El Gobierno desbloquea la compra de balas a Mossos
La policía ya puede adquirir la llamada “munición de guerra” para los fusiles que llevan sus unidades de orden público
Con cerca de dos años de retraso, los distintos departamentos estatales que deben autorizar a los Mossos d’Esquadra la compra de balas han dado luz verde al lote de la denominada “munición de guerra”, los proyectiles de los calibres 40 milímetros y 5,56 que utilizan las unidades especializadas en orden público, como el Arro y la brigada móvil (Brimo). Lo más importante del desbloqueo es que estos policías volverán a las galerías a hacer prácticas de tiro con fusil tras más de un año sin realizar ni un disparo.
Hoy por hoy nadie ha sido capaz de dar una explicación sobre por qué los distintos organismos de la Administración central que tutelan los permisos de compra de munición vetaron los últimos pedidos que había hecho la policía catalana.
Los responsables de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat presentaron su pedido anual en octubre del 2016, como cada año. Tres millones de balas del calibre 9 milímetros para formación, que es la munición que emplean las pistolas reglamentarias de todos los policías. A cada mosso le corresponden entre 125 y 150 proyectiles al año, según los ejercicios que se programen. Además, por dotación, tiene dos cargadores, de entre 12 y 15 balas cada uno.
En ese pedido se incluía munición para los fusiles HK G36C, del calibre de 5,56 x 45 milímetros. Esta arma larga se adquirió en plena ofensiva yihadista, tras los primeros atentados en París y Londres. A la decena de estos fusiles que ya tenía el grupo especial de intervención (GEI) se sumó medio centenar que se distribuyeron en la Brimo.
También se pedían cartuchos para las escopetas lanzadoras de 40 milímetros, las que disparan las pelotas de viscoelástica que se implantaron en los conflictos de orden público tras la prohibición de las pelotas de goma. En esta partida se solicitaba munición de impacto, lacrimógena y de humo, así como unidades de granadas aturdidoras por sonido y luz, como la que el GEI utilizó hace un mes para reducir al hombre que mantuvo retenida durante varias horas a la mujer del cónsul de Mali en Barcelona.
No obstante, el Ministerio del Interior mantuvo parada la compra durante meses. La excusa que en su momento ofreció el ministro Juan Ignacio Zoido era que faltaba un documento. Lo cierto es que los pedidos se presentaron con los informes de siempre. ¿Qué cambiaba? Evidentemente, el contexto político y la deriva independentista del Ejecutivo de Carles Puigdemont, decidido a tirar adelante con el referéndum del 1 de octubre, y todo lo que vino después, hasta la imposición del 155 y el control de la policía autonómica desde el ministerio. En estos últimos cinco meses, el comisario Ferran López, al frente de los Mossos d’Esquadra, logró hacer ver a su interlocutor más directo en el ministerio, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que había que desbloquear esa compra porque los arsenales de Mossos se estaban quedando sin munición y los agentes no podían salir a la calle sin hacer prácticas. El desbloqueo llegó con la recuperación de la confianza en los Mossos y en sus mandos.
Esta semana, tras nuevos informes, se desbloqueó la compra de estos dos últimos calibres. ¿Cual es la munición para la que todavía no hay autorización? Las balas del 7,62, que son para los fusiles de precisión que se utilizan básicamente para apoyar a los francotiradores de élite de los GEI. Pero no se trata de un veto. En verdad, cuando Mossos publicitó este lote, ninguna de las empresas fabricantes se presentó al concurso. Y, por tanto, esa adjudicación quedó desierta. Aun así, la policía catalana conserva reservas de esta munición para ir tirando.