Críticas a Colau por obligar a reservar el 30% de pisos sociales
El sector inmobiliario considera que la medida no solucionará el problema y advierte de una posible suspensión de licencias
Preocupación y malestar en el sector inmobiliario de Barcelona por la propuesta del gobierno de Ada Colau de obligar a los promotores de vivienda que construyan obra nueva o realicen una gran rehabilitación a destinar el 30% del edificio a pisos sociales. La Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Gremi de Constructors y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona consideran que la iniciativa no resolverá el problema habitacional que sufre la ciudad y alertan de los efectos perniciosos que podría provocar en la actividad económica de la ciudad la probable suspensión de licencias que comportaría la aprobación de las dos modificaciones de Plan General Metropolitano (PGM) que plantea el ejecutivo local.
El gerente de la Cambra de la Propietat Urbana, Òscar Gorgues, considera que el Ayuntamiento, antes de redactar la propuesta, debería activar la reserva de suelo de su propiedad en la Marina del Prat Vermell, la Sagrera o los cuarteles de Sant Andreu y empezar a edificar vivienda pública. “Debería llevar a la práctica iniciativas más realistas y sobre las que exista un consenso político, como la modificación de PGM en el 22@ para permitir la construcción de más vivienda social. Esto sería más rápido y efectivo. Aquí sí que hay acuerdo”, sentencia. En este sentido considera que la viabilidad jurídica de las modificaciones les genera dudas, ya que afecta a cuestiones reguladas por la ley del Suelo, una norma de rango superior a la modificación de PGM. También alerta de la deriva de recursos y la conflictividad legislativa y muestra su preocupación por la paralización de licencias que vendría después de la aprobación del plan.
Comparte esta opinión el presidente del Gremi de Constructors, Josep Gassiot, quien considera que la aprobación de la propuesta municipal puede frenar la actividad. “Los proyectos residenciales tienen una larga maduración. Se compran los terrenos con unas condiciones determinadas y si se cambian ahora las reglas muchos de estos planes acabarán siendo inviables”.
Más dura se muestra la APCE en sus críticas hacia el Ayunta- miento, al que acusa de no haberle consultado en ningún momento sobre el proyecto. La asociación de promotores advierte que la propuesta municipal puede conseguir el efecto contrario al deseado al paralizar la actividad y añadir aún más presión sobre los precios por “el desequilibrio que podría provocar entre la oferta y la demanda”. En este punto, señala que para atender a la problemática de la vivienda en Barcelona debe contemplarse todo el “ámbito metropolitano” y disponer de un abanico más diversificado de acceso a la vivienda. La patronal de los promotores también señala que sus servicios jurídicos está analizando la propuesta para valorar si iniciarían acciones legales una vez que se aprobara.
Los dos documentos que recogen
El PSC propone una comisión de vivienda en la que estén presentes la Generalitat y los agentes implicados
la modificación de PGM han sido elaborados por técnicos municipales y Barcelona Regional (BR), en la que han colaborado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori Desc, la FAVB, la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible y el Sindicat de Llogueters. El pleno de final de mes discutirá la viabilidad de la propuesta y no se descarta su aprobación inicial. Con todo, el PSC tiene previsto presentar en el plenario una proposición para constituir una comisión no permanente de estudio “sobre las diferentes soluciones urbanísticas y normativas en materia de vivienda” que incorpore a entidades e instituciones del Consell de l’Habitatge Social, en el están presentes la propia Generalitat, la APCE, los colegios profesionales, la Cambra de la Propietat Urbana y las universidades, entre otros.
Por su parte, el popular Alberto Fernández acusó a Colau de obligar a los privados a pagar lo que la alcaldesa no ejecuta desde el sector público. Por eso, reclama que el Ayuntamiento construya vivienda social en los más de los 80 solares que son de su propiedad.