Decidamos, pero entre todos
De pronto, un cierto sentimiento de alivio e ilusión ha invadido el espíritu de muchos ciudadanos. Un sentimiento de esperanza que se opone al fatalismo de pensar que las cosas no pueden sino ir a peor. La causa está en dos cambios que han abierto una pequeña vía de aire en un clima político y social estancado y viciado. Un clima que ha hecho perder dignidad a la política catalana y ha dañado la convivencia pluralista.
Pero antes de ver cómo esta nueva corriente de aire puede contribuir a renovar ese clima viciado, un comentario sobre algunos efectos positivos de la judicialización de la política. A lo largo de la historia se pueden identificar momentos en que la incapacidad del gobierno de los políticos para encauzar los conflictos lleva a etapas de gobierno de los jueces. Son momentos en que los jueces deshacen nudos gordianos y asumen una verdadera tarea catártica de transformación de la realidad política, social y económica.
La sentencia del caso Gürtel ya ha tenido un profundo impacto transformador: la salida de Mariano Rajoy y del PP del gobierno y la llegada de uno nuevo. Visto desde Catalunya, este cambio significa sustituir la vía del PP –no hacer nada frente al malestar político– por una vía dialogante del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Lo mismo ha ocurrido en la política catalana: las medidas del juez Llarena, discutibles en cuanto a la prisión preventiva para los dirigentes de la vía unilateral, han llevado a la constitución de un Govern más proclive al diálogo sin condiciones, aun cuando mantenga su aspiración a la independencia.
Al contrario de lo que muchas veces se piensa, el conflicto es el verdadero pegamento de una sociedad plural. Pero para ello tiene que ser bien atendido y gestionado dentro de unas reglas e instituciones aceptadas por todos. El conflicto catalán tiene a estas alturas dos dimensiones que conviene diferenciar. Una es el conflicto político con el Estado en relación con la naturaleza y funcionamiento del autogobierno de Catalunya. Esa dimensión fue la dominante hasta 2010-2012. Desde esa fecha, coincidiendo con el viraje del nacionalismo hacia el soberanismo, empujado desde la Assemblea Nacional Catalana, creada en esas mismas fechas, el problema catalán adquirió una nueva dimensión: el deterioro de la convivencia cívica en Catalunya.
El “derecho a decidir” era una idea que podría haber tenido un cierto recorrido transformador. Pero la ira y la impaciencia del independentismo por quemar etapas para llegar al “Estado propio” llevó a sustituirla por el “derecho a la autodeterminación” unilateral. Abandonado ahora este camino por una parte del independentismo, tenemos que aprovechar el nuevo clima político para volver al derecho a decir. Pero decidir entre todos.
¿Cuáles son las cuestiones esenciales sobre las que hemos de decidir? Para verlo conviene tener en cuenta la diferencia entre las políticas de consenso y las políticas corrientes. Es la misma diferencia existente entre las reglas de juego de cualquier deporte, que han de ser aceptadas por todos los contendientes, y las estrategias de juego de cada equipo. Las segundas son las que llevan a cabo los gobiernos de acuerdo con sus preferencias políticas: impuestos, gastos públicos, etcétera. Las primeras son las
que regulan cómo tomamos decisiones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la política y de la ordenación de la convivencia: cómo han de organizarse los medios de comunicación públicos para responder al bien común y no al interés partidista del gobierno de turno; cómo ha de funcionar la policía autonómica para ser una institución básica al servicio de la sociedad y no de la política; cómo fomentar la profesionalización de la función pública y evitar su patrimonialización partidista; cómo regular la lengua y la educación en beneficio de la convivencia; qué tipo de ordenación territorial queremos, y cómo lograr una ley electoral que recoja mejor las preferencias de todos los ciudadanos. En estas cuestiones la decisión tiene que alcanzar un consenso amplio: la regla de los tres cuartos que establece el vigente Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Sin este consenso interno, la negociación política con el Estado no tiene mucho recorrido. La posición del Govern será vista como una posición de parte, no del conjunto de la sociedad. De ahí que la prioridad sea la puesta en marcha de una comisión del Parlament orientada a lograr ese nuevo marco de convivencia pluralista. Y después someter sus propuestas a referéndum de los catalanes.
Tendremos así un nuevo Estatut que sea una verdadera Constitución catalana en el marco de la Constitución española.
Es prioritario poner en marcha una comisión del Parlament orientada a lograr un nuevo marco de convivencia pluralista