El Gobierno defenderá a las víctimas de delitos sexuales

Critica que se libere a condenados por “hechos gravísimos”

El Gobierno de Pedro Sánchez era consciente de que debía salir a la sala de prensa de La Moncloa con una respuesta clara en relación a la puesta en libertad de los condenados de La Manada. Y así lo hizo, dejando para otro viernes la agenda social que tenía preparada. La ministra portavoz, Isabel Celaá fue clara. Tras decir el consabido “respetamos las decisiones judiciales”, Celaá dejó claro que el Gobierno no comparte las decisión de la Audiencia de Navarra porque “los hechos son gravísimos” y porque cree que hay riesgo de fuga, a lo que siempre son proclives los condenados.

Celaá reconoció que el auto les había “sorprendido porque la regla de oro es que a un condenado provisional se le mantenga en prisión, sobre todo, cuando tienen una pena de 9 años, al menos hasta la mitad de la misma”.

Tras dejar clara la postura del Ejecutivo anunció que se habían dado instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para estudiar la posibilidad de personarse a favor de las víctimas de delitos sexuales. “En este caso no, ya no hay posibilidad al ser un hecho juzgado. Pero sí en los siguientes. Debemos proteger a las víctimas”, insistió la ministra.

Algunos fiscales, sin embargo, han criticado la decisión del Gobierno al considerar que la Fiscalía es la que se encarga de defender a las víctimas, trabajo que creen que han hecho perfectamente en este caso sosteniendo que hubo intimidación, recurriendo la sentencia para que se les condene por agresión sexual y oponiéndose a la libertad.

Para aplacar la alarma social que el Gobierno reconoce que ha provocado este caso, Celaá recordó que el Congreso está estudiando ya una proposición de ley para ampliar la formación de los jueces y magistrados en materia de violencia contra la mujer, una cuestión recogida en el pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Además, se revisará las penas de los delitos sexuales en el Código Penal, algo en lo que ya trabajan casi una treintena de juristas (comisionado paritario) y que antes de que termine el verano entregarán sus recomendaciones al Gobierno. Se prevé un incremento de las penas y una modificación de la premisa de que si la víctima no se resiste es abuso y no agresión (violación). No decir nada o no luchar para no ser violada no puede ser un atenuante para el agresor, dicen las juristas.

La Asociación Mujeres Juezas insiste en que “los delitos contra la libertad sexual requieren una especial mirada de género”. Y recuerda que, tal y como señala el Convenio de Estambul, suscrito por España, la violencia sexual es un atentado a los derechos humanos.

CONCLUSIONES, EN TRES MESES Expertos juristas trabajan en la revisión de las penas en el Código Penal