Prórroga sí, pero no a cualquier precio
La industria española debería invertir unos 6.000 millones para poder operar 50 años
El futuro de la energía nuclear en España depende de que las centrales logren renovar su licencia de explotación (que la Administración concede para períodos máximos de diez años), de manera que puedan superar los 40 años de funcionamiento. Las centrales que tienen más cerca el fin de sus licencias son Almaraz I y Almaraz II (en Cáceres), que expiran en junio del año 2020.
Las empresas propietarias quieren alargar la vida de los reactores. Pero no a cualquier precio. Se quejan del funcionamiento del actual sistema eléctrico y pugnan por obtener del Gobierno contrapartidas a cambio de seguir operando, sabedoras de que el Ejecutivo se muestra incluso más pronuclear, si cabe, que la propia industria.
Las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural…) juzgan excesiva la sobrecarga impositiva, argumentan que sufren pérdidas económicas y reclaman un mejor trato del Gobierno. Como aval arguyen que son la primera tecnología eléctrica (aportan el 21,2% de la producción). Por eso, quieren que se valore la estabilidad y fiabilidad que aportan al sistema (como se hace con las centrales térmicas, por estar disponibles y actuar de respaldo al sistema). Y que se aprecie su papel en la mitigación del cambio climático al no emitir CO2.
“Más del 40% del costes de la factura de la luz son impuestos ajenos al sistema eléctrico”, se queja Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear –que actúa también como patronal. Otros sectores opinan, en cambio, que los impuestos por los residuos nucleares o la financiación del futuro almacenamiento de estos desechos no pueden ser vistos como elementos ajenos al ciclo de vida del átomo.
El Gobierno va a dar todas las facilidades para que las nucleares puedan seguir operando. Las normas ya permiten que las eléctricas puedan retrasar la solicitud de renovación de la licencia hasta un año antes de que ésta expire (hasta ahora debían pedirla tres años antes). El Grupo Popular ha tramitado en el Congreso una proposición de ley con el ánimo de obligar a los dueños de nucleares a renovar la licencia.
Además, el grupo de expertos que ha asesorado al ministro de Energía, Álvaro Nadal (ante el debate sobre la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética), ha concluido que las nucleares deben funcionar, como mínimo, hasta el 2030. Si no fuera así, “no habría quien controlara la red eléctrica, no cumpliríamos los objetivos sobre reducción de CO2 y los precios de la luz se dispararían un 25%”, añade Araluce. El Foro Nuclear estima que las empresas deberían hacer inversiones valoradas en unos 6.000 millones de euros para adaptarse y incorporar las mejoras para poder seguir operando 50 años o algo más allá.
Y Ignacio Araluce no ve completamente despejado el horizonte: “Nosotros pensamos que la energía nuclear tiene un fin; o sea, que no vamos a vivir toda la vida y que dentro de unos cuantos años en España no va a haber energía nuclear”, se sincera.
Pero a corto y medio plazo, aparece como una necesidad. Por eso, Araluce ve como mero “brindis al sol” la previsión de la ley catalana de Canvi Climàtic de prescindir de las tres nucleares catalanas en el 2027 pese a que aportan un 55% de la electricidad en esta comunidad. “Es imposible”, sentencia, vista la necesidad de energía alternativa adicional que debería incorporarse. El papel lo aguanta todo. Pero las nucleares necesitan más de un empujón.
“La energía nuclear tiene un fin; no vamos a vivir toda la vida”, se sincera el presidente del Foro Nuclear