Ante la crisis política
Antonio Puigverd analiza la situación que se ha creado en España tras la condena al PP y la moción de censura al Gobierno. Y se pregunta: “¿No ha llegado, acaso, el momento de un gobierno técnico, de base unitaria, que se proponga el noble objetivo de salir del mal paso moral y territorial, poniendo las bases de una segunda y pactada transición?”.
Hay momentos en los que parece que todo se hunde. Detenían al exministro Zaplana cuando los jueces de la Audiencia Nacional dictaban una sentencia demoledora sobre el caso Gürtel: la gota que ha colmado el vaso de la crisis del régimen del 78. En vano esperaremos de Mariano Rajoy un gesto depurativo y depurador. La oposición intentará forzarlo con nuevas y deprimentes batallas parlamentarias, que acentuarán la depresión ambiental.
Nuestra democracia sale magullada de este juicio. Ha quedado demostrado que el partido más determinante de la España actual, el que más poder acumula desde los años noventa, mantenía una contabilidad paralela y opaca, estableció vínculos espurios con sociedades irregulares, se beneficiaba del tráfico de influencias, de la concesión irregular de servicios públicos y de otras transacciones ilegales. Nadie puede llevar máscaras eternamente. Rajoy empieza a descubrirlo, aunque seguramente se encastillará a la numantina; y hará recaer sobre el país sus errores y culpas.
La sentencia afecta, ciertamente, a políticos de segunda fila del PP. El único realmente conocido es el extesorero Bárcenas, célebre por su altivez y por su tren de vida. Si exceptuamos a la exministra de Sanidad Ana Mato, el resto de condenados son políticos menores. Ahora bien: al sostener que el PP ha mantenido vínculos de carácter lucrativo con una red corrupta, la sentencia también condena al partido como institución. Es inevitable valorar la sentencia como una sinécdoque, es decir: como la parte que explica el todo. A pesar de que los jueces condenan una pequeña parte del poder del PP, es lógico deducir que la parte corrupta es representativa de los usos del partido.
Casos de corrupción los ha habido y los hay en número tan elevado que desbordarían todas las fosas sépticas de España. Ahora mismo está en curso una investigación sobre el uso fraudulento de las ayudas a la cooperación por parte de la Diputación de Barcelona. El independentismo ha querido convertir esta investigación policial en una cortina pensada para eclipsar con materia catalana la sentencia del caso Gürtel. Pero la información que ha circulado coincide con lo que cualquier persona medianamente informada sabe sobre la manga ancha con que se fichan asesores, se subvencionan actividades o se externalizan servicios en las diputaciones de España.
Ahora bien, lo más significativo de la sentencia del caso Gürtel no es la corrupción genéricamente considerada. Lo realmente grave es que pone en cuestión la veracidad del testimonio del presidente del Gobierno. Los jueces sostienen que la palabra del presidente “no es lo suficientemente verosímil”. Esta frase de la sentencia es institucionalmente insoportable. Subrayémosla. Según la Audiencia Nacional el presidente del Gobierno declaró en un juicio (en el que tenía obligación de decir la verdad) de manera ilógica o improbable. Una democracia que no quiera avergonzarse de sí misma no puede tolerar que su presidente sea tachado por el poder judicial, si no de mentiroso, de testigo increíble. “La lengua entrenada en el engaño es más dañina que la espada”, decían los antiguos. Ningún sistema puede soportar una cantidad tan enorme de basura sin depuración. Ninguna democracia puede soportar una colección tan vasta de mentiras. Es cierto que en el Partido Popular hay gente honesta, militantes sinceramente comprometidos con el bien común y gobernantes limpios. Pero las pruebas de la putrefacción que se acumulan desde el caso Naseiro hasta la sentencia de la Gürtel exigen que esta organización visite el desierto durante una buena temporada, con el fin de iniciar un sano proceso de expiación y regeneración.
Es una paradoja que el partido que en mejores condiciones está de heredar el legado político del PP sea Ciudadanos, ya que mantiene vínculos ideológicamente íntimos con José M. Aznar, el forjador del PP. La mayor parte de los ministros de Aznar están imputados por corrupción; y muchos de los armadores de la Gürtel, empezando por Correa, desfilaron en la famosa boda de su hija. De Aznar no se habla, pero sobrevuela el escenario como un fantasma extraño y persistente. En cuanto al PSOE, frágil y dividido, no puede dar muchas lecciones de limpieza en pleno juicio de los ERE. Por otro lado, el pleito catalán, situado en una espiral de confrontación muy áspera, no parece el alimento ideal para una moción de censura: con el pretexto de la corrupción, las llamas territoriales podrían excitarse todavía más.
La situación, gravísima, evoca las dificultades del paso del franquismo a la democracia. En aquel tiempo, lo determinante no fue la generosidad y la valentía, como dice el tópico, sino el empate de impotencias. Volvemos a vivir un empate de impotencias. El régimen constitucional naufraga por tres causas: el pleito territorial, el conflicto intergeneracional y el tsunami de la corrupción. ¿No ha llegado, acaso, el momento de un gobierno técnico, de base unitaria, que se proponga el noble objetivo de salir del mal paso moral y territorial, poniendo las bases de una segunda y pactada transición?
De Aznar no se habla, pero sobrevuela el escenario como un fantasma extraño y persistente