La política de la usurpación
Mucho suele hablarse de injerencia de obispos en política cuando opinan sobre cuestiones que en principio no les corresponderían. Esta es siempre una premisa delicada, por cuanto las iglesias (católica, luterana, anglicana…) son también actores de la vida pública, y por tanto tienen todo el derecho a aportar sus argumentos al debate general. Sin embargo, hay una línea infranqueable que separa claramente lo que es del César de lo que es de Dios: las elecciones. Que un sacerdote utilice su homilía para predicar las bondades de un partido político, o de un proyecto de carácter político, ante fieles que han acudido a la iglesia por motivos religiosos, es inaceptable. Como lo es que un obispo emplee su prominencia pública para hacer lo propio.
Dicho esto, menos parece preocupar el caso inverso, es decir, cuando los políticos instrumentalizan la religión. En las últimas semanas, he asistido a dos situaciones en las que gobernantes europeos no han tenido reparos en hacer un uso abusivo de símbolos o contenidos cristianos con fines electoralistas.
En Alemania, a finales de abril, el Gobierno conservador de Baviera aprobó una nueva norma por la que todos los edificios de la Administración regional deben colocar un crucifijo en lugar visible en el vestíbulo. La norma entrará en vigor el 1 de junio. El presidente bávaro, Markus Söder, la dio a conocer en una rueda de prensa en la Cancillería de Munich, en la que sostuvo que “la cruz no es un símbolo religioso; la cruz es el símbolo fundamental de la identidad cultural del carácter cristianooccidental”. Por ello, según su criterio, la medida no vulneraría el principio de neutralidad indicado en la Constitución alemana.
Él mismo colgó ante las cámaras una cruz en la Cancillería muniquesa. El luterano Söder, de 51 años, forma parte del partido que ha gobernado Baviera desde la posguerra, la Unión Social Cristiana (CSU), aliada histórica de la democristiana CDU de la canciller Angela Merkel. La mayoría de los 12,8 millones de habitantes de Baviera se declaran cristianos (el 55% católicos, y el 21% protestantes), y en octubre hay elecciones regionales, en las que Söder será candidato.
En las elecciones generales del año pasado, la CSU perdió votos ante la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), cuyo discurso antiinmigración y antiislam explota el malestar de parte de la ciudadanía alemana por la llegada al país, por decisión de Merkel, de más de un millón de refugiados desde el 2015. La CSU quiere revalidar mayoría en el Parlamento bávaro, y de ahí la súbita medida sobre el crucifijo.
También recientemente viajé a Hungría para cubrir las elecciones del 8 de abril, que dieron al primer ministro conservador ultranacionalista, Viktor Orbán, su tercera victoria consecutiva. En la campaña electoral se respiraba un ambiente de indebida apropiación política del cristianismo. Orbán, de 54 años, luterano, alude a una “Europa cristiana” amenazada por la “invasión migratoria”. Hungría es el país menos religioso de la Europa del Este: oficialmente los cristianos suman el 51% de la población –repartidos entre el 37% de católicos y el 14% de protestantes–, pero sólo el 13% de los húngaros va a la iglesia al menos una vez al mes (datos del 2008).
Paradójicamente, la retórica gubernamental sobre la verdadera esencia cristiana, que Orbán contrapone a las migraciones, cala en una sociedad secularizada, pero llena de miedos ante la globalización. De hecho, las palabras del papa Francisco sobre la obligación cristiana de asistir a los refugiados no han hallado respaldo unánime del episcopado magiar. “Id y decid a todos que la migración es el óxido que poco a poco, pero con toda seguridad, consumiría a nuestra nación”, emplazó Viktor Orbán en campaña a sus seguidores.
Parecidos mensajes esgrime el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, de 49 años, católico con raíces judías, que habla de “recristianizar la Unión Europea” mientras rechaza toda idea de acogida. En Polonia, el 87% de la ciudadanía es católica, y, con excepciones, el grueso de la jerarquía, clero y órdenes religiosas de la Iglesia se ha alineado con el Gobierno. Si una Europa más cristiana puede resultar atrayente para muchos cristianos del continente, conviene meditar en lo que hay detrás de esa voluntad enarbolada por partidos ultranacionalistas como el húngaro Fidesz y el polaco Ley y Justicia.
En Baviera, sí ha habido respuesta, y desde el núcleo mismo de la Iglesia católica bávara. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y Freising, y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, declaró al diario Süddeutsche Zeitung que la medida del crucifijo que impulsa la CSU genera división y que el verdadero debate está en “qué significa vivir en un país de raíz cristiana”, lo cual a su juicio implica tener en cuenta a cristianos, musulmanes, judíos y no creyentes.
El cardenal Marx, de 64 años, acusó al presidente de Baviera de no comprender el significado de la cruz, de querer reducirla a símbolo sólo cultural cuando es en esencia religioso, y de usurparla en nombre del Estado. “Al Estado no le corresponde explicar el significado de la cruz”, alertó Marx. Cuando los políticos instrumentalizan la religión o sus símbolos, el daño acaba siendo para la religión.
Ante el abuso electoral del cristianismo o de sus símbolos, como se ha visto en Hungría, Polonia o Baviera, los obispos y las iglesias deberían reaccionar