Ideas para rehacer España
La comisión del Congreso creada a propuesta del grupo socialista para renovar el modelo territorial ha hecho acopio de propuestas de expertos y de los padres de la Constitución para buscar soluciones al mal encaje del sistema
El 15 de diciembre pasado, un mes y medio después del catastrófico 1 de octubre catalán, se constituyó en el Congreso de los Diputados la “Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico”. El nombre de por sí da ganas de echar a correr. La política cuando no es popular es espesa.
Pero también puede ser interesante. Los debates de esta comisión, presidida por el socialista José Enrique Serrano -un tipo curtido, director de gabinete en los gobierno de González y Zapatero y hombre de confianza de Pedro Sánchez–, son más estimulantes de lo que parece. Especialmente si uno cree que no todo está perdido o no ha llegado a la conclusión de que vivirá mucho mejor instalado en la catástrofe.
Vaya por delante que se trata de una tormenta de ideas parcial. Ni los grupos nacionalistas ni los independentistas vascos y catalanes del Congreso aceptaron estar presentes en esta comisión y no propusieron ponentes que defendieran sus ideas. Tampoco Podemos. Este es uno de los dramas que describen al unísono quienes pasaron por la comisión: no sólo hay abiertas discrepancias en la política española, tampoco hay puntos de encuentro donde resolverlas. Muchos se siente afectados por el problema, pero algunos ya no se sienten concernidos por la solución. Este sería uno de los quebraderos de cabeza –el más relevante quizás– descritos en la comisión.
Las sesiones –fueron diez, con un total de 32 intervinientes– se desarrollaron entre enero y hasta abril de este mismo año, meses antes de que se produjera el giro provocado por la moción de censura de Pedro Sánchez. Quizás el momento político –la cerrazón del gogistralmente bierno del PP a cualquier cambio de rumbo político– pesara en el ánimo de algunos ponentes. Quizás hoy dirían cosas distintas, quién sabe.
Y a pesar de todo, repasadas todas las sesiones, todos los ponentes, entre los que se contaban tres padres de la Constitución –Miguel Herrero, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca–, coinciden en que deben hacerse reformas en el edificio fundacional de 1978.
¿Mejora o cambio?
Algunos intervinientes abogan directamente por modificar la Constitución pero nadie defiende un nuevo proceso constituyente, como promueve Podemos; otros limitan los cambios a una reinterpretación de la Carta Magna –“una mutación”, sugiere Miguel Herrero tomando como ejemplo dos modelos federales, Estados Unidos y Alemania– o la “revolución de las pequeñas cosas”, leves pero decisivos cambios en la manera de encarar los conflictos, que propone Miquel Roca. Más política y más aceptación de la singularidad porque, si no, pregunta ¿para qué reconoce la Constitución la diversidad de España?
Ahora bien, incluso entre los más entusiastas de la reforma del texto constitucional sobrevuelan las mismas preguntas ¿Es ahora el momento? ¿Se dan las condiciones para abrir el debate territorial? La mayoría cree que no. Sin duda son los ponentes más conservadores quienes suscriben con más convicción esa hipótesis. En palabras de José Pedro Pérez-Llorca, “ahora hay demasiada ira” en España. Pero también lo suscribe, desde un ángulo bien distinto, el historiador José Álvarez Junco –cuya intervención en la comisión es una lectura del todo recomendable–: “Lo lógico es que si queremos que la Constitución sea eficaz debe reflejar la realidad que actualmente existe (...). Ahora, si eso no se puede conseguir, no habrá manera de cambiar la Constitución”.
En el curso de estos debates surgió un dato interesante: la opinión pública va a ciegas en esta materia. Desde que el PP llegó por última vez a la Moncloa las encuestas del CIS no preguntan si los ciudadanos creen que debe reformarse la Constitución. El asunto fue traído al debate por la hoy ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet. Cabe pensar que en los próximos sondeos eso va a cambiar.
¿Si, no, u otra cosa?
Nadie duda entre los ponentes que España es un país diverso. Incluso Francisco Sosa Wagner, abiertamente alineado políticamente con Ciudadanos, suscribe esa idea. Ahora bien, puntualiza, “España no es un estado plurinacional”.
No lo ven del mismo modo otros ponentes que, no obstante, admiten la complejidad del encaje entre esas diversidades. Lo explica maunas de nuevo el profesor Álvarez Junco cuando afirma que “desde un punto de vista lógico, de pura filosofía política, dos nacionalismos son incompatibles. No puede haber dos soberanos en un mismo territorio. Desde el punto de vista práctico, a lo mejor no queda otro remedio”.
Un dato llamativo, casi irónico desde cierto punto de vista: Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, o el director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla, explican en sus intervenciones que España es llamada a asesorar a numerosos países –de África y América Latina, fundamentalmente– por su modelo de respeto a la diversidad territorial y cultural. Exportamos pluralidad. Pero en cambio –esto último lo subraya Freixes en su intervención – “somos el único país de Europa que no enseña a sus niños qué es la Constitución y cómo está organizada su administración”.
¿Colaborar o competir?
Jordi Sevilla, que fue ministro de Administraciones Públicas en los tormentosos días de la elaboración del Estatut del 2006, sugiere en su intervención que “cuando el Estado central habla de España (debe) pensar que las comunidades autónomas también son España” y viceversa. “De alguna forma eso es lo que hemos construido: un Estado con diecisiete administraciones más una”.
Cooperación, coordinación, lealtad... son términos recurrentes en los debates de la comisión. Es unánime la convicción –Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, argumenta sólidamente esa idea– de que es preciso saber quién hace qué en el complejo mapa de responsabilidades administrativas y políticas surgidas del defectuoso reparto de atribuciones que dibujó el título octavo de la Constitución de 1978.
La mayor parte de quienes intervinieron en los debates defienden la idea de que es preciso aclarar las atribuciones de cada uno y un mayor nivel de compromiso y de lealtad por parte de todos. Y ello no sólo por motivos de concordia política sino también por razones de pura eficacia económica, como suscribe el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, quien ve en la descentralización oportunidades que España desaprovecha. Por cierto, Escrivá ofrece un dato interesante: de acuerdo con la evolución actual, la igualdad de rentas per cápita entre las 17 comunidades no se alcanzaría hasta dentro de... ¡¡78 años!!
¿Si existe, para qué existe?
La institución seguramente más denostada por la opinión pública centra el interés de los ponentes de la comisión. ¿Hay que reformarlo? Parece que sí. ¿Para qué? A priori para cumplir de verdad el papel que le asigna la Constitución. Veamos: al abordar la cuestión de las competencias queda claro que falta coordinación, corresponsabilidad y lealtad –recíproca– entre los diversos niveles institucionales y muchos ven en el Senado el lugar donde sería posible reducir esas carencias. ¿Cómo? Ahí es donde aparecen las principales discrepancias. Algunos comparecientes creen que sería mejor suprimirlo y, en el extremo opuesto, otros consideran que para ser una cámara territorial debería serlo de verdad: el lugar en el que está representado el poder autonómico y donde la disciplina de partidos del Congreso desaparece para representar mejor el poder territorial. Más de un ponente propone incluso sustituir el Senado por una conferencia de presidentes permanente. Ahí sí, la reforma de la Constitución, sería ineludible. Otros (Ramon Valcárcel, expresidente de Murcia, del PP) aboga por convertir el Senado en la cámara decisoria y no supletoria en los asuntos territoriales.
Punto y final. No está de más recordar que este debate nace a la luz de la crisis catalana. No todo es indiferencia. El profesor Antón Costas lo dejó dicho a los diputados: “Tienen la obligación de intentar algo, aunque no creo que sea fácil”.
“Si no hay reconocimiento de la singularidad, tal vez deberíamos eliminar el pluralismo de la Constitución”
Miquel Roca
Padre de la Constitución
“Desde el punto de vista lógico dos nacionalismos son incompatibles. Desde el punto de vista práctico quizás no”
José Álvarez Junco
Historiador
“Somos el único país de Europa que no enseña a sus niños qué es la Constitución y cómo está organizada su administración”
Teresa Freixes
Catedrática de Derecho
“Si uno quiere explotar todo el potencial de la descentralización requiere una calidad institucional bastante alta”
José Luis Escrivá Belmonte
Presidente de la Airef
“Hay defectos de coordinación, ausencia de codecisión y falta de información compartida en muchas materias”
Marcos Peña
Presidente del Consejo Ec. y Soc.
“La leyes de naturaleza regional deberían pasar primero por el Senado, que debería ser quien las aprobara definitivamente”
Ramón Valcárcel
Expresidente de Murcia
“Déjenme decirlo en mi condición de ciudadano al que representan: tienen la obligación de intentar algo aunque no sea fácil”
Antón Costas
Catedrático de Política Económica