Sánchez se plantea presidir la comisión de Asuntos Económicos
El presidente del Gobierno delegaría en Calviño cuando no asistiera a las reuniones
El caos comunicativo que generó la primera rueda de prensa del nuevo Gobierno, tras estrenarse en el Consejo de Ministros del viernes, a cuenta del anuncio del presunto levantamiento de las medidas de control financiero sobre la Generalitat, ha puesto sobre la mesa la difícil tarea del recién estrenado equipo económico. El lío desembocó en un comunicado de Hacienda, al final de la tarde, que no acababa de dejar clara la realidad. Y esta es que el Gobierno no había acordado nada nuevo, pues las medidas especiales de control, la aprobación previa del Estado de cualquier pago del Ejecutivo catalán, habían dejado de estar vigentes en el momento en el que se constituyó el Govern y con ese mismo acto dejó de estar vigente el artículo 155. De hecho, las consellerias ya habían recuperado desde hacía días la anterior práctica de pagar con normalidad sin esperar el placet de Madrid.
Las dificultades de la ministra portavoz, Isabel Celaá, para explicarse cabalmente, más allá de resaltar el mensaje político de que el nuevo Gobierno no quería estrenarse añadiendo un nuevo equívoco al asunto catalán, resalta el reto que supone un Ejecutivo en el que buen número de sus integrantes, pese a su elevada cualificación, no acumulan experiencia en la gestión pública y la dinámica legislativa y parlamentaria.
El Gobierno Sánchez nace con buena imagen y alto voltaje competencial pero sin un programa definido, especialmente en lo económico. De hecho y pese al elevado número de ministerios con implicaciones económicas, siete, Sánchez no ha creado una vicepresidencia para este ámbito y se inclina por repetir el modelo de su antecesor, presidiendo él mismo la comisión delegada para Asuntos Económicos, según indicaban ayer fuentes próximas a la Moncloa. Un indicio, tal vez, de que la agenda del Gobierno Sánchez tendrá un cariz más político que económico.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, sería la encargada de suplir al presidente cuando este no asistiera a las reuniones de ese órgano clave en la política económica del Gobierno, según las mismas fuentes. Todos estos son indicios que evidencian la conciencia de que es necesaria una coordinación de los siete ministerios económicos, y evitar que la igualdad formal de las ministras más implicadas en el área actúen en el mismo sentido. Resaltar el papel de Calviño debe servir para enviar a Bruselas el mensaje de que la batuta la llevará la persona que hasta ahora se encargaba del presupuesto comunitario. La comisión delegada marca y filtra la agenda económica de los consejos de ministros y da por sí misma la aprobación a una gran parte de las medidas del Gobierno en ese amplio ámbito. En Bruselas tomarán buena nota de que su excolega Calviño tiene un rango especial respecto al resto del equipo económico.
Pero los atributos que otorga ese laurel a la responsable de Economía deben calibrarse en el contexto de un Gobierno que incorpora otros ministros económicos con un elevado peso político en su calidad de representantes del núcleo duro del partido, especialmente José Luis Ábalos, número dos del PSOE y responsable de Fomento; María Jesús Montero, Hacienda, y Magdalena Valerio, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El primero gestiona la cartera más inversora de cualquier Gobierno en todo el territorio y por esa vía tiene interlocución directa con todas las comunidades autónomas a través de sus máximos dirigentes, los barones.
Montero, por su parte, suma a su condición de ministra de Hacienda, con la llave de los ingresos y los gastos, la condición de representante en el ejecutivo de Susana Díaz, presidenta de la Junta andaluza. Su nombramiento blinda a Sánchez contra las críticas que su fratricida rival del sur pueda sentir la tentación de lanzar contra las propuestas de la ministra de Hacienda para reorientar el vigente sistema de financiación autonómica, especialmente las posibles medidas de quita o perdón de deuda a las comunidades más endeudadas con el Estado, encabezadas de lejos por Catalunya. Tanto por lo que se refiere a esta última comunidad como por la cercanía de las elecciones municipales y de la mayoría de las autonómicas, las decisiones sobre la financiación tendrán prioridad en la agenda del nuevo Gobierno.
En el caso de la responsable de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, su cometido es afinar el mensaje para el mayor colectivo
MINISTERIOS
Calviño opera en un contexto en el que hay otros ministros con alto voltaje político
SIN VICEPRESIDENCIA
Es un indicio de que la agenda del Gobierno será más política que económica
PROGRAMA
El nuevo Ejecutivo no ha definido aún sus prioridades en materia económica
social del país, y por ello el principal núcleo de votantes, los pensionistas actuales y futuros, dándoles seguridades sobre la solvencia del sistema público de pensiones.
Reducir el déficit anual de la Seguridad Social, 18.000 millones de euros y financiar la actualización de las pensiones según el IPC, unos 3.000 millones los dos primeros años, en el contexto de reducción de déficit del Estado acordado con Bruselas constituye el principal desafío de la política económica española.
Magdalena Valerio, en su condición de secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE, acompañó al jefe del equipo económico de los socialistas, Manuel Escudero, en los discretos contactos que mantuvieron con Cristóbal Montoro, el anterior ministro de Hacienda, y su equipo para estudiar un posible acuerdo de imposición de un impuesto especial a la banca y las grandes empresas, en el marco de un plan fiscal para financiar el sistema público de pensiones. Las conversaciones quedaron aparcadas a la espera de que los presupuestos del Estado del Gobierno de Mariano Rajoy salieran aprobados en las Cortes, con el voto contrario de los socialistas. pero por el camino se cruzó la sentencia Gürtel y la inesperadamente victoriosa moción de censura de Sánchez.
El giro relámpago de la situación política llevó a Sánchez a hacer suyos unos presupuestos que no quería y a renunciar a unos pactos económicos que ahora tal vez tendrá muy difícil sacar adelante por las dificultades de la aritmética parlamentaria.