Interior y el juez chocan por los presos independentistas
El ministro Marlaska abre la puerta al acercamiento si lo dicta el magistrado Llarena responde que es un asunto competencia del Gobierno
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena hicieron ayer interpretaciones dispares sobre quién y cómo debería decidir sobre el posible traslado de los presos del caso 1-O a cárceles radicadas en Catalunya. Para Marlaska, si el magistrado decidiera acordar dicho traslado “se podría y se debería” estudiar. Para Llarena, en cambio, la iniciativa corresponde, llegado el caso, a la dirección de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
De hecho, Llarena aprovechó ayer la petición de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Raül Romeva de ser llevados a una prisión de Catalunya, una vez constituido el nuevo Govern, para responder a su solicitud mediante un auto en el que sale al paso de las tesis que sitúan en el ámbito judicial la responsabilidad de decidir en qué prisión deben ser integrados los acusados sometidos a un procedimiento judicial. El juez no se limita a rechazar dicha petición, sino que en su resolución se extiende en consideraciones sobre quién –Instituciones Penitenciarias– y por qué vía debe resolver en qué cárcel deben permanecer los reclusos.
No hay nada casual en el auto de Llarena, que sale por este camino al paso de cualquier tipo de especulaciones sobre el papel del Supremo en relación con el posible traslado de los presos. El magistrado deniega de nuevo la excarcelación de los peticionarios porque estima que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y añade que no forma parte de sus competencias “definir el concreto centro penitenciario en el que deben quedar confinados”. Para ello, se apoya en la legislación penitenciaria y en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional.
En este sentido, el juez recuerda que el artículo 79 de la ley orgánica General Penitenciaria (LOGP) dispone que corresponde a la dirección general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior la “dirección, organización e inspección de las instituciones” reguladas en dicha ley –es decir, las cárceles–, salvo las que se encuentren en las comunidades autónomas que hayan
asumido en sus respectivos estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria, como es el caso de Catalunya.
Llarena sostiene que es la dirección de Instituciones Penitenciarias la que “tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios”. Todo ello sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de vigilancia “en materia de clasificación por vía de recurso”.
Son las juntas de tratamiento de las prisiones o, en su caso, el director o el consejo de dirección, los que han de proponer los traslados. Y estos traslados serán notificados al juez de vigilancia, en el caso de penados, y “a las autoridades a cuya disposición se encuentren” si se trata de detenidos y presos. Llarena, por tanto, sería informado de cualquier desplazamiento que se acordara, pero, según el propio juez, no es a él a quien corresponde decidirlo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó a su vez ayer que hipotéticamente cabría el traslado de los presos “cuando existe la posibilidad de que va haber cinco o seis meses en los que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez”, para ayudar “a una vida personal más fácil”. Sin duda, la conclusión de la investigación del caso 1-O podría facilitar el traslado de los presos de esta causa a Catalunya, porque su presencia cerca del Supremo ya no sería muy necesaria. Pero en el Alto Tribunal se considera que cualquier decisión sobre los presos deberá asumirla Interior, porque así le corresponde según las previsiones legales citadas.
Fernando Grande-Marlaska
Ministro del Interior
Cabría el traslado “siempre que conste la autorización del juez”, para ayudar “a una vida personal más fácil”
Pablo Llarena
Juez instructor de la causa 1-O No es competencia del instructor “definir el centro penitenciario en el que deben quedar confinados” los presos
Llarena refuerza esta tesis en su auto al argumentar que el TC ha dejado claro en diversas sentencias que “no se atribuye al juez de vigilancia penitenciaria la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de Instituciones Penitenciarias que afecten al traslado de los penados de un establecimiento a otro”. Y sólo sería competencia del magistrado de quien dependa el preso “en supuestos verdaderamente excepcionales”, siempre según la doctrina del Constitucional.
El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre este asunto en varias ocasiones, señala Llarena en su auto. Y el TS ha establecido que si a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, “lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados”, ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.
El auto de Llarena también menciona que la Fiscalía remitió un escrito el pasado 30 de mayo en el que pedía que se mantuviera la situación de prisión provisional de los procesados y que no se acordase su cambio de centro penitenciario. La Fiscalía también indicaba que la competencia sobre ello era de Instituciones Penitenciarias.
En paralelo, Llarena citó ayer para el próximo día 26 a seis testigos propuestos por Junqueras y Romeva. Estas declaraciones perseguirían principalmente poner de relieve que no hubo malversación en la organización del 1-O. Si no hay nuevas peticiones de las partes, estas diligencias pueden marcar definitivamente el fin de la instrucción de la causa. El juez también rechazó ayer la recusación que presentaron contra él desde Bélgica los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret.
La posición expresada por el ministro de Interior respecto al traslado de los líderes soberanistas a cárceles catalanas fue cuestionado de inmediato por Ciutadans y el PP, que ven en el mensaje de Grande-Marlaska una cesión a los partidos independentistas después de que estos apoyaran la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. “Comienzan a verse las hipotecas y condiciones de los partidos separatistas” puestas al PSOE, se quejó la diputada de Ciutadans en el Parlament Lorena Roldán. En su opinión, estas supuestas condiciones pasarían por “dar privilegios a aquellos que se saltaron la ley”.
Roldán subrayó que su partido respeta las decisiones judiciales, por lo que si los tribunales deciden finalmente trasladar a los políticos presos a Catalunya lo aceptarán “sin ningún inconveniente”. Ahora bien, pidió al ministro de Interior que haga “política y deje a los jueces que tomen sus decisiones sin injerencias”.
El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, rechazó a su ve que existan “cuestiones humanitarias” que justifiquen el acercamiento de los presos. “Si los afectados han pedido el acercamiento a cárceles catalanas y el juez ha dado la negativa por respuesta tendrá sus argumentos”, sentenció.
Opinión muy diferente tiene el coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que ayer volvió a pedir el traslado a Catalunya de los líderes soberanistas por cuestiones “de derechos humanos”. Domènech apuntó directamente a Marlaska e insistió en que es el ministro quien puede decidir sobre este asunto, por lo que le pidió que actúe. “Pedimos una orden específica para el acercamiento de los presos lo más pronto posible”, afirmó.
LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ Llarena se apoya en el TS y el TC para sostener que el cambio de prisión depende de Interior
LA PETICIÓN DE LOS COMUNES Domènech pide a Marlaska que ordene el traslado de los políticos presos cuanto antes