El juez del 1-O busca cómo se elaboró el censo de la votación
Detenidos unas horas dos altos cargos implicados en la investigación
El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, prosigue con su investigación para tratar de averiguar cómo se fraguó el referéndum del 1-O, ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Desde hace más de un año, el juez indaga los preparativos de la votación, su financiación y la obtención del censo, que presumiblemente contó con los datos de cinco millones y medio de ciudadanos.
El magistrado sospecha que los ficheros para llevar a cabo la votación se obtuvieron de forma fraudulenta y en junio del 2017 decidió abrir una pieza separada para investigar si los creadores del censo pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos. En esa investigación también se incluye el envío de cartas del Govern para designar a los miembros de las mesas electorales. A este respecto, el juez considera que los máximos responsables en la elaboración del censo fueron dos altos cargos: Frederic Udina, director del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), y Daniel Gimeno, jefe del gabinete técnico de la Conselleria d’Economia. Ambos fueron detenidos ayer en el marco de un nuevo operativo policial. Luego fueron conducidos a la comisaría de la Verneda, donde se negaron a declarar, y quedaron en libertad, por la tarde, a la espera de ser citados próximamente por el juez. Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores y como parte de sus competencias, la iniciativa de la detención corrió a cargo de la Policía Nacional. El juez, por medio de un comunicado de prensa del TSJC, precisó que no había ordenado ningún arresto.
Lo que sí encomendó el magistrado a la Policía Nacional fue que llevara a cabo tres entradas y registros con el objetivo de determinar cómo se elaboró el censo electoral de la votación. El juez ordenó el registro de las sedes de la Conselleria d’Economia, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y de la empresa Mediacloud, radicada en la sede Mediapro.
En la Conselleria d’Economia, diez agentes de paisano se personaron en el despacho de Daniel Gimeno y registraron su ordenador. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, se personó en la sede de su departamento para denunciar “la judicialización del derecho a votar” y lamentó la alteración que las actuaciones judiciales provocan en la jornada laboral de los funcionarios.
Por su parte, en el registro en Mediacloud los agentes buscaron información vinculada a la gestión de bases de datos. Esta empresa alquila sus servidores a la Administració Oberta de Catalunya de la Generalitat. Mediapro aclaró que el registro, que duró una hora y media, nada tiene que ver con la productora y aseguró que los agentes no se llevaron información relevante.
La operación de ayer es la continuación del dispositivo que la Policía Nacional llevó a cabo el pasado 5 de diciembre en la sede del Idescat, que también tenía en el punto de mira la confección del censo electoral.
La sospecha de la que parte la investigación judicial es que el Institut d’Estadística de Catalunya cedió sus ficheros al Govern para elaborar la base de los electores. Y en esa cesión participaron los dos detenidos en la operación de ayer, Udina y Gimeno. En el registro del 5 de diciembre, la Policía intervino un correo electrónico del director del instituto, Frederic Udina, en el que supuestamente cedía y entregaba un fichero con los datos personales del Registro de Población de Catalunya a Daniel Gimeno, cargo perteneciente a la Conselleria d’Economia. De ahí que ayer las pesquisas se concentraran en su ordenador. Tras aquel registro, la Policía redactó un informe que entregó al juez en el que concluía que existían elementos indiciarios “sólidos” para determinar que el Idescat cedió los datos personales al Departament de Vicepresidencia i Economia para elaborar el “censo global” de votantes del 1-O, que permitió efectuar el voto desde cualquier colegio electoral, tal como anunció por sorpresa el mismo 1 de octubre el entonces conseller de Presidència, Jordi Turull.
En aquel informe, la Policía aseguraba que el Idescat “contribuyó de forma activa en la cesión al Govern de los ficheros con los datos personales”, “sin que la cesión estuviera amparada por ningún marco legal”. Otro de los indicios recabados y que apuntalarían esta línea de investigación se halló en la famosa libreta Moleskine que contenía la hoja de ruta para lograr la independencia que fue intervenida al exnúmero dos de Economia Josep Maria Jové en el registro del 20 de septiembre. Allí se encontró una anotación en la que se deducía que Jové se había reunido con el director del Idescat para debatir sobre las alternativas que existían para conseguir los registros estadísticos de los que dispone la Idescat.
Para investigar la confección del censo, la Policía Nacional empezó a tirar del hilo después de recibir dos anónimos que denunciaban la existencia de una plataforma denominada Cerdà que constituía la obra maestra en la que se trataban los datos del Registro de Población de Catalunya obtenido del Idescat.
La cesión de los datos ya fue objeto de controversia en el año 2014 cuando el Departament de Governació de la Generalitat, entonces encargado de los procesos electorales y la participación, suscribió un acuerdo con el Idescat para gestionar los ficheros que contenían los datos de carácter personal para el registro de participación en consultas populares no refrendarias. A raíz de aquella cesión, la Agencia de Protección de Datos, de ámbito estatal, abrió una investigación.
La Policía Nacional registra las sedes de Economia, el CTTI y una empresa ubicada en Mediapro