Un modelo para las Españas

El Círculo de Economía acaba de publicar un interesante informe con el título “Propuestas para mejorar el autogobierno de Catalunya y el funcionamiento del modelo territorial del Estado”. En él se plantea una alternativa para hacer frente a la evidente crisis del Estado de las autonomías cuya evolución ha desembocado en un sistema ineficiente desde una óptica económico-financiera e inadecuado para restaurar el anclaje de Catalunya en las Españas. Para afrontar ambos problemas es fundamental hacer un esfuerzo de racionalidad y desplegar una altura de miras capaz de trascender a las miserias y al cortoplacismo de la pequeña política que domina la escena pública en estos momentos.

En sus Political thoughts and reflections, Lord Halifax escribió:

“Una constitución es modificable y sin adaptarla a los diversos tiempos y circunstancias no podrá sobrevivir”. Este planteamiento es relevante a la hora de abordar la organización territorial del Estado, cuya reforma está sometida a un procedimiento sumamente rígido. Por demás, esta rigidez es inconsistente con la propia esencia del Título VIII de la Constitución. Este no determinó con claridad las competencias de cada nivel de gobierno y su desarrollo ha liquidado la distinción primigenia, establecida por la ley de leyes, entre las autonomías del artículo 143 y las del 151. El

“café para todos” descafeinó, valga la redundancia, el espíritu del denominado Estado autonómico y está en la raíz de la emergencia de las tensiones financieras, políticas e institucionales cuya expresión dramática es la “cuestión catalana”.

El primer paso hacia una solución, problemática pero razonable, al conflicto Estado-Catalunya es enmendar el absurdo error de negarle a esta su reconocimiento como una comunidad nacional dentro de esa nación de naciones que son las Españas. No hacerlo supone ignorar su evidente singularidad cultural, política, jurídica e histórica y, en cualquier caso, desdeñar una convicción asentada desde hace siglos en la mente de la gran mayoría de los catalanes sea cual sea su ideario. Por añadidura, el reflejo del hecho diferencial catalán no requiere per se una reforma constitucional. Puede plasmarse bien en un nuevo Estatuto, bien en una disposición adicional de la ley de leyes similar a la existente para el País Vasco y Navarra, bien en una combinación de ambas fórmulas.

Dicho esto, la “cuestión catalana” ha de enmarcarse en una profunda revisión del vigente Estado autonómico. De acuerdo con la evidencia empírica disponible y sin minusvalorar los obstáculos normativos señalados, el avance hacia un modelo de federalismo competitivo es un excelente medio para conseguir una articulación armónica de la pluralidad existente en el Estado, ajustar la oferta de bienes y servicios públicos a las demandas de quienes viven en las diversas partes de su territorio y hacer efectivo el binomio autogobierno-responsabilidad. En este modelo existe un mínimo de competencias que la Administración central ha de desempeñar: el suministro de los bienes públicos puros, la protección de las libertades esenciales de los ciudadanos consagradas en la Constitución, asegurar la unidad de mercado y la competencia, introducir una efectiva corresponsabilidad fiscal para asegurar la estabilidad y transparencia de las finanzas públicas, supervisar el sistema financiero y los mercados de valores o realizar las infraestructuras de dimensión y alcance estatal.

A ese catálogo de funciones ha de añadirse la garantía a todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, del acceso a una red básica de seguridad, representada por los programas clásicos de bienestar social, por ejemplo la educación y la sanidad. Si los gobiernos autonómicos quieren superar ese suelo garantizado, han de financiar su coste. Esto supone dar a las autonomías una capacidad tributaria, similar a la disfrutada por los estados en EE.UU., de la que ahora carecen. En paralelo, si no desean asumir aquellas tareas han de poder renunciar a su gestión y dejarla en manos de la Administración estatal, una clara expresión de asimetría voluntaria, de autogobierno a la carta. En uno u otro escenario se cumpliría el principio de solidaridad, eso sí, podado de sus presentes y conocidos excesos.

La tesis según la cual un modelo de esa naturaleza perjudicaría a las regiones menos desarrolladas es una falacia. El vigente régimen de financiación autonómica desincentiva el uso por parte de esas autonomías de los instrumentos a su alcance –niveles de imposición y de regulación, seguridad jurídica, etcétera– para explotar sus ventajas comparativas y converger con las de mayor renta. Los subsidios y las transferencias “solidarias” desligadas de toda conexión con la actuación de quienes los perciben crean un riesgo moral, promotor y perpetuador de las malas políticas. Cuanto peores son estas y más pobreza generan, mayor asistencia se exige y se recibe del Estado.

En el federalismo competitivo, las fuerzas del mercado tienden a reducir el diferencial entre los PIB per cápita de las diferentes jurisdicciones integradas en un espacio económico común. Bajo condiciones de movilidad, los recursos productivos se desplazan hacia las áreas geográficas donde su escasez es relativa y, en consecuencia, la tasa de retorno esperada por su utilización es más elevada al serlo, por definición, su potencial de crecimiento. Las regulaciones, los impuestos y el gasto público alteran los salarios relativos y la rentabilidad del capital. Por tanto aceleran o retrasan la dinámica de convergencia real. En suma no existe ningún elemento exógeno, ninguna maldición que condene a las autonomías atrasadas a un estancamiento secular. Superar esa situación está en sus manos.

En 1955, Salvador de Madariaga escribía: “El problema para mí más grande de cuantos asedian a España, el de la pluralidad frente a su unidad, ha de ser la cuestión más angustiosa que se les plantee a quienes hereden de la dictadura el Gobierno de España”. A estas alturas del siglo XXI, la inquietud del ilustre ensayista liberal mantiene toda su vigencia, eso sí, agravada, lo que exige una respuesta inteligente si se desea preservar a largo plazo la estabilidad y viabilidad de las Españas. Por eso han de ser bienvenidas ideas como las del Círculo de Economía.

El primer paso hacia una solución al conflicto Estado-Catalunya es enmendar el error de negarle a esta su reconocimiento como una comunidad nacional dentro de las Españas

No existe ningún elemento exógeno, ninguna maldición que condene a las autonomías atrasadas a un estancamiento secular; superar esa situación está en sus manos