El pacto eléctrico del País Vasco cuesta 40 millones
Patronales catalanas insisten en que hay ayudas de Estado
La reforma de tarifas eléctricas pactada por el PP y el PNV para la aprobación de los presupuestos generales del Estado del 2017, que supone que las empresas grandes consumidoras del País Vasco reduzcan su factura energética, tiene un coste para el sistema de 40 millones de euros anuales. El Gobierno transferirá el citado importe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para compensar la merma de ingresos. Así consta en las cuentas del 2018, que se encuentran ahora en el Senado. Varias patronales catalanas, entre ellas Cecot, han denunciado ante las autoridades europeas que esta operación discrimina y resta competitividad por razones geográficas ya que los clientes no pueden elegir. Y, además, comporta ayudas de Estado ilegales.
Los denunciantes han aportado la información sobre esta dotación presupuestaria a la causa abierta en la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea. La rebaja tarifaria se aplica a los clientes de redes de entre 30 kV y 36 kV de tal modo que se equiparan a las de entre 36 kV a 72,5 kV, las más baratas. Por razones históricas, el rango modificado se concentra en el País Vasco (con 790 empresas beneficiadas), Andalucía (357), Navarra (42), Castilla y León (33), Cantabria (17) y Asturias (11). El ahorro para estos grandes clientes supera el 40% respecto a la factura del 2016. Las instalaciones disponibles en Catalunya, que alimentan a 3.277 grandes consumidores, y en menor medida en Aragón y Extremadura, con otras 1.173 empresas conectadas, son de tensiones entre 25 kV y 30 Kv y mantienen un peaje más caro. Estas quedaron fuera del pacto del PP y el PNV.
La asignación de una partida de 40 millones para compensar el sistema, fijada en la disposición adicional sexagésimo cuarta de los presupuestos del 2018, deja “claramente en evidencia” que hay ayuda de Estado, según Cecot y el resto de denunciantes. El anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, defendió el cambio tarifario como un medida de rebaja de costes energéticos para la industria que sería aceptable para Bruselas aunque nunca dio por seguro que obtendría luz verde. A su juicio, lo importante era que tuviese un efecto neutro para el sistema, que los ingresos que dejaran de entrar llegasen por otra vía, en este caso por los presupuestos.