Una progresista será fiscal general del Estado
La actual fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, tendrá un papel relevante ante el proceso del 1-O
María José Segarra, actualmente fiscal jefe de Sevilla, será propuesta en el próximo Consejo de Ministros como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Julián Sánchez Melgar, cuyo cese era preceptivo tras la caída del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Su sucesor en la presidencia, Pedro Sánchez, ha optado por Segarra a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Entre ambas fiscales existe una relación de estrecha amistad desde hace muchos años, prácticamente desde sus tiempos de estudiantes de Derecho.
Como Delgado, Segarra, de 54 años, es una fiscal progresista, que ha participado en las recientes movilizaciones de las carreras judicial y fiscal en reivindicación de mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo de jueces y fiscales. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la izquierda de la carrera. En las últimas elecciones para formar parte del Consejo Fiscal, máximo órgano de representación de la carrera, obtuvo 854 votos entre sus compañeros de profesión, por delante de la propia Delgado, que consiguió 700.
El Gobierno se ha tomado su tiempo para elegir a la persona idónea al frente de la Fiscalía General. La ministra tenía claro el nombre de Segarra desde su acceso al cargo, pero había otros candidatos, en especial Pedro Crespo, actual fiscal jefe de lo Contencioso en el Supremo. Al final, en la elección de María José Segarra ha primado la estrecha relación de confianza que la une a la titular de Justicia.
En relación con el debate planteado sobre el perfil idóneo para el cargo siempre se ha destacado la especial relevancia que en los próximos meses va a tener el cierre de la causa sobre el 1-O y el posterior juicio oral contra los exmiembros del Govern y del Parlament. Hay que tener en cuenta que desde la Fiscalía General se va a dirigir al equipo de cuatro fiscales del Tribunal Supremo (TS) que se encargan de dicho procedimiento judicial. Son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En definitiva, fiscales de Sala del Supremo –es decir, de la máxima categoría en la carrera– que ya tienen su sede y sus despachos en la Fiscalía General y que ya han trazado una línea argumental muy clara en relación con la causa del 1-O y la tesis de que los hechos fueron constitutivos de un delito de rebelión.
Segarra, por tanto, se pone a los mandos de un tren que está en marcha y que lleva bastantes kilómetros hechos con una determinada hoja de ruta. Y al frente de un equipo que ya tuvo algún desencuentro con el fiscal general
Segarra tendrá que cuadrar los objetivos del Gobierno con las posiciones que ha defendido la Fiscalía
saliente a propósito del trato que se debía dispensar a alguno de los exconsellers en prisión incondicional. En concreto, con respecto al exconseller de Interior Joaquim Forn. Sucedió cuando Sánchez Melgar ordenó a dichos fiscales que pidieran la puesta en libertad de Forn. Y lo hicieron, pero subrayando que actuaban de este modo por orden del fiscal general del Estado. Es decir, dejando claro que lo hacían porque habían recibido esa instrucción de su jefe superior, y no necesariamente por voluntad propia.
En definitiva, la nueva fiscal general llega a un destino donde otros llevan mucho tiempo trabajando el terreno. Su reto es que su labor de dirección, y no sólo en relación con el caso 1-O, pueda no desentonar con las prioridades del nuevo Gobierno en materia de política criminal, sobre todo cuando haya que aplicarla a los procesos más sensibles. En todo caso, la sintonía personal y la relación de confianza con el Gobierno –elemento este último básico para el desempeño de ese cargo– parecen garantizadas.