Dinero para investigar
Una enmienda a ley de Presupuestos desencalla la paralización de los centros
Una enmienda a ley de Presupuestos desencalla la paralización de los centros de investigación.
Los centros de investigación respiran aliviados al conocer que ya no estarán estrangulados por unos trámites burocráticos que han paralizado las compras de material y la contratación de servicios en los últimos dos meses. Una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales, aprobada la semana pasada, cambia la cuantía máxima que una institución pública de ciencia puede facturar sin pasar por licitación o concurso público. De los 15.000 euros iniciales que establecía la ley se ha aprobado, tras la enmienda, a 50.000 euros.
El origen del problema se encuentra en la trasposición de una norma comunitaria que ordena la regulación de la contratación del sector público para garantizar la transparencia y una buena relación entre la calidad y el precio de las compras públicas. Con este fin, el 8 de noviembre del 2017 se aprobó en el Congreso la ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen las directivas europeas sobre la materia, que fueron aprobadas en el 2014. Entró en vigor el pasado 9 de marzo, con un periodo de dos meses de adaptación.
Esta ley regula las compras que no requieren procedimientos especiales, como licitaciones o concursos públicos. Este tipo de contrato “menor” se limitó a 15.000 euros, es decir, el tope máximo que una empresa podía comprar de un producto de una marca determinada. De modo que un centro de investigación que el año pasado presentara 20 concursos públicos pasaría, con el límite inicial, a convocar 200, según cálculos del sector. Eso implicaba aumentar exponencialmente el papeleo y el tiempo dedicado a la administración cuando el objetivo de la ley, mejorar la transparencia, ya está recogido en las auditorías obligatorias, nacionales e internacionales, que los proyectos pasan durante su realización y después.
Los gerentes de las universidades tenían que calmar a los investigadores porque las compras se paralizaron abruptamente en marzo para no incumplir la ley. La norma atañe no sólo a las universidades sino también a todos los agentes públicos del sistema de ciencia y tecnología, como organismos públicos de investigación e instituciones del Sistema Nacional de Salud. A la ciencia española, que lamenta las condiciones de escasa financiación en que se encuentra, se le añadió una carga burocrática.
La Conferencia de Rectores Universitarios Españoles (CRUE) creó una comisión específica para aclarar este tema y entablar conversaciones con partidos políticos y con el Gobierno. También lo hizo la alianza SOMMa, formada por los centros y unidades de excelencia en investigación distinguidos por el Programa Severo Ochoa y María de Maeztu, que se entrevistó con todos los partidos políticos y elaboró un informe para salvaguardar la competitividad de la ciencia española que se refería específicamente a la cuantía de los contratos menores. “Celebramos la receptividad de todos los partidos políticos que han votado a favor de la enmienda”, sostiene Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica (CRG) y presidente de SOMMa. “Ahora los centros podemos operar con más tranquilidad”.
Para los campus, no se trata sólo de un problema de cuantía de contrato. “Las universidades están muy descentralizadas económicamente –explica Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada–, y el dinero que se gasta en un departamento no lo conoce otro”. Pone de ejemplo los reactivos de laboratorio que pueden ser adquiridos por varios centros sin conocimiento de los otros. “El problema es que los proyectos de investigación son autónomos respecto a la gestión central de la universidad, lo que complica enormemente el cumplimiento de esta norma”, explica Julio Albalde, rector de la Universidad de A Coruña y presidente de la comisión que trabaja para facilitar a las universidades una interpretación común de la norma.
“Estamos en conversaciones con la secretaría de Estado de I+D, responsable de las políticas de investigación científica y técnica, para que la gestión económica en las universidades sea lo más fácil posible”, admite Albalde.
Los investigadores podrán comprar material por valor de 50.000 euros sin convocar concurso