Bélgica rechaza entregar a Comín, Serret y Puig por defectos de forma
La Fiscalía belga observa contradicciones en los alegatos presentados por España
En los procesos judiciales las formas no lo son todo, pero sin respetar los procedimientos no se llega muy lejos. Por ejemplo, los tres exconsellers, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig no llegarán al Tribunal Supremo, como había solicitado el juez Pablo Llarena al poner en marcha la euroorden. El tribunal belga de primera instancia rechazó su entrega por defecto de forma en la tramitación de petición de extradición. Lo pidió la defensa, pero no sólo ella, incluso la Fiscalía belga se sumó a la petición. Caso cerrado. Si la primera euroorden se retiró el 5 de noviembre, la segunda dirigida a Bélgica fue rechazada ayer y no hay opción de recurrir esta decisión. Sólo lo podrían hacer los tres exconsellers, a quienes por supuesto no les interesa, o la Fiscalía belga, que dejó claro que no lo haría.
Las autoridades españolas no tienen capacidad para interponer recurso directamente. La única alternativa que le queda al juez Llarena sería lanzar un nuevo procedimiento, es decir un tercer mandato europeo de detención. Es más, uno de los abogados defensores, Gonzalo Boye, comentó que “esperan que haya una tercera euroorden”.
Durante la vista no se entró en cuestiones de fondo, en los cargos de que se acusa a los tres exconsellers, ni en su potencial correspondencia con delitos incluidos en el Código Penal belga. Al considerar que había un error de procedimiento, se pasó directamente a rechazar la extradición. En este sentido, fue determinante la posición de la Fiscalía belga, que se sumó a las tesis de la defensa. Así lo argumentó en un comunicado: “El ministerio público pidió al tribunal declarar las tres órdenes de detención europeas irregulares dada la ausencia de órdenes de detención nacionales españolas conformes”.
Este es precisamente el error de procedimiento apreciado: la falta de relación de la euroorden con órdenes de detención nacionales. El juez Llarena ya estaba advertido. En un escrito de fecha 12 de abril, la Fiscalía belga le pidió una serie de aclaraciones. Por un lado, le decían que “no se menciona ninguna orden nacional en la euroorden”, y por otro, que “el texto de la euroorden es muy distinto del de las órdenes nacionales, en realidad no son compatibles en absoluto”. Aviso a navegantes, pero en su respuesta cinco días después, Llarena no convenció a los belgas. “Tuvo una oportunidad de corregir el error y no la aprovechó” indicaron fuentes de la defensa de los exconsellers. La jurisprudencia a que han acudido, con éxito, los abogados defensores es el caso Bob-Dogi, un camionero rumano que provocó un accidente con resultado de lesiones graves cuando viajaba por Hungría. Este país solicitó a Rumanía su extradición, pero fue denegada porque la euroorden no iba acompañada de la emisión previa de una orden nacional de detención. Doctrina que fue avalada en junio del 2016 por el Tribunal Europeo de Justicia. Un precepto que en el 2016 sirvió para rechazar la extradición del camionero rumano, y en el 2018 para denegar
JURISPRUDENCIA EUROPEA
El precedente legal de un camionero rumano sirvió para invalidar la euroorden española
SIN POSIBLIDAD DE RECURSO
El caso está cerrado y para insistir habría que dictar una tercera orden de detención
la de tres exconsellers catalanes.
Según el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, el mismo error de forma que ha apreciado la justicia belga también se puede producir en el resto de euroórdenes, las de Carles Puigdemont en Alemania, y Clara Ponsatí en Escocia. Por tanto, según él, en estos casos también se podría producir una resolución similar de rechazo a la extradición. Hasta el momento, los obstáculos que ha planteado el Tribunal del land alemán de SchleswigHolstein son de otra índole, pero los defensores anunciaron que introducirían también este argumento.
A la salida de la vista, los tres exconsellers estaban eufóricos. Toni Comín lo consideró como una victoria judicial muy importante “para nosotros y para el resto de personas que hoy están perseguidas por la justicia española”. Además pidió que “basta de abusar del derecho penal, basta de abusar del sistema de euroordenes. Lo que hace Llarena hunde el prestigio de las instituciones del Estado español”. Por su parte, Lluís Puig deseó que la resolución “pueda servir a nuestros compañeros... y termine esta prisión preventiva”, y Meritxell Serret pidió que se acabara con la judicialización de un problema político.
Fuentes de la defensa comentaron que el caso había terminado por “muerte natural”. A primera hora ayer, el abogado Gonzalo Boye, escribió un tuit que decía “Hoy va a ser un buen día….y ahí lo dejo”.
Para él y sus defendidos sin duda que lo fue y también para los familiares de los políticos presos en España que consideraron que la decisión abre “una esperanza” para hallar una solución a su situación judicial. El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, expresó su “alegría” por la decisión de la Fiscalía belga. También el expresident
MINISTRO DE EXTERIORES
Dastis defiende la gestión del Gobierno y cree que “España se ha de cargar de razón”
CARLES PUIGDEMONT
El expresident señala que el veredicto belga es “la garantía de un juicio justo”
Carles Puigdemont aseguró que la Unión Europea “garantiza el derecho a un juicio justo” porque, aseguró, los tribunales toman decisiones al margen de “las opiniones políticas. Es una buena noticia”.
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, consideró un “varapalo monumental a la justicia española” la decisión del tribunal belga.
Entre tanto, diversos miembros del Gobierno salieron en defensa de la estrategia del Ejecutivo. Así lo hizo el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, quien aseguró que la gestión ante la crisis catalana ha sido “sólida, sostenida y continuada”. “Lo que tenemos que hacer es cargarnos de razón (...) y trasladar un mensaje obvio de que España es una democracia con un nivel de derechos humanos de los más altos de cualquier constitución occidental. Lo que se pretendía hacer es un desafío al Estado que no puede permitir España ni ninguno de nuestros socios”, afirmó.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró, tras conocer la decisión del tribunal de Bruselas: “Espero que se subsane y que la Fiscalía belga pueda cambiar de opinión, como el juzgado de SchleswigHolstein, que también la tiene que cambiar”.