La sanidad volverá a ser universal en seis semanas
oeEl Ejecutivo inicia el proceso para dar asistencia también a los simpapeles oeUn decreto derogará el del 2012 que exige afiliación a la Seguridad Social
Dicho y hecho. Las primeras palabras de Carmen Montón cuando se hizo con la cartera ministerial fue anunciar la restitución de la sanidad universal, recortada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012. Era el primer punto de su hoja de ruta y ayer recibió el aval de todo el Ejecutivo. El Consejo de Ministros aprobó el inicio del proceso para la devolución del derecho a la protección integral de la salud para todas las personas que residen en España, al margen de su situación legal. Es decir, incluso a los inmigrantes simpapeles, excluidos desde el 2012. El plazo para que esto sea una realidad se estima en unas seis semanas para llevar a cabo “el proceso dialogado”, según la ministra portavoz, Isabel Celaá, en el que participarán las comunidades y las entidades sanitarias y sociales, que llevan años demandado la universalidad sanitaria por solidaridad, equidad y, especialmente, por salud pública (control de las enfermedades). A ese mes y medio hay que sumar los 30 días de convalidación en el Congreso del nuevo real decreto.
El modus operandi será el siguiente: primero, la convocatoria de la comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el próximo miércoles 20 de junio y que cuenta con un único punto en el orden del día, universalidad en el Sistema Nacional de Salud. Este encuentro será preparatorio de la reunión del pleno del consejo interterritorial, previsto para finales de este mes.
De forma paralela, se celebrarán encuentros con los agentes sociales, entidades de la sociedad civil, movimiento asociativo, sociedades científicas y profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud como parte del proceso dialogado destinado a devolver la cobertura sanitaria normalizada a todas las personas que residen en España, regresando al modelo que puso en marcha Ernest Lluch como ministro de Sanidad en 1986.
Fruto de este diálogo será la tramitación de un real decreto que garantizará la cobertura sanitaria universal y que deroga el anterior
del 2012, elaborado por la ex ministra Ana Mato y que acabó con la universalidad al vincular la asistencia con la afiliación de la Seguridad Social.
Este decreto fue vendido por la exministra como una medida de ahorro en plena crisis económica. Unos 1. 500 millones de euros, indicó. El problema es que nunca se demostró ese ahorro y que la retirada de la sanidad, aunque en un principio se apuntó que se dirigía casi en exclusiva para aquellos europeos que venían a España a realizarse intervenciones que en sus países no eran cubiertas (o mal cubiertas), en realidad se centró en los inmigrantes simpapeles. Aunque había excepciones, impuestas por la propia ONU, como era la atención a niños, embarazadas y asistencia de urgencia, aunque incluso estos colectivos tuvieron serios problemas y algunos quedaron desasistidos, tal y como denunciaron en reiteradas ocasiones las oenegés. Se calcula que unas 800.000 personas perdieron el derecho a ser asistidos.
La noticia del pronto regreso a un sistema de salud público universal y gratuito fue acogido con alegría tanto por las oenegés de atención a los inmigrantes, como por el sector sanitario, tanto médicos, como enfermeros como las sociedades científicas, que no han cesado en estos seis años de pedir la restitución del derecho. Porque, tal y como indicaron en reiteradas ocasiones, esta medida ni ahorraba dinero (es mucho más cara la asistencia en urgencia que la atención primaria), suponía dejar en la estacada a los más vulnerables y (aquí hicieron un gran hincapié) suponía un serio riesgo para la salud del conjunto de la población por el hecho de no poder controlar las enfermedades contagiosas y la vacunación general.
Estos argumentos, especialmente el último, llevó a la mayoría de las comunidades (incluidas algunas del PP) a buscar fórmulas alternativas para eludir el cumplimiento de un decreto que iba contra un colectivo desprotegido. Porque del otro al que se refería Mato (condenada recientemente como partícipe a título lucrativo de la trama Gurtel), los europeos con recursos, nunca más se supo.
El Colegio Oficial de Médicos, el Consejo General de Enfermería, el Defensor del Pueblo, los sindicatos y, especialmente las oenegés como Médicos del Mundo, mostraron su satisfacción por la iniciativa del Gobierno de Sánchez. Ahora, hay que acabar con el copago farmacéutico, indicó el defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán, quien cree que el siguiente objetivo es derogar el copago farmacéutico a los pensionistas. Ese es el segundo objetivo de la ministra Carmen Montón.
La nueva normativa devolverá el sistema sanitario al modelo creado por Ernest Lluch en 1986