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El horizonte político ante la llegada simultánea al poder de Quim Torra y Pedro Sánchez, y la clausura del Festival Primavera Sound.
EL pasado sábado tomó posesión en Barcelona el nuevo Govern. No ha sido fácil llegar a constituirlo. Han transcurrido casi cinco meses y medio desde las elecciones del 21-D. Y en este periodo han proliferado las argucias y demoras orquestadas desde Bruselas o Berlín por Carles Puigdemont. Sin duda, porque se antepuso la política de confrontación con el Estado español al derecho y la urgencia que tiene cualquier comunidad, en este caso la catalana, a ser administrada con la mayor eficacia posible. Querríamos pensar que todo eso forma ya parte del pasado. Puigdemont designó a Quim Torra como su presidente vicario. Pero, de hecho, es a Torra y a sus consellers a quienes corresponde empuñar ahora las riendas del Govern, para hacer frente a los problemas más acuciantes, dar respuesta a las necesidades de los catalanes y planificar un futuro de progreso.
La toma de posesión del Govern del sábado casi ha coincidido con la del nuevo Gobierno español, prevista para los próximos días. Tal coincidencia llega, como es bien sabido, después de que triunfara la moción de censura socialista mediante la que Pedro Sánchez ha echado a Mariano Rajoy de la Moncloa. Es obvio que este cambio de ciclo nos sitúa ante un horizonte complejo, en el que no será fácil trazar políticas de consenso entre todas aquellas formaciones que apoyaron la moción. Pero hay que intentarlo. No cabe ignorar que este cambio ofrece ventajas para Catalunya. Y para España. Al menos, tres ventajas.
La primera ventaja es un escenario político estatal en el que la tensión se ha visto relajada. Las ofertas de diálogo efectuadas el jueves por Pedro Sánchez y la buena recepción que estas hallaron en el independentismo –todas ellas tejidas en discretos contactos previos– abonan un terreno más propicio al desbloqueo de la situación política en Catalunya e, incluso, a hallar salidas al actual impasse. La segunda ventaja es que sobre el colchón de esta recuperada distensión debería ser más fácil explorar vías que nos conduzcan a avances el autogobierno catalán. Y la tercera ventaja es que se dan ahora mejores condiciones para rehacer el diálogo institucional y, por tanto, una cierta normalidad en las relaciones entre las distintas administraciones.
Estas tres ventajas, debidamente manejadas, ofrecen una nueva oportunidad para Catalunya, cuyo potencial debe ser explotado ahora por las fuerzas catalanas con representación en el Congreso de los Diputados, corresponsables de la llegada de un nuevo Gobierno. Es decir, por el PDECat y por ERC, dos formaciones que suman quince escaños en Madrid, pero cuya influencia reciente ha sido muy inferior a la de los cinco diputados del PNV, capaces primero de salvarle los presupuestos a Rajoy y, al poco, de desalojarle de la Moncloa.
Cada tiempo presenta su oportunidad, al alcance de quien sepa aprovecharla. A menudo, eso requiere un plus de pragmatismo. El PDECat parece haber echado a andar por ese camino en sus contactos con Sánchez previos a la moción. También mantuvo después ese tono, sin renunciar a sus reivindicaciones, desde la tribuna de oradores. ERC, por su parte, ya ha dado en los últimos meses signos de pragmatismo, sobre todo en comparación con las políticas de Puigdemont. Pero alguno de sus representantes característicos –por su agresividad– en el Congreso quizás no responda al perfil idóneo para unos tiempos que piden más espíritu constructivo y más responsabilidad.