Colau frena la suspensión de licencias de construcción
Los comunes pactan in extremis con ERC y el PSC, pero se aplaza la obligación de destinar el 30% de viviendas nuevas a uso social
Barcelona no suspenderá las licencias para la construcción de pisos nuevos y de grandes rehabilitaciones superiores a 600 m2. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau renunció ayer a la polémica suspensión para conseguir que tanto el PSC como ERC mantengan su apoyo a la medida principal, la de destinar el 30% de la vivienda nueva que se construya en la ciudad y las grandes rehabilitaciones a un uso social. Aunque hay más cambios y no son matices: la obligación no entrará en vigor hasta que reciba el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, algo que podría producirse a finales de año. Inicialmente los comunes querían que la obligación se aplicara nada más ser aprobada en la comisión municipal de Urbanismo celebrada ayer, lo que generaba graves dudas legales.
Finalmente, los Comunes (11 concejales), ERC (5), PSC (4) y CUP (3) votaron a favor de la medida despojada de sus apartados más polémicos, mientras que PDECat (9), Ciudadanos (5) y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy se abstuvieron aunque tendiendo la mano si se aclaran diversos aspectos, empezando por su propia legalidad. El PP (3) votó en contra.
Eso sí, hubo críticas desde todos los partidos de la oposición. Después de todo, ayer por la mañana la medida presentada por el gobierno de los comunes tan sólo tenía asegurado el voto favorable de cuperos cuando en febrero la propuesta había conseguido el apoyo de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento salvo los populares. De nuevo críticas por la falta de diálogo, la falta de transparencia, la improvisación...
“Desde el primer momento hemos visto que la suspensión de licencias no era necesaria”, apuntó el concejal de ERC, Jordi Coronas en el transcurso de la comisión. “Los contenciosos habrían podido detener el trámite”, añadió. “No sabemos todavía qué garantías tiene (la medida)”, lamentó por su parte el concejal del PSC Daniel Mòdol, que criticó también que el gobierno municipal haya trasladado las negociaciones al grupo promotor –la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH) y otras entidades sociales– , eludiendo el diálogo hasta el último momento. “Compartimos el objetivo de disponer más vivienda asequible en Barcelona pero no las formas”, subrayó Mòdol.
En línea similar se expresó el concejal del PDECat Jordi Martí, que justificó la abstención de su partido porque este se encuentra a la espera del informe técnico y jurídico. “La propuesta tiene visos de ilegalidad y nosotros queremos certezas”, insistió Martí, que también planteó la necesidad de trabajar con una dimensión metropolitana. “La ampliación del parque público de vivienda no se puede llevar a cabo con ocurrencias sino con consenso social y político”, declaró el concejal de Ciudadanos Koldo Blanco.
Por su parte, el edil del PP Javier Mulleras recordó que su formación considera que la obligación de destinar el 30% de la vivienda a un uso protegido tendrá un “efecto contraproducente” y que en la ciudad hay
PDECat y Ciudadanos se abstienen argumentando falta de información, diálogo y garantías legales
más de 80 solares públicos vacíos, mientras que Eulàlia Reguant (CUP), a pesar de votar a favor, lamentó que “ERC y PSC hayan hecho que los lobbies inmobiliarios estén contentos” al condicionar su voto a que se retirase la prevista suspensión de concesión de licencias para construir pisos nuevos y grandes rehabilitaciones.
Colau calificó el acuerdo de “histórico”, aunque la medida, con posibles modificaciones, tendrá que aprobarse ahora en pleno, previsiblemente en septiembre o en octubre. Después tendrá que recibir el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat para poder aplicarse. El nuevo titular de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (PDECat), ya dijo el pasado fin de semana que no la veía del todo clara. El proceso que puede ser largo pero que no evitó que ayer hubiera foto al grito de “sí se puede” protagonizada por Colau y representantes de la PAH y otras entidades que están en su base (caso del Observatorio Desc) y en las que en los últimos meses había aflorado cierto descontento por la política de vivienda municipal.