El Govern anula el contrato de ATLL, que volverá a ser pública en enero
Acciona reclama al menos 308 millones por la reversión anticipada de la concesión
Aigües Ter Llobregat (ATLL) volverá a ser pública en enero del 2019, según la previsión del Govern, que ya ha comunicado la anulación del contrato de gestión que tiene con la sociedad concesionaria, que controla Acciona y que seguirá prestando el servicio hasta que la sustituya la nueva compañía. La consellera de Presidència y portavoz, Elsa Artadi, informó ayer tras la reunión del gabinete que preside Quim Torra de esta reversión anticipada de la concesión con la que “se abre la puerta” a iniciar los trámites para la creación de una “entidad de derecho público” que asumirá el abastecimiento de agua en alta en la región de Barcelona en la que viven cerca de cinco millones de personas.
Esta reversión anticipada obligará a compensar a la concesionaria. Acciona cifra esta cantidad en al menos 308,3 millones. Este es el importe total que, según el grupo que preside José Manuel Entrecanales, se deriva del pliego de condiciones de la licitación y del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público. El efecto económico-financiero estimado al cierre del 2017 era, por un lado, de 268,8 millones por el reembolso de la parte no amortizada del canon de la concesión y, por otro, de 39,5 millones, de la parte no amortizada de las obras, instalaciones y otras inversiones realizadas. Pero la factura podría ser mayor, porque se sumarán cantidades adicionales por daños y perjuicios y quizás también por lucro cesante, ya que la concesión se adjudicó para 50 años y sólo va a durar cinco. El actual Govern no ha detallado cuánto está dispuesto a pagar. La cuantía se fijará en una comisión de liquidación en la que participarán los departamentos de Territori y de Economia. En las cuentas del 2014 ya se provisionaron 380 millones para el caso de que se tuviese que rescindir el contrato.
La gestión de ATLL se adjudicó en noviembre del 2012 a un consorcio encabezado por Acciona, grupo que hoy tiene el 76% de la sociedad. Es la mayor privatización de la historia de la Generalitat, que le permitió ingresar 298 millones ese ejercicio y apuntarse contablemente 1.000 millones, correspondientes a los 50 años de la concesión. Fue la última operación formalizada por el entonces conseller de Territori, Lluís Recoder, con Andreu Mas Colell como titular de Economia del Govern que presidía Artur Mas y salvó el déficit público de aquel año.
La adjudicación a Acciona desencadenó un largo proceso judicial a instancias de Agbar, el otro aspirante a hacerse con la gestión, que finalizó el pasado febrero con la ratificación por parte del Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de junio del 2015 que anuló el concurso de adjudicación por no respetar el principio de igualdad y libre concurrencia. En cualquier caso, no se convocará un nuevo concurso para volver a externalizar el servicio. El Govern ha asumido el mandato del Parlament de recuperar la gestión pública aprobado en marzo del 2016, así como la disposición adicional tercera de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2017, que iba en la misma línea. Torra asumió en la sesión de su investidura del pasado 14 de mayo el compromiso de revertir esta privatización.
ADJUDICACIÓN FALLIDA La medida llega tres meses y medio después de la sentencia que tumbó el concurso
COMPROMISO DEL EJECUTIVO Torra dijo en su investidura que se recuperaría la gestión de la compañía