Cs, ERC, PSC y PP, en contra de suspender licencias
Los apoyos políticos a los planes de vivienda de Ada Colau caen en picado tras una medida que llega sin un diálogo previo
La propuesta de que el 30% de la vivienda nueva que se construya en la ciudad sea social gustaba y gusta a la mayoría de los partidos de la oposición: así se constató en la votación de la moción que planteó la idea y que fue presentada por la PAH y otras entidades sociales en el pleno de febrero. Pero aquel consenso puede quedar en nada o casi nada el lunes, en la comisión de Urbanismo que tenía que dar luz verde a la propuesta. El PP ya desconfiaba plenamente y Cs, ERC y PSC recelan ahora de una medida que ha ignorado a los actores inmobiliarios, pero también a sindicatos y al tercer sector. No se entiende, y mucho menos se comparte, que la propuesta incluya la suspensión de licencias para la construcción de pisos nuevos y grandes rehabilitaciones superiores a los 600 m2, tal y como avanzó La Vanguardia.
ERC pedirá para empezar que la suspensión se retire del punto a debatir. Los republicanos todavía no han decidido su voto, como tampoco lo ha hecho el PDECat, que lo anunciará el lunes por la mañana. Cs y PSC también se guardan el sentido de su voto, aunque desde ayer los dos están más cerca del no que de cualquier otra opción. El PP, ha sido claro siempre, votará en contra.
“¡Otro anuncio que son fuegos de artificio!”, lamentó la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Carina Mejías, que criticó la “incapacidad” de Colau en materia de vivienda y que ahora recurra a una iniciativa que, precisamente, lo que puede hacer es generar una mayor subida de precios e inseguridad jurídica. “El PSC no avalará una suspensión de licencias que penaliza la construcción de viviendas”, avisó por su parte la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Andrés, en una dura comparecencia en la que pidió al gobierno de la alcaldesa Ada Colau que “deje de hacer anuncios de propaganda”, “operaciones cosméticas” y le animó a que “busque soluciones consensuadas serias y bien trabajadas para ampliar la vivienda pública en Barcelona”.
El expediente que contempla dedicar el 30% de la obra nueva o rehabilitada de más de 600 m2 a vivienda social entró el jueves en el Ayuntamiento. Desde la oposición se apunta también que hay demasiadas lagunas, de entrada, en cómo se aplicaría ese 30%.
“No construirá vivienda social, encarecerá la vivienda libre y ahuyentará las inversiones”, avisó el presidente del grupo Popular en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, que insistió que su formación ya se opuso a la propuesta, cuando se aprobó en febrero de esta año. “PSC, PDECat y Cs son cómplices del intervencionismo de Ada Colau y de la posible huida de inversiones para construir nueva vivienda en la ciudad”, añadió el líder del PP. “Barcelona tiene más de 80 solares vacíos que permitirían la construcción de 5.000 viviendas sociales”, añadió.
Diversos promotores apuraron el día de ayer para presentar vía correo certificado solicitudes de licencias, sin haber tramitado el proyecto, ante el temor de que obras millonarias puedan quedarse estancadas. Desde el sector –en la línea de lo dicho desde la Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Gremi de Constructors y la Cambra de
Diversos promotores apuraron el día para presentar, vía correo certificado, solicitudes de permisos
la Propietat Urbana de Barcelona– se advertía que con la moratoria se congelará la oferta de pisos de obra nueva y de viviendas en fincas rehabilitadas, pero que la demanda seguirá creciendo y con ella los precios. Y se lamentaba una y otra vez que el Ayuntamiento no cuente con el sector (el Col·legia d’Arquitectes de Catalunya incluso hizo un comunicado).
La teniente de Alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, dijo que no se paralizarán licencias siempre que se cumpla con el requisito de que el 30% del inmueble se dedique a vivienda social. Y aseguró que la nueva normativa estará vigente desde su aprobación, a pesar de que esta tendrá que recibir todavía el visto bueno de la Generalitat al implicar una modificación del Plan General Metropolitano.