Cuestión de límites
El Gobierno central ha dado los primeros pasos para destensar la crisis catalana. La ministra portavoz Isabel Celaá reconoció que “El primer problema político de España es el territorial” y que el Gobierno tiene intención de dialogar y negociar. Dicen los periódicos que “Sánchez telefonea a Torra y se emplazan a una entrevista”. Por otra parte, se ha anunciado el levantamiento del control previo de los pagos de la Generalitat “como gesto de normalización”, lo que ha merecido duras críticas del PP y Ciudadanos. Miquel Iceta, por su parte, ha contribuido a tender puentes, sin pretender en ningún momento ejercer de mediador. Parece, por tanto, que se entreabre la puerta a la esperanza. Aunque sea sólo un poquito. Pero, llegado este momento, hay que tener claras algunas ideas para que esta esperanza que apunta no desemboque en un descomunal fracaso. En primer lugar, hay que saber que el diálogo que se inicie no puede limitarse a un diálogo informativo, destinado a informar a la otra parte de cuáles son los objetivos perseguidos. No ha lugar a este diálogo: ya nos lo tenemos todo dicho, incluso con malos modos, por lo que nos sabemos al dedillo la posición del otro. No puede ser tampoco un diálogo dialéctico, en el que ambas partes se empeñen en convencer a la otra de la superioridad de sus razones. Estamos inmunizados: hace tiempo que cristalizaron las respectivas posiciones.
De lo que se deduce que el único diálogo aún posible es el diálogo transaccional, en el que unos y otros se vean obligados a recíprocas concesiones dolorosas, sin las que sería imposible un acuerdo.
Ahora bien, para que este diálogo transaccional sea viable es preciso que se tengan claros los límites a los que está sujeto: uno material y otro formal. El límite material viene impuesto para cada parte por lo que constituye su reducto innegociable. Para el Gobierno central este núcleo innegociable es la independencia de Catalunya y la relación bilateral Espanya-Catalunya como dos estados soberanos. Para el Govern catalán es innegociable el reconocimiento de Catalunya como nación, la atribución a la Generalitat de competencias identitarias exclusivas (en lengua, enseñanza y cultura), la autogestión de los recursos financieros (tope a la aportación al fondo de solidaridad y agencia tributaria compartida) y la consulta a los catalanes acerca de si aprueban o no el pacto al que en su caso se llegue a resultas de este diálogo transaccional. Pero, además de este límite material, el diálogo transaccional está sujeto a otro límite: un límite formal que acota el terreno en el que debe desarrollarse la negociación. Este límite es la ley; y, para ser más claros, este límite es la Constitución española, piedra angular del sistema jurídico que vertebra nuestra convivencia, hace posible la paz e impide el enfrentamiento desde que fue democráticamente aprobada.
El más grave impedimento que existe, hoy por hoy, para este diálogo transaccional es la ausencia de una franca aceptación de estos límites por parte del Govern de la Generalitat. La prensa ha sido explícita: “El socialista (Miquel Iceta) insistió en que la negociación debe inscribirse en la legalidad mientras el Govern (el president Torra) rechazó condiciones a priori y avisó de que no renunciará al
Hay que hacer un esfuerzo para impedir esta deriva y admitir que no hay otra salida que el pacto fundado en la ley
derecho a la autodeterminación”. En este mismo sentido se ha pronunciado la consellera Artadi al decir que el Govern quiere dialogar “sin condiciones y sin límites”. Más claro, agua. El Govern de Catalunya no acepta la Constitución como marco del diálogo e insiste en su derecho a forzar –sí, a forzar– la independencia. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y procede también añadir un comentario tan directo como sus palabras. Un pacto partiendo de cero, como pretenden Torra y Artadi, sólo puede darse cuando existe un vacío normativo a consecuencia de una guerra victoriosa o de una revolución triunfante que han destruido el sistema jurídico preexistente. Por lo que la pregunta a hacerse es esta: ¿dónde están esta guerra victoriosa o esta revolución triunfante que han hecho tabla rasa del Estado español?, ¿de verdad creen que España es “la morta” que, a veces, veía el poeta?
Si persiste la negativa del Govern de la Generalitat a aceptar como marco del diálogo la Constitución, el Gobierno de España no podrá dialogar aunque quiera. Lo que supone que el problema catalán se convertirá en crónico hasta que el paso del tiempo y los daños provocados impongan una salida. La palabra siempre no existe en política. Esta salida será una negociación que entonces –padecidas las consecuencias del enquistamiento– será inevitable. Y, si vienen mal dadas, habrá una falsa salida impuesta por la fuerza, sea la fuerza ritualizada de los procedimientos judiciales, sea la fuerza –esta vez sin límites– ejercida a campo abierto.
Hay que hacer un esfuerzo grande para impedir esta deriva enloquecida y admitir que no hay otra salida racional y democrática que el pacto transaccional fundado en la ley como marco, la política como tarea y la palabra como instrumento.