La ley del aborto en el Ulster es “contraria a los derechos humanos”
El Gobierno conservador británico se enfrenta a presiones cada vez más fuertes para liberalizar el aborto en Irlanda del Norte, después de que el Tribunal Supremo expresara ayer la opinión de que las actuales restricciones existentes en la provincia “son incompatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos”.
Después de que la República de Irlanda aboliera en referéndum el mes pasado la octava enmienda constitucional que prohibía el aborto salvo en los casos más extremos, la legislación del Ulster es la más restrictiva de las islas Británicas, ya que impide la práctica incluso en supuestos de violación, incesto y deformación del feto y la permite únicamente si corre peligro la vida de la madre o su salud “puede quedar dañada de manera grave y permanente”.
El pronunciamiento del Tribunal Supremo carece de efecto vinculante, porque se trata de una opinión y no de una sentencia. El caso al que se refería fue desestimado por considerar que no había “víctima propiamente dicha”, ya que fue presentado por la Comisión Norirlandesa de derechos Humanos en nombre de Sarah Ewart, una mujer que en el año 2013 viajó a Inglaterra para abortar después de que los médicos le informaran que su bebé moriría sin duda nada más nacer.
Para que el Tribunal Supremo se pronuncie de manera vinculante y obligue a cambiar la legislación, señalaron los jueces, es necesario que la demanda sea presentada por una mujer norirlandesa que haya sido víctima de una violación, que su criatura sea fruto de un incesto o tenga un feto afectado por una deformidad. Pero aun así, optaron por expresar la incompatibilidad de la legislación vigente con la normativa europea de derechos humanos.
Los ultraconservadores protestantes del DUP (Partido Democrático del Ulster) se oponen con fuerza al aborto. Y como son los socios informales de coalición del Gobierno tory británico, la primera ministra May se ha lavado hasta ahora las manos en el asunto, indicando que se trata de una competencia de la autonomía de Stormont y son los propios partidos norirlandeses los que en todo caso deben abordarla.
El Gobierno autónomo del Ulster se encuentra sin embargo suspendido desde enero del 2017 por discrepancias entre los protestantes unionistas del DUP –partido mayoritario en la provincia– y los católicos republicanos del Sinn Féin, cuya líder, Michelle O’Neill, se ha declarado partidaria de liberalizar el aborto.
El año pasado, 919 mujeres norirlandesas terminaron sus embarazos en Inglaterra, un incremento del 25% respecto al 2016.