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La condena del Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de cárcel a Iñaki Urdangarin, y la cumbre celebrada ayer en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong Un.
EL Tribunal Supremo (TS) condenó ayer a cinco años y diez meses de cárcel a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey. El fallo del TS le imputa delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, fiscales y de tráfico de influencias. A grandes rasgos, esta sentencia se parece mucho a la dictada en febrero del 2017 por la Audiencia de Palma. La única diferencia estriba en que no considera el delito de falsedad en documento público y rebaja la condena cinco meses. En todo caso, son ya muy elevadas las posibilidades de que una persona con vínculos tan directos con la monarquía y, por tanto, con la jefatura del Estado acabe ingresando en prisión.
Urdangarin fue convocado ayer por la Audiencia palmesana para que acuda hoy a recoger el mandamiento de prisión. Pero la fecha de ingreso en la cárcel todavía no está fijada. La defensa del condenado podría ahora solicitar el indulto, o bien pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC), reclamando a la Audiencia que deje en suspenso la sentencia hasta que aquel resuelva si admite a trámite el recurso. En función de lo que decidiera el TC, Iñaki Urdangarin podría seguir en libertad durante un tiempo. Pero todo indica que el círculo se va cerrando y que gana enteros la posibilidad de que España vea entrar en prisión al marido de una infanta.
El caso Nóos fue abierto como tal en el 2010, aunque sus raíces se remontan a varios años atrás. Eso nos lleva a una primera conclusión: la administración de justicia en nuestro país es lenta, muy lenta. Aunque, obviamente, esa no es la principal conclusión. La más relevante es que la justicia no hace distingos en función de los apellidos de los encausados y que, aunque sea con gran demora, acaba juzgando y condenando a quienes observaron conductas impropias. Y con mayor motivo cuando quienes se comportaron de tal modo lo hicieron amparándose en su status o en sus relaciones al más alto nivel estatal. Hace unos pocos lustros, esto hubiera sido algo más difícil de imaginar. En los primeros años del siglo en curso, cuando se produjeron los hechos que ahora merecen condena, los usos eran otros. Se vivían tiempos de bonanza económica y todo parecía permitido a quienes ocupaban posiciones de privilegio. Como de costumbre. Hasta que dejó de regir tal costumbre y determinadas conductas pasaron a ser inadmisibles, fuera cual fuera el linaje de su responsable.
El fallo del TS conocido ayer –que además de a Urdangarin condena también a una pena similar a su exsocio Diego Torres, a tres años y ocho meses al expresidente Matas y rebaja el pago de una multa a 136.950 euros a la infanta Cristina– motivó reacciones diversas. En el PP se oyeron voces pidiendo que nadie manchara la imagen de la monarquía. En Podemos se establecieron lazos entre monarquía y corrupción. En el Gobierno se expresó respeto por las decisiones judiciales... Todos ellos tienen derecho a opinar. Pero lo más significativo, creemos, es que la sentencia prueba que todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley y deberán responder ante un tribunal si la quebrantan. Esta puede ser una mala noticia para quienes delinquieron. Pero es buena para el resto de los ciudadanos, que comprueban que el principio de igualdad ante la ley está vigente. He aquí una constatación reconfortante. Y más aún en tiempos en los que algunos, interesadamente, niegan la operatividad o la calidad de nuestra democracia.