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Las advertencias del Banco de España sobre los futuros riesgos de la economía, y la detención del popular Eduardo Zaplana por presunto blanqueo de capitales y cohecho.
EDUARDO Zaplana pasó ayer de ser expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo a ser un detenido por presunto delito de blanqueo de capitales y otro de cohecho por haber enviado dinero a paraísos fiscales derivado de comisiones obtenidas por contratos adjudicados de modo irregular. Otras doce personas fueron también detenidas, entre ellas Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía Juan Cotino.
Se cierra así el círculo sobre uno de los políticos estrella de la era Aznar que hasta ahora presumía de no tener ni una mancha en su historial y que ilustra un modelo de hacer política basado en la corrupción y el beneficio personal. Tras conocer la noticia, el PP se apresuró a suspenderlo de militancia. El nombre de Zaplana ya se vio envuelto hace años en el caso Naseiro y luego en el escándalo Tierra Mítica –donde fue acusado de cobrar comisiones ilegales–, en los millones regalados a Julio Iglesias o en el desastre de la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero hasta ahora se había escabullido de los epicentros de los escándalos que durante veinte años han afectado al PP valenciano. En el 2008 dejó la política tras ser contratado por Telefónica, que ahora ha suspendido la relación laboral con él. Zaplana aparece también en las investigaciones del caso Lezo, del caso Púnica y del caso Gürtel. Es el tercer presidente valenciano –todos del PP– imputado por corrupción junto con Francisco Camps y José Luis Olivas, este finalmente condenado.
La corrupción que salpicó a la Comunidad Valenciana durante veinte años de gobierno popular se ve reflejada ahora en la infinidad de procesos judiciales en marcha en Valencia y en Madrid. La noticia de la detención de Zaplana se produce a escasos días de que se conozca la sentencia del caso Gürtel que afecta a antiguos responsables y colaboradores del PP en esas dos comunidades. Y un dato demoledor y muy significativo: de los catorce ministros del Gobierno de Aznar en el 2002, doce están imputados, implicados en asuntos judiciales o condenados, en muchos casos por el cobro de sobornos. Uno de ellos –Jaume Matas– se encuentra en prisión.
Todo ello evidencia que en una época no muy lejana la corrupción se convirtió en un mal endémico del PP en diversas comunidades –el resto de partidos tampoco están libres de culpa– y en un estilo de política basado en el aprovechamiento del cargo para obtener beneficio personal. Un modus operandi que no sólo debe perseguirse judicialmente sino ser desterrado definitivamente por todos los partidos. La transparencia ya no es sólo una virtud sino una necesidad democrática.