La mortalidad creció un 15%
Un estudio universitario contabilizó los efectos de la exclusión sobre los indocumentados
La exclusión de los simpapeles no ha salido gratis. La mortalidad creció un 15% entre esta población en España durante los tres años siguientes a la reforma sanitaria del 2012. Así lo demostraba un estudio realizado por el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra, a partir de los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística. Y además, la mortalidad principal se ha dado por causas que resultan evitables cuando hay un mejor acceso a la atención médica oportuna y efectiva. Si se contabiliza en ese grupo de causas más evitables, el porcentaje sube al 17,26%.
En Catalunya, los sucesivos gobiernos regularon la atención de los que quedaron excluidos de la asistencia sanitaria en cuanto esta dejó de ser universal en verano del 2012. Empezaron con instrucciones administrativas, para que en los CAP o en urgencias no se pusieran pegas a personas que habían perdido o no tenían permiso de residencia y que se habían quedado con su tarjeta sanitaria inservible.
Al principio fue un derecho con ciertos plazos de permanencia, compartiendo al menos parcialmente la idea de que en plena crisis había que evitar abusos. Luego las voces de la salud pública clamaron al cielo y se incorporó a los excluidos desde el primer día en Catalunya, aunque la tarjeta sólo les sirviera aquí. Al final se optó por hacer una ley en el Parlament, con todo su rango. Pero eso puso automáticamente en marcha el recurso del Gobierno de Rajoy ante el Constitucional.
Aún así, se ha ido toreando. Aunque Salut insiste en que desde el principio en Catalunya se ha atendido a todo el mundo a pesar del real decreto del PP, lo cierto es que los administrativos que se enfrentaban a estas personas legalmente excluidas tenían sus dudas. Y fueron muchos los atendidos pero también algunos los rechazados y, probablemente, unos cuantos más los que ya no se presentaron nunca en la consulta del médico. Por si no tenían derecho y aún iba a causarles problemas.
La consecuencia de la restricción supuso, por ejemplo, que personas excluidas vieran suspendidos tratamientos de quimioterapia o radioterapia. O que al perder la tarjeta sanitaria perdieran el acceso a toda la mediación subvencionada, apuntaban los autores de la investigación del CRES.
En Catalunya, la población excluida suma alrededor de 117.000 personas, el 1,53% de la población residente. Para la Generalitat, no atenderles supondría perjudicar a personas con la mitad de diabetes que la media, una tercera parte de asma que la media y con un gasto sanitario un 50% menor . Y en cambio, alejándoles del sistema disparaban el riesgo de tuberculosis, por ejemplo, que padecen en mucha mayor proporción que la media y que tiene uno de los programas más exitosos frente a la enfermedad, basado en el seguimiento de cada caso y sus contactos.
También suponía empeorar la salud infantil y aumentar el riesgo de brotes, porque si los padres no van al médico no llevarán a vacunar a sus hijos (que sí mantenían el derecho). Y se quedarían inútiles las intervenciones preventivas en infecciones como el VIH.
También los profesionales se rebelaron contra la exclusión. Al principio con llamadas a la objeción de conciencia. Varios años después de que todos se acostumbraran a la crisis, con un documento con más de 4.000 firmas de apoyo, hace menos de dos meses.
El Parlament aprobó en una ley hoy recurrida la atención a los 117.000 individuos que quedaron fuera