La Fiscalía alemana insiste en pedir la entrega de Puigdemont por rebelión
El Tribunal de Schleswig-Holstein se tomará un mes para dar la resolución final
La Fiscalía General de SchleswigHolstein (SH), el land alemán donde se dirime el futuro de Carles Puigdemont, presentó ayer la solicitud formal y definitiva de extradición del expresidente de la Generalitat a España, y lo hizo insistiendo en los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, según anunció en un comunicado.
La Fiscalía alemana respaldó así de nuevo enteramente las tesis del juez Pablo Llarena, y vertió además algunos reproches sobre el Tribunal Superior Regional (Oberlandesgericht) de SH, que tomará la decisión final. (No es recurrible, pero Puigdemont sí podría pedir amparo al Tribunal Constitucional.)
En sendas resoluciones preliminares, este tribunal ha rechazado la entrega por rebelión –en la segunda también rechazó la sedición–, y ha planteado dudas sobre la malversación. Ayer, el Oberlandesgericht dio acuse de recibo de la solicitud de la Fiscalía, y alertó de que su resolución final puede tardar. “Está por ver si la decisión se tomará en este mes de junio”, avisó en una nota.
Según la normativa europea de euroórdenes, debe decidirse sobre una posible extradición en un máximo de 60 días desde la detención –Puigdemont fue arrestado el 25 de marzo–, aunque puede haber 30 días más en casos excepcionales. El plazo estándar de dos meses venció la semana pasada, por lo que el proceso se halla en el mes de prórroga.
La decisión de la Fiscalía alemana de insistir en los delitos que Llarena atribuye a Puigdemont obliga al tribunal a reevaluarlos. “A pesar de las resoluciones parcialmente contrarias del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, la Fiscalía General mantiene su parecer en cuan- to a que la extradición es admisible tanto en la acusación de rebelión como en la de malversación de caudales públicos, interpuestas por las autoridades españolas”, dice el comunicado de la Fiscalía alemana.
Pero, además, la Fiscalía considera que el tribunal se está extralimitando en el manejo de la euroorden al cuestionar la información suministrada por el juez Llarena. “En el marco del procedimiento de extradición –señalan los fiscales–, la materia decisiva para determinar qué hechos se reprochan al encausado es argumento de las autoridades judiciales españolas, y no está sujeto a examen del poder judicial alemán”.
Según el equipo de la fiscal jefe Sarah Führer, el material adicional enviado a posteriori por el juez español “prueba de forma manifiesta la dimensión de los enfrentamientos violentos ocurridos en Catalunya el día del referéndum, que son atribuibles al acusado”. La Fiscalía recuerda entonces que el propio Tribunal de SH, en una resolución del pasado 5 de abril, atribuyó a Carles Puigdemont la responsabilidad de los disturbios del 1-O.
En efecto, en aquella resolución el tribunal consideró que “el señor Puigdemont, como iniciador y propugnador de la implementación del referéndum, debe ser considerado responsable de los actos de violencia cometidos ese día”, aunque, según el criterio del tribunal, la violencia desatada no bastó para doblegar al Gobierno. Por ese motivo, los jueces de Schleswig-Holstein
El ministerio público cree que el tribunal se excede al estimar unos hechos que deben evaluarse en España
han entendido hasta ahora que el delito español de rebelión no equivale al alemán de alta traición.
La Fiscalía de SH les replicó ayer de nuevo que sí los ve equiparables. Y, como ya había apuntado en un escrito del 9 de mayo, señaló también el delito de caso especialmente grave de perturbación del orden público (Landfriedensbruch), que guarda similitudes con el cargo español de sedición, indicado por Llarena como subsumido en el de rebelión.
Sobre malversación de caudales, la Fiscalía dice que “es irrelevante si los hechos son punibles según el derecho alemán”, por estar ese delito englobado en el de corrupción, uno de los 32 que en una euroorden no precisan doble tipificación.
Otros argumentos de la Fiscalía son que Carles Puigdemont no corre riesgo de persecución política en España –como también aseveró el propio tribunal en su resolución del 5 de abril–, y que “un Estado constitucional democrático tiene derecho a contrarrestar los ataques a su existencia, mediante el derecho penal”. La Fiscalía señala también que, a diferencia de los fiscales belgas, no ve defecto de forma alguno en la euroorden española.