Colau quiere decretar una moratoria de un año en la construcción de viviendas
La suspensión de licencias está ligada a la obligación de reservar pisos sociales
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau decretará la semana que viene una suspensión de licencias para la construcción de pisos nuevos y grandes rehabilitaciones superiores a los 600 metros cuadrados. El punto de partida para aplicar una moratoria de un año, que podría prolongarse durante dos, es la comisión de Urbanismo que se celebrará el próximo lunes. Será allí cuando el ejecutivo local presente la propuesta que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% del inmueble que edifiquen o reformen a vivienda social.
La iniciativa está planteada a través de dos modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM). Una de ellas exigirá a los promotores que contribuyan a la ampliación del parque público de vivienda de la ciudad y la otra convertirá todo el término municipal de Barcelona en un área de derecho de tanteo y retracto. Es decir, el Ayuntamiento tendrá prioridad en la compra de solares, fincas o pisos. Ambas propuestas, que se han redactado a través de un grupo de trabajo en el que han intervenido técnicos municipales, Barcelona Regional (BR) y colaborado entidades como la PAH, el Sindicat de Llogueters, la FAVB, Observatori Desc y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ha causado malestar en la patronal de los promotores y agentes del sector inmobiliario, a quienes se ha mantenido al margen.
De hecho, la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) ya advirtió ayer a La Vanguardia de los efectos negativos que podría provocar en la economía de la ciudad la más que previsible suspensión de licencias. Los promotores alertaron de que el Ayuntamiento puede conseguir el efecto contrario al deseado frenando la actividad, ya que se añadiría más presión sobre los precios por el “desequilibrio que podría provocar entre la oferta y la demanda”.
Caso que en la comisión de Urbanismo se aprueben inicialmente las dos modificaciones –todo hace prever que así será– el Ayuntamiento decretará la suspensión de licencias, que no quedaría activada hasta su publicación en el Butlletí Oficial de la Província. De hecho, esta aprobación inicial supondrá una moratoria de licencias en todo el ámbito de planeamiento –que alcanza el término municipal de Barcelona– que sean incompatibles con la nueva ordenación hasta su aprobación definitiva o hasta un plazo máximo de dos años. Durante ese tiempo el Ayuntamiento no concederá ningún permiso de obra para la construcción de viviendas o grandes rehabilitaciones, tal y como ocurrió en julio de 2015 cuando la alcaldesa decretó la suspensión de licencias de alojamientos turísticos.
INVERSIÓN DE LA GENERALITAT
Por otro lado, el Govern , a través del Institut Català de Finances, anunció ayer que ha abierto dos líneas de crédito que suman 250 millones de euros con el que financiar la construcción o la compra de 2.800 viviendas de alquiler social. La inversión servirá, en palabras del conseller de Territori, Damià Calvet, para ampliar sustancialmente el parque público de la Generalitat, formado actualmente por 17.000 pisos. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, explicó que la primera línea de préstamos está dotada con 110 millones de euros y busca facilitar que ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, del tercer sector y promotores sociales adquieran 1.800 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y que están en manos de la banca. Estas residencias servirán para familias que se encuentran en situación de emergencia social. La otra de las líneas de crédito, dotada con 140 millones, se utilizará para la construcción de 1.000 viviendas de alquiler social por parte de promotores privados y públicos. Estos pisos se deberán construir en alguno de los 152 municipios con demanda acreditada y tendrán un alquiler máximo de 450 euros mensuales.
Al margen de estas inversiones, Calvet aseguró que el Govern se propone aumentar la duración de los contratos de alquiler de los tres actuales “a un mínimo de cinco años”, una medida que se lograría a través de una “legislación propia”. Advirtió, sin embargo, que para hacer este cambio legal se “producirá un conflicto competencial con el Estado”. “Tenemos que acabar de estudiar si lo que hacemos es iniciar consultas públicas para empezar la presentación y aprobación de una ley o si vamos por vías más urgentes”, apuntó.