El riesgo de nulidad amenaza el plan de alojamientos turísticos
Patronal y expertos advierten seriamente al Ayuntamiento de Barcelona de los defectos legales de la normativa municipal
A partir del año que viene podrían empezar a resolverse en los juzgados los recursos contrarios al plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peaut), y no auguran nada bueno para la regulación aprobada a principios del 2017. Los responsables de los gremios de hoteles y de restauración, abogados y economistas alertaron ayer, durante la comisión municipal de estudio de la situación económica de Barcelona, que los múltiples defectos del plan lo podrían llevar a ser declarado nulo en los tribunales. De momento, uno de los artículos de la normativa, el que hace referencia a la obligatoriedad de que los pisos turísticos de Ciutat Vella estén ubicados en una finca sin vecinos antes de septiembre del 2019, ha quedado en el aire a la espera de que se resuelva la causa.
Algunos ponentes cuestionaron que el Peaut sea efectivo para luchar contra el problema de la vivienda y reclamaron ya una revisión del plan –prevista cada cuatro años– para subsanar sus fallos legales. “Vayan redactando un segundo Peuat para que cuando nos lo anulen Barcelona no se convierta en un coladero”. Así de rotundo se mostró el consultor urbanístico, Luís Falcón. Después de reconocer la necesidad de que la ciudad ordene la oferta turística alertó de la excesiva judicialización del urbanismo. “La falta de justificación de este plan nos ha llevado a los tribunales”, sentenció. En los mismos términos se expresó el abogado y urbanista Pablo Molina, quien destacó que el Pesidències aut no cumple con la directiva de servicios europea y tampoco incorpora una memoria de impacto económico. De hecho, los servicios jurídicos municipales expusieron que el plan no requería este tipo de documento pero, a juicio de Molina, es inevitable determinar los efectos de la normativa en la economía de la ciudad. El especialista en derecho urbanístico añadió que los problemas de vivienda y congestión que detecta el Peuat no se solucionan de manera eficaz con este plan.
En la comisión presidida por la concejal del PDECat Sònia Recasens también se cuestionó que el urbanismo deba servir para regular la actividad económica. Miquel Morell, del Col·legi d’Economistes de Catalunya, lamentó que el documento del Peaut tan sólo recoja en dos páginas el impacto económico. “Pensar que el urbanismo puede saber cómo funciona el mercado o la oferta económica que evoluciona más rápido es un error”, dijo. También instó a romper con la idea de que los intereses público y privado están contrapuestos y apuntó que el reto de la ciudad es vehicular a través de la gestión los recursos económicos que generan los privados y destinarlos a políticas públicas.
La impresión de que el Ayuntamiento actúa sin consensuar sus políticas económicas con el sector privado y sin evaluar las consecuencias fue la tónica general en la comisión. El director general del Gremi d’Hotels, Manel Casals, exigió la revisión del plan para apostar por un crecimiento sostenido de la actividad hotelera. Dijo no entender por qué el Peaut es contrario a las reformas en sus establecimientos. El plan, dependiendo de la zona y su ubicación, establece que los hoteles que deseen hacer obras de remodelación podrían perder entre el 20% y el 50% de sus plazas, una situación que el Gremi quiere revertir.
El presidente de los apartamentos turísticos (Apartur), Enrique Álcántara, también reclamó la revisión del Peaut y rechazó la congelación de licencias que el sector sufre desde hace años. En esta misma línea se pronunció Bernat Giral, el representante de la Associació de Re- d’Estudiants i Col·legis Majors de Catalunya, quien aseguró que el Peaut se inmiscuye en cuestiones que no son de competencia municipal y ejerce unas funciones que son del ámbito de la Generalitat, ya que su actividad no está recogida como turística, según el Govern.
El presidente del Gremi de Restauració, Roger Pallerols, criticó que se utilice el urbanismo para hacer planeamiento comercial. Lamentó que desde los noventa se hayan aprobado 32 planes de usos y que la política de suspensión de licencias sea una constante en un Consistorio que desconoce cómo funciona la actividad económica.
No todo fueron críticas al Peuat, Albert Recio, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, sentenció que la ciudad también tiene que determinar las ventajas
Apartamentos turísticos, residencias y hoteles reclaman al gobierno municipal la revisión de la regulación
sociales que incorporan estos planes. “Nosotros otorgamos más importancia a los beneficios sociales”. En esta misma línea se pronunció el presidente de los comerciantes de Sant Antoni, Vicenç Gasca, quien explicó que a veces se tienen que hacer sacrificios. Puso como ejemplo la remodelación del mercado de Sant Antoni que después de nueve años de trabajo aportará al barrio un nuevo equipamiento puntero.
Los grupos políticos denunciaron la falta de diálogo y consenso del Ayuntamiento con los actores económicos. Jordi Martí (PDECat) y Koldo Blanco (Cs) reclamaron la revisión del Peuat. Trinitat Capdevila (ERC) también denunció esta falta de entendimiento. Montserrat Ballarín (PSC) criticó el modelo de decrecimiento económico de BComú y Javier Mulleras (PP) echó en falta que no se evalúe el impacto de la normativa. Por su parte, Eulàlia Reguant (CUP) acusó al resto de grupos de no tener en cuenta a los vecinos y estar solo pendientes de los beneficios económicos. La teniente de alcalde Janet Sanz, defendió el Peuat asegurando que cumple la ley.