Escalofrío en la espina dorsal de la banca
El pasado cuatro de mayo un escalofrío sacudió la espina dorsal de la banca española. Un conocido diputado socialista explicó a José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), que el PSOE estaba dispuesto a pactar con Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Función Pública, la aplicación de un impuesto especial sobre los beneficios de las entidades financieras para financiar los aumentos de las pensiones y el déficit de la Seguridad Social.
La mala nueva, desde el punto de vista de los banqueros, corrió como la pólvora y los fontaneros oficiales de la gran banca se engancharon a sus móviles, activando los contactos políticos para saber qué estaba pasando y cuán real y próximo era el peligro. Si la idea avanzaba, el precio de las acciones de los bancos bajaría, pues los inversores descontarían inmediatamente la nueva merma fiscal.
Es obvio que ahora, la moción de censura presentada el viernes por Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, deja en la cuneta esa vía de acción, prácticamente por todo lo que resta de legislatura. También la aproximación inicial para el nombramiento del nuevo Gobernador del Banco de España.
Pero, efectivamente, los movimientos para estudiar la viabilidad de un impuesto especial que aliviara el déficit de las pensiones ya estaban en marcha. Simples contactos, según fuentes socialistas, cuyo equipo encabeza Manuel Escudero. Desde el primer momento se han mostrado incómodos ante la perspectiva de hacerse la foto con el Gobierno del PP. Y eso pese a que el PSOE había anunciado en enero pasado una propuesta en ese sentido, un impuesto del 8% sobre la base imputable del impuesto de sociedades de la banca, es decir sin posibilidad de aplicar deducciones.
Más en serio se tomaban los “contactos” en el Ministerio de Hacienda, tanto por la necesidad de financiar el pacto sobre aumento de las pensiones según el IPC este año y el próximo, firmado con el PNV para salvar los presupuestos de este año (con un coste estimado de unos 3.300 millones para el conjunto de los dos ejercicios), como por la necesidad de dar una respuesta a la marea pensionista, agitadora de uno de los caladeros de votos más nutrido del Partido Popular. También del PSOE.
Montoro lleva ya tiempo combinando el mensaje de que bancos y grandes empresas pagan muy pocos impuestos sobre sus beneficios, un 7% de promedio según aseguró el ministro en declaraciones públicas y que por ello ahora les toca a ellos elevar solidariamente su aportación a las arcas públicas. En el caso de la banca, porque ella fue la que puso en situación más complicada a la economía española en los años de la crisis del euro y la que, por varias vías recibió más apoyos financieros y políticos del Estado. Se trataba de aprobar un impuesto especial, aunque de duración indefinida, sin destino finalista. No lo permitiría Europa pero el mensaje a la sociedad sería inequívoco: su destino es financiar el pago de las pensiones.
Hace apenas diez días, el ministro fue más explícito, siempre sin desvelar el contenido de lo que estaba en juego, en unas jornadas organizadas en Madrid por el diario El economista: “Necesitamos al PSOE” para pactar las subidas de impuestos y pagar los gastos de la Seguridad Social.
En realidad, Montoro estaba elevando varios grados más la presión sobre el PSOE con el objetivo de que se aviniera a participar en una pinza sobre Ciudadanos, el competidor electoral de ambos en estos meses cruciales marcados a fuego por la crisis catalana.
El jienense había ensayado con éxito una primera versión con los vascos del PNV. Tras pactar los presupuestos con los de Rivera incluyendo una subida del 2% para las pensiones mínimas, Montoro se descolgó un día después aupando el alza al 3%. Por su propia cuenta y dejando en fuera de juego a Rivera, que se había apresurado a presumir del ya raquítico 2%. El segundo paso de la pieza fue ya el pacto con el PNV. Subida para todos y en línea con el IPC.
Ahora, un acuerdo GobiernoPSOE para asegurar el futuro de las pensiones y que sería la viga estructural que aseguraría la renovación del pacto de Toledo, transmitiría a los millones de pensionistas que los dos partidos tradicionales españoles aseguraban uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, junto con la sanidad y la educación. Fuera del consenso, a Ciudadanos no le quedaría más salida que sumarse, como un invitado intrascendente, o rechazarlo como un grupo liberal sin compromiso social.
En el esquema ejecutado desde Hacienda, el siguiente movimiento implicaba la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace ya un lustro. Un expediente especialmente sensible para el secretario general del PSOE, que tiene en la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, una de sus principales opositoras internas y apuesta por una negociación directa de la financiación autonómica sin interferencias de la dirección central de su partido. Ahora, todo queda en suspenso, mientras en el mundo económico crecen las voces que reclaman elecciones antes que tarde.
FISCALIDAD
El PSOE y el Gobierno estudiaron un impuesto especial a la banca para las pensiones
PINZA
El Ejecutivo intentaba salvar el bipartidismo excluyendo a Cs de las principales medidas