El Supremo precisa la orden contra Puigdemont para prevenir otro revés
La Fiscalía pide a Llarena que haga un nuevo intento también con la justicia belga
El Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía activaron ayer los resortes a su alcance para tratar de evitar nuevos reveses sobre las órdenes de detención dictadas contra los exmiembros del Govern en el extranjero. El juez Pablo Llarena envió una carta al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en que aclara el valor del auto de procesamiento contra el expresident Carles Puigdemont con el fin de que los jueces alemanes no le pongan las mismas objeciones formales que los belgas, y denieguen por ello su entrega.
La Fiscalía, a su vez, solicitó al magistrado que vuelva a dictar un auto de prisión contra los exconsellers Comín, Serret y Puig y que acuerde una nueva euroorden contra ellos, con el fin de que la justicia belga reexamine la petición y acceda a entregarlos al Supremo. Los argumentos que utilizan los fiscales para defender la pertinencia de una nueva iniciativa son sustancialmente coincidentes con los que emplea el magistrado en su acción preventiva ante la justicia alemana.
Uno y otros estiman que el auto de procesamiento dictado el pasade do 23 de marzo contra los imputados es el documento fundamental por el que debieron guiarse la Fiscalía y el juez belgas, en lugar de objetar lagunas y discordancias en la tramitación de la euroorden. El escrito de la Fiscalía española está firmado por los fiscales Fidel Cadena y Javier Zaragoza, buen conocedor del mecanismo de las euroórdenes, como exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, que las maneja a diario.
El juez Llarena, en cambio, le dio ayer toda la prioridad a las nuevas aclaraciones a Alemania. El motivo es obvio, derivado del temor de que la negativa de la justicia belga a la entrega de los citados exconsellers influya en el mismo sentido en los jueces alemanes que deben decidir sobre la puesta o no de Puigdemont a disposición del Supremo.
La carta de Llarena explica a los jueces alemanes que la negativa de la justicia belga se basa en que la euroorden cursada desde el Supremo “no mencionaba ninguna orden detención nacional previa a su emisión”, cuando las normas que regulan esta materia la exigen. Los jueces belgas añadían que el auto de procesamiento propio del ordenamiento español no es equiparable a dicha orden de detención.
El texto refleja a renglón seguido con claridad la perplejidad e irritación del Supremo ante este argumento. La carta, en efecto, añade que la justicia belga mantuvo dicha objeción “pese a que el Tribunal Supremo español le informó de lo contrario (sic)”. Y subraya que el hecho de que se valore “la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español” –y por tanto su eficacia– resulta “contario al principio de
El juez envía una carta a los jueces alemanes para que no incurran en “el mismo error” que sus colegas belgas
confianza recíproca” sobre el que teóricamente descansa el sistema europeo de cooperación judicial.
Llarena, en definitiva, quiere evitar que se repita el problema con Alemania, y por eso afirma que efectúa dichas precisiones “por evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error”. Es decir, para que la defensa de Puigdemont no consiga la misma diana en Schleswig-Holstein. A este respecto, el abogado de Puigdemont en Alemania, Volfgang Schomburg, ya ha adjuntado a sus recursos una copia de la resolución belga.
Paralelamente, ayer declaró en el TS la exjefa de protocolo de la Vicepesidència y la Conselleria d’Economia, Anna Teixidó, sobre los hechos del 20 y 21 de septiembre pasado frente a la sede de dicho departamento. La testigo explicó que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart hicieron funciones de mediación ante los concentrados, sin que en ningún momento hubiera “imposiciones”, sino “colaboración” y “en tono cordial”. Añadió que la secretaria judicial no quiso que Sànchez la acompañara a la salida porque quería abandonar el edificio con la Guardia Civil. Dicha funcionaria declaró en cambio en la Audiencia Nacional que “jamás” había sentido “mayor vergüenza y humillación”. Otros dos testigos explicaron la actuación de Cuixart en una pegada de carteles en Badalona, descartando que hubiera tensión o altercados, contra la descripción de los hechos que consta en un atestado de la Guardia Civil unido a la causa.