden en la imputación ni en el relato de los hechos.
Se trata, sin duda, de un serio revés para la justicia española en el plano internacional. Un varapalo importante, con el agravante de que esta vez no es debido a discrepancias jurídicas entre magistraturas de distintos países sino a un error de forma incomprensible en un alto tribunal, y más tras saberse que la justicia española pudo subsanarlo y no lo hizo puesto que, cuando se retiró la primera euroorden, se mantuvo la orden nacional en lugar de tramitar una nueva. Tras ser retirada la primera euroorden y ser rechazada ahora la segunda, el juez Llarena puede emitir una tercera –es probable que lo haga– que subsane el defecto formal de la ahora no admitida, pero la imagen de un alto órgano judicial dictando tres euroórdenes en medio año por una misma causa no parece la más deseable ante las distintas judicaturas europeas ni ante la opinión pública.
Después de que el tribunal del land alemán de Schleswig-Holstein rechazara la petición de extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, este nuevo revés de la justicia belga, ante el que el Supremo no puede interponer recurso, deja poco margen de maniobra. En este sentido, resulta sorprendente la reacción del Tribunal Supremo acusando a la justicia belga de “ausencia de compromiso” y desconocimiento del orden jurídico español e insistiendo en que el auto de procesamiento es suficiente para sustentar la demanda española.
El error de forma abre además posibles nuevos escenarios en la situación procesal de Puigdemont y los exconsellers en Bélgica y en Escocia. Las euroórdenes de Llarena se emitieron para todos los políticos fugados, y no es descartable que las magistraturas de Alemania y de Gran Bretaña puedan detectar problemas similares, aunque cada país tiene su propio ordenamiento jurídico. De momento, una consecuencia es que las medidas cautelares a los exconsellers en Bruselas han quedado suspendidas con un efecto directo en la política parlamentaria catalana en el caso de Comín, puesto que ERC deja de contar con su voto delegado ya que, al levantarse las cautelares, queda injustificado el impedimento para votar.
Hemos expresado reiteradas veces la preocupación por el hecho de que el Gobierno español haya judicializado un problema político que debía abordarse a través de la política. Ahora, la estrategia gubernamental ha quedado en evidencia, y la imagen de la justicia española ha salido malparada por segunda vez a escala europea.
Ayer conocimos también la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de abordar una reforma del Código Penal para “adecuar” el delito de rebelión al escenario catalán. Si es para dejar claro que atribuir violencia a los sucesos ocurridos en Catalunya difícilmente casa con la tipificación penal actual, bienvenida sea la propuesta. Habrá que esperar a que se concrete.