El Gobierno, expectante con Torra pero contrario a consellers en prisión
El Ejecutivo opta por rebajar la tensión para preservar la posibilidad de diálogo
El Gobierno de Mariano Rajoy se muestra expectante ante los próximos pasos que dé el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y aunque no le han gustado nada los inicios, Mariano Rajoy sigue fiel a su primer compromiso, que le juzgará por los hechos, y no por las palabras, y ni siquiera por las formas, que aunque importantes, pasan a ser accesorias si lo que se busca es “iniciar una etapa de diálogo”, lo que requiere de la voluntad de los dos. “El Gobierno la tiene”, dijo ayer el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así que el Ejecutivo está dispuesto a dejar pasar la toma de posesión, que a su juicio “degrada a la institución”, si eso contribuye a rebajar la tensión creada por el ya president, primero con sus discursos de investidura, luego con su viaje a Berlín a ver a Carles Puigdemont, o con la forma en la que ha tomado posesión, propia –dijo Méndez de Vigo– del papel de “custodio” que parece que ha asumido. El Gobierno confía en que una posición prudente contribuya a que se pueda abrir ese diálogo que beneficie a los catalanes.
A esta pretensión responde el hecho de que el Gobierno no quisiera ayer concretar cómo actuará si Torra nombra consellers a los miembros del anterior Govern que están en prisión preventiva o fuera de España, huidos de la justicia.
Íñigo Méndez de Vigo despachó las numerosas preguntas al respecto de los periodistas, en especial sobre qué hará si se pretende una toma de posesión desde la cárcel, es decir, no presencial, subrayando que el Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis. Pero también dejó entrever que intentará que no prosperen los nombramientos de consellers que no vayan a poder ejercer sus responsabilidades como tales, por estar en prisión o fuera de Espaen ña. El ministro, no obstante, dejó entrever la posición del Gobierno si Torra decidiera al final optar por nombrar consellers a los que están en prisión: “En la hipótesis de que se nombrara a personas que están en prisión, sólo podrán tomar posesión si el juez les autorizara a salir”.
Así, el Ejecutivo aplica la misma lógica que estableció el Constitucional sobre la investidura a distancia de Puigdemont, cuando se planteó un debate similar sobre si podía hacer su discurso de investidura al- guien que no estuviera en el Parlament, bien a través de una videoconferencia, o de la delegación en alguien que leyera su discurso como candidato.
Para Méndez de Vigo, “amén de las consideraciones jurídicas y políticas”, está en sentido común, y a él, el sentido común le dice que “un consejero o un ministro no puede ejercer las funciones de tal si está en prisión”. Él mismo no se ve, como ministro de Educación, ejerciendo las funciones de tal desde la cárcel”.
Pero además, para el Gobierno sería un mal síntoma sobre las verdaderas intenciones de Torra, porque sería una demostración de que pretende persistir en el proceso secesionista que tanto daño ha causado en Catalunya. A juicio del ministro portavoz, si se dieran estos nombramientos y estas tomas de posesión a distancia, “la lectura que se haría sería que hay un president Catalunya que quiere aumentar la tensión” y eso, advirtió “no lleva a ningún lado”.
De todas formas, como el hecho no se ha producido, el Gobierno prefiere hablar de diálogo y fijar día y hora para la cita que Torra le pidió a Rajoy ayer mismo por carta. Según Méndez de Vigo, “el Gobierno tiene interés en abrir una nueva etapa de diálogo que es lo que le interesa a Catalunya, y ningún gobierno responsable busca medidas para subir la tensión.
El Ejecutivo, en aras de ese interés, da prácticamente por descartado intentar en los tribunales una impugnación de la toma de posesión Torra, sin acatar la Constitución o el Estatut . A lo que sí está dispuesto es a estudiar y plasmar en una ley la iniciativa del líder socialista, Pedro Sánchez, de buscar una
La Moncloa acepta regular por ley las tomas de posesión y se abre a vetar a los candidatos prófugos
fórmula aplicable a todos los cargos públicos, para que acaten la Constitución y el Estatuto de Autonomía y expresen lealtad al Rey.
La iniciativa de Sánchez ha sido bien acogida por el PP y por el Gobierno, que puntualiza que tendría que ser una norma con rango de ley, para que afectara a los cargos públicos de todas las instituciones, y espera que la fórmula sea consensuada entre todos los partidos, no sólo del PP, el PSOE y Cs. Se trataría, entre otras cosas, de acabar con fórmulas como las que utilizan algunos partidos en el Congreso para acatar la Constitución –obligado para obtener el acta de diputado– con el añadido de “por imperativo legal”, o coletillas, como hicieron hace unos días los senadores de ERC, que acataron por imperativo legal y prometieron a la vez trabajar “por la república catalana y por la liberación de los presos políticos”.
El Gobierno también está dispuesto a estudiar la iniciativa de Cs de impedir que sea candidato en unas elecciones un prófugo de la justicia, aunque Méndez de Vigo señaló que habrá que esperar a que concreten la iniciativa y consensuarla con el resto de los partidos.