Crítica al 155
Acusa a los jueces de falta de imparcialidad sobre el ‘procés’
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, afirma que el Gobierno central se ha extralimitado en la aplicación del 155.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ofrece un balance contundente y grave de las consecuencias judiciales y políticas derivadas del 1-O y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.
El informe Vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas en ocasión de la reacción penal al 1-O, que presentó ayer al president del Parlament, Roger Torrent, carga de forma directa contra la acción del Estado y los tribunales a la hora de abordar el conflicto catalán, el referéndum de octubre o la declaración unilateral de independencia. Para Ribó, los jueces no han sido imparciales, el Gobierno central se ha extralimitado en la aplicación del 155 y los derechos políticos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez o Jordi Turull no han sido respetados.
“Es preocupante que personas que han sido elegidas y que están en posesión de sus derechos políticos no puedan ser candidatas a la presidencia de la Generalitat”, señala el informe en referencia al expresident, ahora en Berlín, y a los otros dos candidatos en prisión preventiva. Ribó vuelve a reclamar la liberación de los políticos presos, y subraya que los jueces han abusado de esta herramienta.
El informe expone una lista detallada de lo que considera agravios y excesos, entre los cuales destaca la propia aplicación del artículo 155. Según el Síndic, el Gobierno central carece de base legal para usarlo tal y como lo ha hecho. “La disolución del Parlament y la destitución del Govern difícilmente se pueden considerar habilitadas” por la Constitución, indica. Por ello, exige la restitución completa del autogobierno y el fin del control de las finanzas de la Generalitat.
La reacción del Gobierno central y los tribunales ante la declaración de independencia del 27 de octubre, “tanto si fue simbólica como si no”, la considera desproporcionada. Aunque afirma que la desobediencia de los miembros del Govern al Tribunal Constitucional fue “explícita y palmaria”, esto no justifica, a su entender, la imputación por los delitos de rebelión y sedición. Se trata, indica, de “acusaciones desproporcionadas basadas en hechos manifiestamente distorsionados”. El Síndic pide de nuevo que se investiguen a fondo las cargas policiales realizadas contra votantes el 1-O y que se depuren responsabilidades.
La situación en Catalunya es “excepcional”, continúa el Síndic en el informe, y por lo tanto requiere de un “amplio diálogo” para solucionar el conflicto.
Ribó exige la liberación de los políticos presos y el fin de la intervención de la Generalitat