Parlamentarismo
El apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado; y las dificultades internas del Partido Conservador para encauzar la salida británica de la Unión Europea.
EL Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha decantado y sus cinco diputados en las Cortes votarán a favor de la ley de Presupuestos del Estado del 2018, lo que oxigena al Gobierno de Mariano Rajoy, poco habituado a las buenas noticias en los últimos días. Pese a que el artículo 155 de la Constitución sigue vigente en Catalunya, el PNV ha primado –y nadie debería sentirse sorprendido– los intereses de los ciudadanos vascos, sus electores, los grandes beneficiarios de la jugada: cálculo del cupo previsiblemente beneficioso para la comunidad, mejora en las infraestructuras –como el soterramiento de tramos de las líneas del AVE– y medidas de estímulo de la industria vasca. Hubiera sido chocante que el PNV desaprovechase la elevada rentabilidad de sus cinco escaños, un capital negociador muy valioso y del que en varias legislaturas gozó CiU en tiempos no tan lejanos ni tan contraproducentes para los intereses de todos los ciudadanos catalanes.
El PNV dio ayer por hecho que el levantamiento del artículo 155 “es inminente” y justificó su apoyo a los presupuestos en el interés general de los vascos, antepuesto a los del propio partido, al decir de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Sin entrar en los valores altruistas del PNV, hay que reconocer un sentido de la responsabilidad oportuno para consolidar la recuperación de la economía y fortalecer la imagen internacional de España, cuyo Gobierno, en minoría y por segundo ejercicio consecutivo, ha logrado aprobar las cuentas y evitar el anticipo de elecciones, noticia que sin duda será bien recibido en Bruselas –y Berlín o París– dada la inquietud que suscita el inminente ejecutivo de Italia. Tampoco se escapa a la opinión pública que un adelanto electoral ni beneficiaba al PP ni al PNV, habida cuenta de las perspectivas favorables de voto de Ciudadanos, un partido que ironiza sobre el cuponazo y habla muy en serio de acabar con el cupo, un pacto clave en la relación del País Vasco con los sucesivos gobiernos de España. Ante tantos beneficios, es comprensible la decisión adoptada en última instancia por el PNV, cuyas relaciones con el soberanismo catalán tampoco son idílicas.
Las derivaciones políticas no deberían eclipsar la importancia de los presupuestos del 2018, que tienen una importante dimensión social –el gasto en este ámbito alcanza el 56% del total del Estado– y contienen medidas bien recibidas por el conjunto de la sociedad como la garantía de que el colectivo de pensionistas verá aumentada su prestación un 1,6% los dos próximos años. Este incremento es incluso superior entre quienes perciben las rentas más bajas y en el colectivo de viudas. Un tanto que ayer se atribuyó el PNV –Bilbao fue uno de los epicentros de las manifestaciones en contra de la congelación de las pensiones–, con el beneplácito tácito del PP.
En su globalidad, se trata de los presupuestos más holgados desde que empezó la crisis hace diez años. La buena coyuntura económica permite usar fondos para aumentar el gasto social, pero no está claro cómo se seguirá acometiendo la reducción del déficit público. Máxime si se mantiene la idea de aprobar descensos fiscales, actualizar el salario de los funcionarios después de años de pérdida del poder adquisitivo e incrementar de forma notable (un 15%) la inversión. Lo que significa que se trata de unos presupuestos más políticos que estrictamente económicos.