Lamela envía a juicio a Trapero y la excúpula de los Mossos
La juez acusa al mayor de sedición y organización criminal
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer un auto en el que declara concluso el sumario en el que ha investigado y procesado al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a sus antiguos jefes, el exdirector de la policía de la Generalitat Pere Soler y el ex secretario general de Interior Cèsar Puig. Con ello se da el primer paso hacia la próxima celebración del juicio oral. Lamela ha enviado la causa a la Sala Penal, recordando que esta instancia tiene todavía pendientes de resolución los recursos de apelación interpuestos por los imputados –los citados más la intendente Teresa Laplana– contra el auto de procesamiento que la propia magistrada dictó contra ellos el 4 de abril.
En dicho auto, la juez acusaba a Trapero de dos delitos de sedición –por los hechos de la concentración frente a la Conselleria d’Economia, el 20 y 21 de septiembre pasado, y por los del 1-O–, mientras que Soler y Puig están imputados por el mismo delito, pero sólo en relación con lo ocurrido durante la jornada del referéndum.
Trapero y sus antiguos jefes están encausados también por organización criminal. Laplana, a su vez, está acusada de sedición sólo por los hechos ocurridos durante la concentración ante la citada conselleria. En cuanto se resuelvan los recursos y los procesamientos adquieran, en su caso, firmeza, la Audiencia podrá dictar el auto de apertura del juicio oral, que daría paso al enjuiciamiento de los imputados. Lamela cree que ya no hay nada más que investigar y concluye el sumario porque ya han sido “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito”, la participación que cada uno de los acusados ha tenido en los hechos y las circunstancias concurrentes, “no hallándose indicada ninguna otra” actuación.
En el auto de procesamiento la juez exponía la tesis de que Trapero, Soler y Puig integraron una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Catalunya”. Dicha supuesta organización –añadía– actuó con carácter estable por un período superior al de los dos últimos años, con asignación de tareas y una estrategia perfectamente sincronizada. Todo ello –proseguía– permitió la celebración del referéndum y la “declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre”.
La tesis de Lamela consiste, en definitiva, en que los Mossos fueron objeto de una “utilización ilegal” puesta “al servicio de los intereses secesionistas”. La magistrada sostiene que en los hechos investigados se ha comprobado indiciariamente la existencia de “un dolo específico”, consistente en que la “intención última por parte de los procesados” era la de “romper la organización territorial del Estado”. Lamela estima, en suma, que los actos de los procesados iban “encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional”.
La juez acusa al mayor de la policía catalana y a sus antiguos jefes de los delitos de sedición y organización criminal