Trabas burocráticas e intereses adversos dificultan las consultas ciudadanas
Barcelona no ha podido organizar su primera semana multiconsulta este año como estaba previsto. Madrid tuvo que recurrir a fórmulas imaginativas para poder someter a consideración de los habitantes de la capital de España una serie de cuestiones de su incumbencia. En Francia, el Estado acaba de declarar nulo el reglamento de la democracia directa de la ciudad de Grenoble. Olesa de Montserrat pasó por un auténtico calvario burocrático para poder celebrar, aunque recortada, una consulta por la que venía batallando desde hacía mucho tiempo. En San Francisco, las consultas ciudadanas (hasta 16 propuestas en el 2016, cinco este año) sirven para el empoderamiento de la ciudadanía pero también pueden ser utilizadas por grupos de ultraderecha, antiinmigración y supremacistas o por representantes de los grandes lobbys empresariales para imponer sus intereses económicos o incluso para vulnerar derechos humanos.
En general, el de las ciudades para extender la democracia más allá de los sistemas tradicionales representativos no está siendo precisamente un camino de rosas. Y ello a pesar de que muchos estados, por boca de sus dirigentes o por escrito, incluso en sus leyes de más alto rango, aseguran que entre sus objetivos está el de fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.
Esta realidad se puso de relieve ayer en la jornada Consultas ciudadanas en el mundo local organizada por el Ayuntamiento de Barcelona en la Fabra i Coats. El encuentro reunió a representantes de municipios que han impulsado con mayor o menor éxito consultas ciudadanas (San Francisco, Madrid, Olesa de Montserrat, Grenoble y Barcelona) y también a portavoces de entidades que han promovido desde la base iniciativas de democracia directa. Este es el caso de Barcelona, con la plataforma para la remunicipalización del agua; la ciudad polaca de Cracovia, que entre otras propuestas votó en contra de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022; Cajamarca, municipio colombiano rechazó por abrumadora mayoría que en su pueblo se realizaran actividades mineras; y Berlín , posible escenario de un referéndum para traspasar viviendas de titularidad privada, y hasta para expropiar empresas inmobiliarias a manos públicas.